Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

Como si se tratase de una aparición, los grupos de jubilados que pasean por la carretera SA-322 junto a Baños de Retortillo (Salamanca) se detienen, perplejos, ante las oficinas que Berkeley Minera España SA, de matriz australiana, acaba de construir en medio del encinar. Son la primera muestra visible del proyecto Retortillo-Santidad; un plan que, cuando se materialice, albergará una de las pocas minas de uranio a cielo abierto que hay en Europa.

La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto. Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio. Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

La explotación dejará en la zona residuos radiactivos

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene entre sus competencias exigir a la empresa que cumpla los protocolos que rigen para este tipo de explotaciones. Y si considera que el dossier está incompleto, se lo hace saber. Así ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando pidió a Berkeley que hiciese correcciones tras haber observado “carencias significativas”. Le viene a decir que los residuos son radiactivos y deben ser tratados como tales; no como pretende la empresa, que los considera residuos sin más y así podría depositarlos al aire libre o en el hueco que deje la extracción de mineral. “Lo que el CSN pide es un tratamiento similar al que se requiere para los cementerios nucleares”, comenta Gabriel Risco, portavoz de Equo en la región.

También los portugueses se han interesado por la mina —la frontera apenas queda a 50 kilómetros—. Grupos ecologistas de ambos países se han reunido recientemente en Villavieja (pueblo al que pertenece parte del yacimiento) para denunciar los daños que explotaciones como esta, en las que se manipula mineral radiactivo, pueden causar a las personas y al medio ambiente.

Mientras tanto, Berkeley sigue cumpliendo los plazos y aportando la documentación que le exige el CSN y espera que la Administración le autorice a iniciar los trabajos cuanto antes. “Confiamos en que sea a principios de 2015”, dice Francisco Bellón, su director general, quien añade por si alguien dudara de la seguridad del proyecto: “Hemos pedido estudios radiológicos, medioambientales, sobre el impacto del ruido y las explosiones o sobre la restauración de terrenos a empresas especialistas internacionales”. “Entiendo que la mina pueda generar alguna sensibilidad, pero precisamente por eso hemos desarrollado un proyecto absolutamente riguroso”, concluye. Y es que, efectivamente, la “sensibilidad” en la zona es grande; unos porque creen que la mina va a ser el maná que les saque de pobres —Berkeley ha prometido crear 196 empleos—, y otros porque no acaban de entender que “pueda cometerse tal salvajada ecológica y medioambiental, además de que se va a envenenar a la población”, dice Jesús Cruz, autor de un blog muy activo en contra de la mina.

La empresa espera empezar los trabajos a principios de 2015

Aunque lo que prima es el miedo. Miedo que no se expresa habitualmente, pero que altera el rostro cuando alguien pronuncia palabras como uranio, radiactividad, Fukushima, Chernóbil o cáncer. Además, la población teme que la mina les impida comercializar su ganado (cerdo ibérico y vacas morucha, sobre todo) o que los bosques de robles, alcornoques y encinas se mueran por efectos del polvo radiactivo. De momento, solo para que la mina se abra, más de 25.000 de estos árboles deben ser arrancados.

La veta de uranio, de 4,3 kilómetros de longitud, casi uno de ancho y 120 metros de profundidad (según las prospecciones de Berkeley), está partida en dos por el río Yeltes, cuyo cauce y riberas están protegidos por las directivas europeas ya citadas. La empresa tiene previsto vallar 2.517 hectáreas, de las que 240 estarán ocupadas por la huella minera, escombreras y una decena de balsas; enormes contenedores de líquido que mediante el procedimiento de lixiviación estática facilitarán la extracción del óxido de uranio (U3O8). Este sistema requiere cantidades ingentes de agua que, mezclada con productos químicos como el ácido sulfúrico, la sosa cáustica o el ácido clorhídrico, posibilitará la decantación del mineral.

El yacimiento, según Berkeley, alberga cinco millones de kilos de U3O8 que, “al precio actual en el mercado a largo plazo”, explica Bellón, “tendrían un valor de más de 430 millones de euros”. “La mina, entendemos, es muy rentable”, concluye Bellón. Eso a pesar de que la vida prevista son 10 años y la inversión se calcula en 354 millones de euros.