La Audiencia Nacional estudiará la legalidad de la mina de uranio de Salamanca

La Audiencia Nacional va a estudiar la legalidad de la autorización previa que el Ministerio de Industria concedió a Berkeley en septiembre pasado. El proyecto de la empresa australiana consiste en extraer el mineral de uranio y tratarlo en una instalación que se construiría a pocos metros de la mina, entre los pequeños municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes. La última planta de fabricación de concentrados de uranio en España dejó de funcionar en 2003. 

El proyecto es controvertido no solo por su repercusión medioambiental sino también por la participación en él de Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Lamela ha asesorado a Berkeley ante la Comisión Europea, que en mayo de 2015 emitió un dictamen favorable al proyecto. Se trata de un documento llamado "parecer", que no es vinculante, y que en el caso de la mina de Salamanca iba firmado por Arias Cañete.

Lamela se inscribió en el registro comunitario de lobbies en diciembre de 2014. El parecer positivo de la Comisión es de mayo de 2015, pero el texto con la información sustancial (como la inversión) se mantiene secreto porque, según ha explicado un portavoz, la compañía no ha dado permiso para que se revele. Berkeley lo niega y asegura que sí lo ha autorizado.

Enviar los expedientes

La Audiencia Nacional ya ha requerido al Ministerio de Industria que le envíe los expedientes administrativos del proyecto y que notifique a la empresa que se inicia el pleito para que se persone como demandada, según el decreto de admisión, firmado el pasado 22 de abril, al que tuvo acceso EL PAÍS.

Como el proyecto de Berkeley se considera instalación radiactiva de primera categoría, la tramitación sigue los mismos pasos que con una nueva central nuclear. Por ahora tiene la autorización previa de Industria, que es lo que han recurrido Equo y Ecologistas en Acción. 

“Vamos a argumentar que la declaración de impacto ambiental positiva que le dio la Junta de Castilla y León no vale porque la evaluación de un proyecto como este la tiene que hacer el Estado”, explicó el abogado de ambos grupos, Manuel Serrano.

“También alegaremos que, como el proyecto se desarrolla a pocos metros de Portugal, era obligatorio consultarle”, añadió. “Con esta admisión a trámite conseguimos que Berkeley no adquiera derechos y esperar a que un nuevo Gobierno pueda rectificar”, señaló Serrano.

Varios eurodiputados españoles han preguntado a la Comisión Europea por este proyecto, tanto por su cercanía a espacios naturales protegidos como por el papel que ha jugado el ahora comisario europeo Arias Cañete. 

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