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El evasor fiscal cazado de rebote

La Audiencia Nacional condena por blanqueo de capitales a un empresario al que empezó a investigar en el ‘caso Defex’ de corrupción en la venta de armas porque compartía testaferro con la trama

Fachada de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de Madrid.
Fachada de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de Madrid.

¿Cómo acaba un discreto empresario sexagenario de la alta sociedad madrileña inmerso en un caso de corrupción en la venta de armas internacional? La clave la tiene un presunto testaferro y una de esas empresas suizas de “gestión global de patrimonio” que mueven el dinero de las grandes fortunas por todo el mundo a espaldas de las haciendas públicas. El empresario es Alejandro Bérgamo y el caso de corrupción afecta a la antigua empresa semipública de venta de armas Defex, cuyos directivos crearon supuestamente una trama de sobornos y comisiones para conseguir contratos en países como Angola y Arabia Saudí.

De momento, solo uno de los imputados en Defex ha sido juzgado y condenado, y no por corrupción internacional, sino por blanqueo de capitales. Bérgamo fue uno de los detenidos en julio de 2014. Su casa fue registrada a la vez que la del expresidente y el director de operaciones de Defex. Pasó tres días en el calabozo de la Guardia Civil de Tres Cantos. Los investigadores creían que era uno más de los directivos o intermediarios que orquestaron el saqueo de fondos públicos para lucrarse y para untar a funcionarios de los países en los que operaba Defex. Estuvo imputado en el procedimiento de la Audiencia Nacional hasta que el año pasado el juez separó su caso del resto. Resultó que Bérgamo no tenía nada que ver con Defex. Simplemente frecuentaba las mismas malas compañías.

El empresario había heredado dinero en Suiza y para traerlo discretamente a España usaba al mismo presunto testaferro que los directivos de la compañía de venta de armas. Durante años fue repatriando fondos opacos a España, en entregas que iban de los 60.000 euros que recibió en noviembre de 2008 a los 180.000 que le llegaron en marzo de 2009. Dinero del que la Agencia Tributaria no sabía nada. Hace unos meses Bérgamo aceptó una condena de dos años de cárcel y el pago de casi dos millones de euros de multa por un delito de blanqueo de capitales. “Tuvo la desgracia de cruzarse con los de Defex”, dice una fuente jurídica conocedora de su caso.

Bérgamo estuvo imputado más de cuatro años, hasta que el juez que instruye la causa, José de la Mata, zanjó así su participación en un auto de junio de 2018: “No se ha encontrado relación entre el investigado Alejandro Bérgamo y la operación comercial de la UTE Cueto-Defex en Angola, ni con el resto de los investigados”. La única conexión de Bérgamo con la trama de corrupción era un “administrador fiduciario” llamado Vicente Ferro.

Ferro llevaba años siendo el gestor del patrimonio de la familia Bérgamo Madiedo en Suiza. En 2006, cuando falleció la madre, este heredó todo lo que acumulaban en Suiza, incluido el administrador. Un hombre que contaba entre sus muchos clientes a los presuntos cabecillas de la trama de Defex, el expresidente, José Ignacio Encinas, y el director de operaciones, Ángel María Larumbe. Ferro, imputado en varias de las piezas separadas del caso Defex, les gestionaba el dinero de las comisiones del 0,5% que cobraban de la operativa de la empresa semipública.

Honorarios del 1,5%

Ferro es por tanto un viejo conocido del juez que trata de desentrañar el complicado entramado de movimientos de dinero del caso Defex. El presunto testaferro —así se refieren a él los investigadores; él mantiene que su actividad de gestor de patrimonio es legal en Suiza— “utilizaba para su actividad comercial” una empresa llamada Beaulac SA, de la que Bérgamo fue cliente hasta 2012, según documentación que obra en el sumario. Beaulac cobraba unos honorarios del 1,5% del patrimonio que administraba para Bérgamo.

Para poder usar el dinero, necesitaba introducirlo en los canales económicos lícitos, relatan los autos del juez. Para ello, Ferro recomendó a Bérgamo que contratara a otra sociedad suiza, llamada Cofinor y radicada en Ginebra, que se dedicaba, según recoge el sumario, a lo que se conoce como operaciones de compensación: Cofinor pagaba una cantidad en cualquier lugar del extranjero que luego reembolsaba o compensaba de la cuenta corriente que le indicara el cliente. Cada una de estas operaciones tenía una comisión del 5%.

Como ocurría con los directivos de Defex —Encinas usaba el alias Oscar y Larumbe, Kogan—, Bérgamo también tenía nombre en clave para operar con estas empresas intermediarias. Para Beaulac y Cofinor, Bérgamo era Garona. Así se bautizó la pieza separada que abrió el juez para ocuparse exclusivamente del empresario español y de las sospechas de que hubiera cometido un delito continuado de blanqueo de capitales. Bérgamo admitió que entre abril de 2008 y julio de 2012 recibió de Cofinor varias entregas de dinero que sumaban 1.896.810 euros.

La compensación de esas entregas de fondos se hacía desde cuentas que estaban a nombre de diversas sociedades instrumentales o empresas pantalla que Beaulac constituía para sus clientes. En el caso de Bérgamo fueron cinco, de las que reconoció la titularidad cuando le interrogó el juez. Ferro le cobró 41.384 euros de comisión, según la sentencia que le condena por blanqueo.

El juez de Defex concluyó que Bérgamo había utilizado los servicios de Ferro, Beaulac y Cofinor para diseñar e implementar “una sofisticada estrategia para ocultar en Suiza bienes ocultos a la Hacienda Pública española, procediendo seguidamente a reintegrarlos subrepticiamente al tráfico mercantil lícito”.

Defraudadores desconocidos en el ‘caso Gürtel’

José María Peláez, inspector de Hacienda y autor de varios libros sobre blanqueo de capitales y corrupción, explica que el caso del condenado por blanqueo en Defex es insólito. El único episodio similar que recuerda —una investigación internacional de corrupción en el que acaben condenados evasores fiscales— no llegó a investigarse.

En el marco del caso Gürtel, una comisión rogatoria a la Fiscalía suiza descubrió que el gestor de la fortuna de varios imputados en la causa, Arturo Fasana, manejaba los fondos de muchos otros españoles. “Cuando vieron lo que tenía este gestor se asustaron. Estaba allí media España”, dice Peláez. Finalmente, Suiza solo dio la información de las personas para las que inicialmente se había solicitado la comisión rogatoria, y la investigación no pudo continuar.

“Es habitual que un mismo gestor gestione o blanquee dinero de organizaciones delictivas y de grandes fortunas por igual. Los canales —cuentas secretas, utilización de sociedades en paraísos fiscales...— son los mismos, ya sea el cliente un narcotraficante o alguien que tenga allí escondido el dinero por cuestiones fiscales”, relata Peláez.

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