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Berkeley se dispara un 35% en Bolsa y la compañía lo achaca a la victoria del PP en Retortillo (Salamanca)

Las expectativas de que el nuevo equipo de gobierno municipal pueda levantar la suspensión de la licencia sobre la mina de uranio atrae a los inversores

Varios vecinos observan las obras de la mina de uranio al aire libre que la empresa australiana Berkeley pretende abrir en Retortillo (Salamanca). Ver fotogalería
Varios vecinos observan las obras de la mina de uranio al aire libre que la empresa australiana Berkeley pretende abrir en Retortillo (Salamanca).

¿Qué tiene que ver un pequeño pueblo de Salamanca con la autoridad bursátil de Australia? La conexión de dos realidades tan distantes y dispares se encuentra en una multinacional minera, Berkeley Energía, su evolución en Bolsa, un proyecto de mina de uranio a cielo abierto y las elecciones municipales de este domingo.

La multinacional, que cotiza en la Bolsa de Londres y en la de Madrid desde el verano pasado, es Berkeley y el lunes subió un 35% en Bolsa. Ante tamaña subida, la autoridad bursátil australiana, la Australian Securities Exchange (ASX), envió una consulta sobre el precio y el volumen de contratación. La empresa ha remitido a la ASX su respuesta esta madrugada y la filial española ha decidido enviar una copia a la CNMV, en forma de hecho relevante.

En ella, la empresa dice no tener idea de por qué sus acciones se revalorizaron un 35% el lunes. “No tenemos conocimiento de ninguna información que no haya sido publicada que pudiese explicar” la subida. Pero en realidad sí parece haber encontrado una explicación, puesto que a continuación “toma nota” del resultado de las elecciones municipales en Retortillo, un pueblo apenas 200 habitantes en el campo charro salmantino, “donde el Partido Popular tiene ahora cuatro de los cinco concejales”. Efectivamente, el PP arrebató el domingo la mayoría absoluta al PSOE.

Miembros de la plataforma Stop Uranio que se opone a la construcción de la mina en Retortillo (Salamanca). En vídeo, 'La amenaza fronteriza del uranio' (2017, EL PAÍS).

Berkeley desliza que el nuevo equipo de Gobierno podría agilizar la consecución de permisos para poner en marcha la que sería la única mina de uranio a cielo abierto de Europa Occidental, aunque en último término la autorización dependerá del Gobierno central y del Consejo de Seguridad Nuclear.

La mina lleva años generando marejadas políticas en este pueblo a 40 kilómetros de la frontera portuguesa. En 2016 el alcalde elegido un año antes, Lorenzo Calderón, dimitió porque los concejales que le acompañaban en la lista del PSOE empezaron a votar en su contra, con los del PP y a favor de los intereses de Berkeley. Calderón, que lleva fuera del pueblo casi un año por enfermedad, se lamenta de no haber elegido a otros compañeros para la lista municipal. "Intenté hacer un referéndum para que la gente votara si quería la mina o no, pero no me dejaron", dice por teléfono. 

La política municipal y los intereses de la multinacional australiana llevan tiempo entrelazándose. En el mandato anterior (2011-2015) el alcalde Javier Santamartina (PP) vendió a Berkeley la finca familiar en la que ahora están las oficinas de la empresa. A dos de sus concejales les dio trabajo la minera, que también ha pagado el parque infantil de la localidad y unas obras en la piscina municipal. Esos ediles siguieron en su puesto pese al aparente conflicto de intereses y la plataforma antimina, Stop Uranio, les denunció por un posible delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. El caso está ahora en la Audiencia Provincial a la espera de sentencia.

Se da la circunstancia de que los dos candidatos que han obtenido más votos en las elecciones celebradas este domingo están entre los que tienen abierta la causa penal: el probable nuevo alcalde de Retortillo, Eustaquio Martín, y su número dos en las listas del PP, Andrés Matías. "Si resultan culpables y les inhabilitan no podrán continuar", dice José Ramón Barrueco, portavoz de Stop Uranio. Barrueco cree que el signo político del nuevo Consistorio va a ser indiferente porque Berkeley no puede conseguir la licencia urbanística que necesita para abrir la mina de ninguna manera. "Necesita permiso para desviar una carretera, pero los terrenos por los que discurriría la nueva no son suyos y nadie se los quiere vender", explica.

Berkeley asegura que el proyecto será capaz de producir “cuatro millones de libras (alrededor de dos millones de kilos) de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa”, y promete 400 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos en una comarca con una elevada tasa de paro. La mina suele argumentar que tiene muchos apoyos en la zona porque recibe miles de currículos para esos puestos.

No es la primera vez que las acciones de la minera experimentan fuertes vaivenes al ritmo de los avatares políticos. Sin ir más lejos, cayeron más de un 5% y más de un 6% en los dos días siguientes a la victoria del PSOE en las elecciones generales del pasado 28 de abril. Los inversores perciben que el Gobierno socialista sería menos proclive a autorizar definitivamente el proyecto de la mina de uranio, polémico desde el principio también porque la empresa contrató como lobista en Bruselas a Manuel Lamela, exalto cargo del comisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que fue quien firmó la autorización comunitaria para la mina.

En octubre pasado la empresa sufrió un varapalo bursátil del 44% al filtrarse una información que aseguraba que el Gobierno se negaría a autorizar su construcción. En los últimos años los colectivos ecologistas han puesto el grito en el cielo por el impacto que está teniendo el proyecto en el territorio. La Audiencia Nacional estudia desde abril de 2016 un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el polémico proyecto. El Ministerio Industria de José Manuel Soria (PP) concedió el permiso previo de instalación radiactiva a la planta de fabricación y residuos, que Equo y Ecologistas en Acción tienen recurrido.

La mina tiene por ahora autorización ambiental de la Junta de Castilla y León, que podría cambiar de manos en función de los pactos tras las elecciones autonómicas de este domingo, que ganó el PSOE con 35 diputados, por 29 del PP y 13 de Ciudadanos. Pero está pendiente de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que en septiembre solicitó a la empresa información adicional sobre la planta industrial asociada al proyecto y por las dudas sobre la futura gestión de los residuos. El Gobierno de Pedro Sánchez no es especialmente partidario de la energía nuclear, y la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha expresado sus dudas sobre el proyecto salmantino.

Este martes, los títulos de la compañía, que ha insistido en no tener ninguna información que no haya sido anunciada para explicar las recientes subidas, moderaban su subida al 4% a las diez de la mañana, hasta intercambiarse a un precio de 0,24 euros. La minera, que cotiza en el Mercado Continuo, ha confirmado que cumple con las reglas de listing y que sus respuestas a los mercados han sido autorizadas y aprobadas por su junta directiva.

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