El Gobierno planea una recuperación de la actividad en dos fases: verano y fin de año

La reanudación de la actividad en España, una vez la epidemia de covid-19 lo permita, se realizará en dos tiempos. Ese es el escenario que manejan el Ejecutivo y los agentes sociales. Según ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes, el primero de esos periodos “abarcará, en los sectores productivos y el trabajo, hasta el verano" y el otro "se extenderá hasta final de año” y comprenderá los segmentos más afectados por la crisis como el turismo o el ocio, donde la recuperación se espera que sea más lenta.

Con esa previsión en mente, el Gobierno está diseñando medidas para proteger la actividad y el empleo en las ramas de actividad que actualmente se encuentran paralizadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, ha indicado Díaz en una entrevista en TVE. Sectores como el turismo, la cultura, la restauración o la navegación aérea y marítima, ha dicho la ministra, “van a tener enormes dificultades”. “Parece que hemos de continuar con los ERTE por fuerza mayor en esos sectores que ya sabemos que a día de hoy y hasta muchos meses van a continuar sin actividad”, ha indicado Díaz en alusión al turismo y las actividades asociadas al mismo.

Fuentes de Trabajo han señalado que, con sus palabras, Díaz no se refería a una ausencia total de actividad, sino a que habrá sectores que tardarán más tiempo que otros en recuperar su “actividad habitual”. Tampoco será ese departamento el que determine cuándo se reabren las empresas, ya que dependerá de las instrucciones que dé Sanidad en cada momento. En cualquier caso, el Gobierno sí anticipa que habrá dos etapas diferenciadas, la de “excepcionalidad atenuada", aproximadamente desde que se levante el estado de alarma hasta verano, y la que le seguirá, considerada como de “normalización atenuada”. Sobre ese guion Trabajo está analizando con los agentes sociales las medidas que harán falta en cada periodo, así como a qué sectores habrá que dirigirlas.

Uno de los primeros problemas que deberá afrontar la “desescalada” (como llaman el Gobierno y los agentes sociales al proceso de retornar a la actividad una vez la epidemia se controle) es el encaje legal de los ERTE por fuerza mayor una vez se supere el estado de alarma, señalan fuentes sindicales. En ese sentido, la idea es replicar el consenso que alcanzaron la patronal y las organizaciones obreras al inicio de la crisis. Aquel acuerdo permitió plantear conjuntamente al Gobierno, que lo aceptó con algunas modificaciones, la agilización de los despidos temporales por fuerza mayor y la flexibilización de los criterios para percibir el subsidio de desempleo. Ahora intentarán otro pacto que permita tener listas nuevas fórmulas de ajuste del coste laboral cuando la emergencia sanitaria lo permita.

“Hay que ver cómo acompañamos ese proceso con las herramientas laborales que tenemos”, indica el secretario general de CC OO Unai Sordo. El reto, añade, es “acoplar todas estas formas de ERTE, hasta ahora casi todos por fuerza mayor, a una mayor variedad de situaciones”. La premisa es la misma de la que se partió en el consenso del pasado marzo: evitar los despidos definitivos. Y para ello habrá que afrontar una doble situación: la de aquellas empresas que vuelvan a abrir pero no tengan la actividad al 100% (y por tanto no necesiten al 100% de la plantilla) y la de aquellas que continúen cerradas más tiempo.

Mantener el empleo

“Es fundamental tener mecanismos preparados para que no haya destrucción de empleo, sino fórmulas que permitan mantenerlo hasta la reactivación total”, valora Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Una propuesta de los sindicatos es “que para la reactivación muchos ERTE se conviertan en reducciones de jornada y que haya un mecanismo que agilice su entrada en vigor”, añade el dirigente sindical, para quien “el proceso de desescalada tiene que estar absolutamente condicionado al aseguramiento del suministro de EPI [equipos de protección tales como mascarillas o guantes] para trabajadores y elementos de protección para el transporte entre su domicilio y el trabajo”.

