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La Autoridad Fiscal evaluará el AVE con datos de móviles cedidos por Fomento

La Airef está usando el 'big data' para un análisis que prepara del coste beneficio de las infraestructuras construidas en España durante los últimos 25 años

Viajeros de AVE en la estación de Santa Justa, en Sevilla.
Viajeros de AVE en la estación de Santa Justa, en Sevilla.

El INE, Fomento... y ahora la Autoridad Fiscal, el organismo que vela por las cuentas públicas. La Administración está abrazando el uso de datos anonimizados de móviles para elaborar estudios sobre movilidad y transporte. La Autoridad Fiscal empleará el big data que contrató Fomento con Orange para evaluar los costes y beneficios de la planificación y ejecución de las infraestructuras que se han construido durante los últimos 25 años en España. El trabajo, ya en elaboración, examinará la red de alta velocidad española, incluyendo su coste e impacto socioeconómico. Se analizará si hay sobreinversión, exceso de capacidad y si el AVE es rentable y sostenible.

Fomento encargó en 2018 un estudio de movilidad a Orange y a la consultora Kineo basado en los datos anonimizados del seguimiento de los móviles de 16 millones de españoles durante dos meses del año anterior. Pagó por él casi 150.000 euros, tal y como adelantó EL PAÍS. Esos datos están ahora entre los que Fomento ha cedido gratuitamente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para que este organismo que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas elabore uno de sus spending reviews o análisis de revisión de gasto. Fuentes de la Airef aseguran que van a ser muy transparentes con el uso de los datos y la metodología que emplearán y que publicarán el trabajo el año que viene. El estudio de Fomento aún no está disponible pese a que el contratista lo entregó cuatro meses después de la firma del contrato, en verano del año pasado.

El trabajo sobre infraestructuras se enmarca en la segunda oleada de las llamadas spending reviews, unos exámenes pormenorizados de la eficiencia y la eficacia del gasto público que la Airef inició por encargo del Gobierno de Mariano Rajoy a instancias de Bruselas. Estos informes empezaron a publicarse el año pasado y hasta ahora se han publicado siete, como las becas, Correos, las políticas de empleo o los medicamentos. Se trata de un salto cualitativo en el control del gasto público, ya que hasta ahora se limitaba a la fiscalización que hacen la Intervención y el Tribunal de Cuentas. Mientras estos organismos controlan si se ha gastado o no, la Airef se centra en si se podría haber gastado mejor y hace recomendaciones para el futuro.

En todos estos trabajos la Airef se ha nutrido de registros administrativos públicos y privados, pero esta es la primera vez que emplea datos de localización de móviles. Uno de los estudios que prepara para 2020 está dedicado a las infraestructuras y el transporte, y tendrá un capítulo específico para la alta velocidad. La venta de billetes de avión, de tren y de autobús muestra una parte de la fotografía. Sin embargo, para tener una imagen completa es necesario saber también quién se desplaza en coche y cómo lo hace, si tarda más o menos que en otros modos de transporte, o si ha cambiado el vehículo privado por el colectivo... Y para ello es esencial obtener los datos reales de pasajeros en movimiento que se consiguen con los móviles.

Los datos de móviles son también clave, según fuentes del organismo, para sacar conclusiones en materia de cohesión social y territorial, uno de los objetivos del trabajo. El uso del big data viene a sustituir, a un precio mucho más bajo, los estudios de movilidad a escala nacional que dejaron de hacerse hace más de una década por culpa de la crisis. El último Movilia, que se basaba en encuestas masivas, se publicó en 2007. Fuentes de la Autoridad Fiscal aseguran que usan protocolos internacionales para anonimizar los datos y evitar la posibilidad de identificar a alguien; y resaltan que el valor de los datos está en las cifras agregadas, no en los desplazamientos de particulares.

