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Fondo europeo de recuperación: los países renuncian a programas innovadores para conservar transferencias directas

El Parlamento Europeo pedirá explicaciones por haber recortado fondos de salud, investigación o medio ambiente

De izquierda a derecha la primera ministra de Finlandia Sanna Marin, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, el primer ministro holandés Mark Rutte, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez hablan durante el cuarto día de la cumbre.
De izquierda a derecha la primera ministra de Finlandia Sanna Marin, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, el primer ministro holandés Mark Rutte, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez hablan durante el cuarto día de la cumbre.Dario Pignatelli (Europa Press)
Lluís Pellicer

Los programas comunitarios de sanidad o cambio climático han sido las grandes víctimas de la negociación del acuerdo europeo para reconstrucción. Los países prefirieron salvar el llamado plan de recuperación y resiliencia –dotado con 672.000 millones de euros del total de 750.000 millones— a costa de otros fondos específicos que o bien desaparecieron o sufrieron un tijeretazo. Cinco de los mayores grupos parlamentarios desafían al Consejo, en una moción que debe votarse este jueves, a justificar la “reducción masiva” en los programas.

Italia y España celebraron tras la maratoniana cumbre del pasado fin de semana la consecución de un gran paquete de estímulos fiscales. También lucieron, no obstante, los montos que habían conseguido para sus países: a Roma llegarán 209.000 millones y a Madrid, 140.000 millones. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revelaba que España había atado 72.700 millones en subvenciones dentro de ese paquete.

De los cálculos de cada primer ministro se deducía que las transferencias directas a los países no se habían resentido a pesar de que el volumen de subvenciones había caído durante la negociación de 500.000 a 390.000 millones de euros. Ello se debía a que los países decidieron sacrificar programas diseñados para ser ejecutados a nivel comunitario para asegurarse esos fondos preasignados. Tras la primera tanda de reuniones, de hecho, ya desapareció el fondo que debía servir para rescatar empresas en apuros y para el que se habían previsto 26.000 millones de euros.

La resolución pactada para ser votada este jueves por populares, socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda unitaria señala que el Consejo deberá explicar el tijeretazo en fondos sobre todo relacionados con la pandemia y el Nuevo Pacto Verde. El acuerdo final fulminó, por ejemplo, el nuevo programa Health, que la Comisión previó que tuviera casi 10.000 millones para reforzar las infraestructuras necesarias para afrontar una nueva crisis sanitaria.

En general, todos los programas comunitarios sufrieron ese tajo. El ejemplo más claro es el sufrido por Horizon Europe, un programa de fomento de la innovación que la Comisión había planteado que se reforzara para orientarlo a investigación en los ámbitos de la salud y las transiciones verde y digital. Bruselas propuso en mayo aumentar su dotación respecto a su propuesta anterior de 2018 para que alcanzara los 94.400 millones de euros. Sin embargo, finalmente apenas estará dotado con 75.000 millones de euros después de que su cuantía fuera recortándose a lo largo de todo el fin de semana.

Recortes en investigación y transición verde

Tampoco se libró de las tijeras el del Fondo de Transición Justa (FTJ), uno de los buques insignia del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, que en las propuestas iniciales contemplaba una dotación de 30.000 millones de euros. Ese instrumento debe servir para dotar a las antiguas regiones mineras de fondos necesarios para dejar atrás esa actividad y contribuir a conseguir los objetivos de reducir a cero el uso de combustibles fósiles en 2050. El instrumento para el desarrollo rural se quedó a la mitad y RescEU, un fondo para poder atender a emergencias, también fue recortado.

Fuentes comunitarias relativizaron esos recortes. “Los países podrán destinar si quieren dinero a esas finalidades con los fondos que pidan en sus planes de recuperación y resiliencia”, sostuvo un funcionario comunitario. A su juicio, los objetivos de una transición verde y digital están protegidos por las exigencias de que las reformas e inversiones tengan que ver con esas dos áreas. Además, añaden, el acuerdo alcanzado por los Veintisiete fija que el 30% de las inversiones del plan y del Presupuesto para el periodo 2021-2027 tienen que ser verdes.

Las ONG de medio ambiente, sin embargo, creen que esa proporción es insuficiente y piden elevarla. La Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés) pidió “más ambición”, mientras que William Todts, director ejecutivo de Transport & Environment afirmó: “No podemos aceptar la paradoja de que algo llamado EU Next Generation invierta el 70% de sus fondos en la economía de una generación anterior mientras pide a los jóvenes europeos que paguen la factura”.

Otro de los capítulos del Marco Financiero Plurianual que se ha visto mermado como consecuencia del acuerdo es el de Seguridad y Defensa. Se trata de una partida especialmente estratégica para Francia, que ha expresado su voluntad en varias ocasiones de que Europa debe ser autónoma a la hora de defenderse. La UE contará con 13.200 millones de euros –y no 19.400, como había propuesto la Comisión—. Ese dinero es una inyección para la industria del sector europea, a la que la UE trata de alentar para que coopere para proyectos innovadores.

La resolución que votará la Cámara, cuyo borrador fue pactado este miércoles, aplaude la creación del fondo de recuperación, pero lamenta el recorte en subvenciones y el tajo en el Marco Financiero Plurianual, que será de 1,07 billones de euros para el periodo de 2021-2027, cuando el Parlamento pedía que llegara a 1,3 billones. La resolución, además, critica que el plan no concrete más los nuevos impuestos con los que se repagará el crédito de 750.000 millones y lamenta que se hayan “debilitado” los esfuerzos de la Comisión y la Eurocámara en el terreno del Estado de derecho.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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