El personal laboral de la Administración se queda fuera de la ley de teletrabajo

Semana caliente en materia laboral. Patronal, sindicatos y Gobierno prevén reunirse la semana que viene para debatir la futura ley del teletrabajo, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del diálogo social. El último borrador aclara los límites de la capacidad de control de las empresas sobre los trabajadores y sigue dejando fuera de la regulación al personal laboral de la Administración Pública, un asunto que levanta ampollas en los sindicatos.

La pandemia ha convertido el teletrabajo en otro frente abierto en el diálogo social. Más de tres millones de personas desarrollaron su actividad a distancia de manera habitual en algún momento del confinamiento, un 16,2% del total de ocupados. Y dejaron patente la necesidad de regular con urgencia un formato de trabajo hasta el momento poco difundido en España.

El tiempo juega, sin embargo, en contra. Ante el aumento de los contagios y el fin de las vacaciones para muchos españoles, los agentes sociales prevén volver a reunirse con el Gobierno la semana que viene para buscar un consenso tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo antes del receso estival. Fuentes del diálogo social aseguran que la negociación sigue abierta y que hay predisposición al acuerdo.

El último borrador del anteproyecto de ley que está sobre la mesa y que ha sido enviado a sindicatos y patronal introduce algunos cambios con respecto al texto inicial. Se modifica, por ejemplo, el alcance del “derecho al horario flexible”. El texto actual mantiene el componente de flexibilidad, de conformidad con los términos pactados en el acuerdo con la empresa y la negociación colectiva —esta última mención antes no estaba contemplada—, y prevé que una parte de la jornada del trabajador pueda ser de disponibilidad obligatoria.

Fuentes de la negociación explican que el último borrador también introduce una aclaración en cuanto a la vigilancia que la empresa puede ejercer sobre el trabajador —un punto clave para la patronal—, ya que se añade un apartado específico sobre los límites de las capacidades de control por parte del empleador sobre su plantilla. Por otro lado, quedan las salvaguardas para el empleado relativas, entre otras cosas, a la protección de datos, la igualdad de trato y no discriminación con respecto a la plantilla que trabaje de forma presencial o la flexibilización del registro horario.

También se mantiene, de momento, la exclusión del personal laboral de la Administración Pública del alcance de la futura ley. Este punto ha levantado críticas por parte de los sindicatos, ya que temen que estos empleados se queden finalmente descolgados de cualquier regulación.

El teletrabajo será, de todas formas, voluntario y reversible, y el nuevo texto que el Gobierno discutirá con los agentes sociales mantiene que un mínimo del 20% de la jornada durante tres meses —es decir un día a la semana— debe ser a distancia para que se considere teletrabajo y aplique la nueva normativa. Un porcentaje que la CEOE considera muy bajo y que seguirá siendo objeto de negociación, aseguran fuentes del diálogo social. Asimismo, se mantiene en el último borrador otro tema crucial: que los gastos que tenga que asumir el empleado para ejercer su actividad serán sufragados por las empresas.

También sigue en pie la posibilidad de que las empresas que ya tengan en vigor un acuerdo de teletrabajo se beneficien de un plazo transitorio de tres años para acatar la nueva norma. Una disposición que tampoco satisface a los sindicatos.

Según un estudio del Banco de España, antes de la pandemia el teletrabajo era reducido en España en comparación con otros países europeos. En 2018, hasta un 13,5% de los ocupados de entre 15 y 64 años trabajaba a distancia en la UE, frente al 7,5% de España.

Prórroga de los ERTE

La semana que viene también está fijada la cita para que el Gobierno aborde con patronal y sindicatos la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En este caso, la reunión se celebrará el viernes 4 de septiembre, según anunciaron la semana pasada fuentes del diálogo social.

El anterior acuerdo, al que llegaron los agentes sociales y el Ejecutivo a finales de junio tras duras negociaciones, prevé una ampliación de los ERTE por fuerza mayor —los que gozan de los mayores descuentos en las cuotas a abonar a la Seguridad Social— hasta el 30 de septiembre. El decreto establece un “periodo transitorio de bonificaciones decrecientes” en las cotizaciones con el objetivo de favorecer la vuelta al trabajo, y patronal y sindicatos piden ampliarlos por lo menos hasta finales de año.

Según aseguró la semana pasada el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 75% de los trabajadores que se vieron afectados por un ERTE por fuerza mayor (unos 3,4 millones se beneficiaron de la prestación) ya se ha reincorporado a su empleo.