Según explica la Airef en su plan de acción para las spending reviews, su evaluación de las infraestructuras se centrará en si era mejor aprovechar y mejorar otras ya existentes; en si realmente merece la pena la inversión; en cuánto cuesta mejorar las dotaciones de infraestructuras ya existentes respecto a no hacerlo o cuáles son los gastos de mantenimiento. Se va a examinar todo el sistema en su conjunto, su racionalidad y cuál es el impacto sobre la distribución territorial de la población y las consecuencias económicas. También se valorarán elementos como quién debería pagar la inversión: ¿el contribuyente o el usuario a través de copagos? A la luz de los datos, el organismo que preside José Luis Escrivá hará recomendaciones para el futuro.

La Autoridad Fiscal espera que este estudio sirva para desarrollar una metodología que se emplee a la hora de tomar decisiones sobre las infraestructuras. España ha presupuestado para la alta velocidad unos 72.800 millones de euros, de los que se han ejecutado unos 48.000. Quedan pendientes unos 24.800 millones, de los que 8.000 ni siquiera se han empezado a construir. Además, se calcula que hay otros 20.000 millones en líneas en estudio cuyo diseño podría beneficiarse de las recomendaciones.

En su plan de acción, el organismo adelanta por dónde va a ir su análisis, al recordar que la red de cercanías tiene presupuestados unos 16.700 millones y pendientes de ejecución unos 9.000 millones. “A pesar de que el número de pasajeros en los trenes de alta velocidad es unas 23 veces inferior (450 millones de pasajeros de cercanías frente a unos 20 millones al año en AVE)”, señala. La Airef también observa un “exceso de capacidad que es especialmente relevante en el caso de las infraestructuras de ferrocarril”, y menciona los “síntomas de sobreinversión en infraestructuras de transporte” durante la bonanza anterior a la crisis.

El análisis coste-beneficio de la red de AVE se está haciendo por corredores (Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia), examinando la inversión y el uso que se hace de cada uno de ellos. Se medirá también el impacto en renta de los territorios a los que ha llegado el AVE y otros efectos, como los beneficios ambientales que se hayan podido conseguir cambiando los hábitos de movilidad. La Airef trabajará con la OCDE en una parte del informe para poder elaborar una comparativa internacional sobre los mejores criterios que se pueden usar para planificar infraestructuras.

España, atrasada en el uso de datos masivos

El desarrollo de políticas basadas en la evidencia y no en intuiciones exige la utilización de datos, apuntan fuentes de la Airef. Buena parte de esa información ya la tiene la Administración en sus registros y sale más barata que las encuestas, que además se antojan mucho menos precisas. Pero cada vez se hace más necesario recurrir a datos con origen privado, que generan más desconfianza entre la ciudadanía que los de origen público, reconoce la Airef. Probablemente por la desconfianza hacia otros usos que que les puedan dar las empresas, indican. Si bien destacan que muchas veces ya se se utilizan, como por ejemplo para la publicidad. Y mencionan otro caso esclarecedor: a veces se acepta dar datos a cambio de un servicio inmediato de una empresa, por ejemplo para conseguir una app gratis. Pero en cambio molesta al usuario cuando no ve con claridad para qué se va a utilizar la información. De ahí que sea importante subrayar los beneficios que se pueden obtener en el futuro con la mejora de las políticas públicas, dicen.
Cada vez hay más ejemplos del uso de datos para diseñar y evaluar políticas públicas en países donde estas prácticas están más consolidadas. El presidente Barack Obama lo empleó para orquestar sus programas de sanidad y creó una comisión para el diseño de políticas públicas basadas en la hechos probados. Después del terremoto de Haití, el Banco Mundial aprovechó los datos de los móviles para analizar los desplazamientos de la población y poder diseñar la reconstrucción de las infraestructuras del país. Desde hace tiempo, en Estados Unidos, Dinamarca o Suecia se han manejado para conocer, entre otras cosas, las razones de la brecha salarial de género.
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