De condicionantes sanitarios como ese, más otros externos como la evolución de la pandemia en todo el mundo, dependerá la vuelta al trabajo. “Parece lógico que los sectores que tienen una mayor interacción con el público entren en funcionamiento después”, explica Álvarez. Y de ahí parte la idea de ese doble escenario, que según detalla Sordo se planteó ya en la reunión de Gobierno y agentes sociales del pasado Viernes Santo. A aquel encuentro no asistieron las patronales por discrepancias sobre el ingreso vital mínimo, pero el dirigente de CC OO asegura que “hay una reflexión muy compartida” sobre la doble velocidad a la que se podrá recuperar la actividad en función de cómo y cuánto afecte a cada sector la epidemia. También fuentes de Trabajo destacan la “buena sintonía” en las reuniones que se están celebrando.

“Entendemos que la reanudación de la actividad se tendrá que adaptar a las nuevas normas que Sanidad defina, ya que nos encontramos ante una crisis sanitaria”, confirma una portavoz de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa. Para esa organización, la solución a los ERTE debe articularse en torno a tres premisas: que el Gobierno extienda la utilización de despidos temporales por fuerza mayor más allá del estado de alarma en los sectores que no puedan recuperar la actividad, que los prorrogue al menos durante un mes para las empresas que sí puedan volver a la actividad para que no se vean obligadas a tener que readmitir de golpe a toda la plantilla y que el cambio de un ERTE por fuerza mayor a uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (la fórmula más tradicional) sea automático sin necesidad de dar de alta a toda la plantilla antes de presentar otro.

Pero el acuerdo al que finalmente lleguen los representantes de trabajadores y empresarios trasciende la mera solución que se dé a las fórmulas de ajuste del empleo. Los sindicatos señalan cuestiones como la protección social (actualmente los ERTE por fuerza mayor no obligan a tener una cotización mínima para obtener el subsidio de desempleo del 70%), medidas de reactivación de la demanda, planes sectoriales o inyecciones de liquidez a las empresas. En definirlas intervendrá el diálogo social, pero van más allá porque se tendrán que incorporar al pacto de Estado que busca el Gobierno.

Aunque tal y como ha recordado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comparecencia posterior a la reunión del comité técnico de gestión del coronavirus, todo eso forma parte de un tiempo que todavía está por llegar. “El hecho de que el Gobierno esté estudiando diferentes escenarios de transición hacia esa nueva normalidad no implica que estemos en esa fase”, ha valorado Illa, “me gustaría recalcarlo una vez más: estamos todavía en una fase de confinamiento, una fase de dureza y con máxima prudencia”.

Primero, el turismo nacional

También este viernes, Díaz ha insistido que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, trabaja en “planes de actuación concretos” para salvar la actividad de la restauración, la hostelería y el comercio, sectores que “definen la estructura productiva de España” y que antes de la alarma sanitaria daban empleo a unos cinco millones de personas.

Según señaló Maroto en una comparecencia ante los medios en la noche del jueves, su departamento contempla una recuperación escalonada del turismo. “Vemos distintas etapas en la recuperación y la primera va a ser la del turismo nacional”, indicó la ministra, para quien el retorno de los 84 millones de visitantes internacionales que tuvo España en 2019 está sembrado de incertidumbres porque “la salida de la pandemia es muy desigual por países”. También insistió en que, en la actual situación, la alarma condiciona cualquier actuación. “Todo calendario de desescalamiento está condicionado por el control de la crisis sanitaria”, afirmó.

Además, Maroto recordó que la recuperación de cualquier actividad, incluidas las de ocio y turismo, estará sometida a tres condicionantes fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria: el distanciamiento social, el aforo y las medidas de higiene. En el actual escenario, con todas las actividades esenciales congeladas, la ministra estima que es suficiente con las medidas ya aprobadas, como la ampliación de la línea de ayuda al sector turístico que se puso en marcha tras la quiebra de Thomas Cook y los dos tramos de ayudas del ICO, por valor de 40.000 millones, para todas las empresas. Sin embargo, también reconoció que harán falta otras: “La prolongación de la crisis sanitaria y la salida progresiva de los distintos sectores nos va a llevar al análisis de otras medidas”, indicó.

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