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La empresa pública Defex, al banquillo por corrupción en la venta de armas en Angola

El juez afea al fiscal anticorrupción y al abogado del Estado que no acusen por delito fiscal a pesar de admitir que defraudó millones

Manifestación ante el Congreso contra la venta de armas a Arabia Saudí.
Manifestación ante el Congreso contra la venta de armas a Arabia Saudí. AP

La empresa pública Defex será juzgada por supuesta corrupción en sus negocios de venta de armas con las autoridades de Angola. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó este lunes el auto de apertura de juicio oral a Defex y a otras dos sociedades, además de a 24 personas físicas, entre ellas cinco directivos que formaban la antigua cúpula de la sociedad pública. Les acusa de ocho delitos, entre ellos el de corrupción en las transacciones internacionales, por desviar y apropiarse de fondos millonarios en varios contratos de suministro de material policial para el país africano.

En el auto, De la Mata afea al fiscal Anticorrupción, Conrado Saiz, y a la Abogacía del Estado que no hayan acusado por delito fiscal a Defex pese a reconocer que la defraudación se produjo. Para el juez, esta falta de acusación crea “un paraíso penal, una situación de absoluta impunidad” y de “barra libre” para los administradores de la sociedad. El juez también critica que la Abogacía del Estado haya dedicado “paradójicamente” buena parte de su escrito de acusación a defender a Defex.

El magistrado abre juicio oral después de más de cinco años de instrucción durante los que ha investigado los contratos que Defex consiguió en Angola gracias, presuntamente, al pago de comisiones ilegales a autoridades del país. Los acusados deberán depositar fianzas que en concepto de multa y de responsabilidad civil suman más de 4.500 millones de euros. Entre ellos están el expresidente de Defex, José Ignacio Encinas; el director de Operaciones de la compañía, el coronel en la reserva Ángel María Larumbe, y Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía español y que se encargó presuntamente de diseñar desde su despacho en Luxemburgo el entramado societario para desviar el dinero. La Fiscalía pide para Encinas y García Paesa 50 años de cárcel, y 35 para Larumbe.

¿Quién va a pagar la fianza millonaria?

El juicio por la presunta corrupción en los negocios de Defex en Angola va a estar precedido por el depósito de una fianza mil millonaria. Los 27 acusados (entre ellos, tres personas jurídicas) tendrán que aportar más de 4.500 millones de euros, entre multas y responsabilidades civiles. Pero llama la atención una cantidad, los 315,7 millones de euros que el auto del magistrado José de la Mata pide en su auto a Defex. En puridad, Defex, que estaba participada en un 51% por la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en un 49% por empresas privadas del sector armamentístico, ya no existe como sociedad. El Consejo de Ministros autorizó en septiembre de 2017 su disolución y liquidación. Su consejo de administración cesó poco después.

El proceso de liquidación, del que se encarga la propia SEPI, aún está abierto. ¿Quién tiene que responder de la fianza que pide la Audiencia Nacional? Un portavoz de la SEPI rehusó contestar a esta pregunta, alegando que la corporación pública aún no ha recibido el auto de apertura de juicio oral. Defex tuvo en 2016 —según sus últimas cuentas— un beneficio de 2,8 millones de euros.

Defex, empresa participada al 51% por el conglomerado público SEPI, es investigada desde 2014 por la Audiencia Nacional por el amaño de contratos en Angola, Camerún, Egipto, Brasil y Arabia Saudí para vender armas y material de defensa. El juez ha ido abriendo piezas separadas para investigar por separado las operaciones corruptas en cada uno de esos países.

Alerta de Luxemburgo

Fueron los negocios en Angola los que alertaron a Anticorrupción y permitieron iniciar la investigación. Luxemburgo avisó de una transferencia sospechosa. Posteriormente se descubrió que Defex había firmado un contrato de venta de material policial con Angola y que de los 150 millones, solo una tercera parte se había destinado a la compra del material y la formación de la policía angoleña. El resto se había desviado a sobornos.
De la Mata señala como pieza clave en toda esta operativa a Guilherme de Oliveira Taveira Pinto, actualmente prófugo de la justicia y en situación de busca y captura nacional e internacional. El auto destaca que este intermediario no se limitó a realizar estas tareas para Defex, sino también para otra empresa pública española, Mercasa, sobre la que el juez de la Audiencia Nacional tiene abierta otra investigación por corrupción.

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