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El megacontrato de Renfe y el fin de los peajes se libran del parón electoral

El mantenimiento de carreteras, las inversiones urgentes en ferrocarril y el desarrollo urbanístico de Barajas y El Prat sufrirán el cambio de Gobierno

Vehículos circulando por la AP-7.
Vehículos circulando por la AP-7.

La convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril tras la retirada de los Presupuestos Generales del Estado supondrá algo más que una contrariedad para servicios esenciales que dependen de la inversión del Estado como los ferrocarriles, las carreteras o los aeropuertos. Pero no todos los planes o los contratos públicos se paralizan. Dos de los pocos que no se verán suspendidos y que afectan a miles de ciudadanos son la renovación de los trenes de Renfe para Cercanías de Madrid y Barcelona y los regionales, y el levantamiento de los peajes dela AP-7 y la AP-4.

En el primer caso, los actuales gestores de Renfe han dejado atado un calendario preciso para licitar en los próximos meses la renovación de la mitad de los trenes de servicios público, Cercanías y Media Distancia (regionales), rompiendo así un parón de más de siete años, ya que desde 2011 no se recibe ni un solo tren nuevo que no vaya dedicada a la Alta Velocidad, informaron en fuentes de la Administración.

En concreto, Renfe realizará cinco concursos en el primer semestre valorados en 3.000 millones de euros, e incluso aunque el Gobierno que salga de las urnas se constituyera a finales de mayo, no habría tiempo para cambiar al presidente de Renfe y a su consejo y parar las licitaciones. Además, la urgencia social de nuevos trenes de Cercanías para Madrid y Barcelona y de regionales que cubren las líneas tan deterioradas como Extremadura o Teruel hacen poco aconsejable ese parón.

Por el momento, ya se han licitado formalmente el primer contrato por 398 millones de 31 trenes para circular por vía estrecha, que serán destinados al servicio en las líneas de la cornisa cantábrica, así como la línea de Cercedilla-Cotos en Madrid. También está a punto de licitarse el segundo contrato de 40 locomotoras a las diferentes líneas de Alta Velocidad.

Antes de las elecciones, entre marzo y abril, se licitarán 211 trenes de gran capacidad de Cercanías para varios núcleo -entre ellos Madrid y Barcelona- y 43 de trenes de Media Distancia híbridos (eléctrico y de gasoil) que se destinarán a diferentes comunidades, entre ellas, Extremadura. El único contrato que puede estar en peligro es el que tiene previsto licitarse en junio, de 39 trenes de Media Distancia eléctricos que se destinarán a distintos servicios regionales.

Tren de Cercanías Civia fabricado por CAF.
Tren de Cercanías Civia fabricado por CAF.

Tampoco está en el aire la liberación de los peajes tanto de la autopista AP-7 entre Alicante y Tarragona como la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, cuando termine la actual concesión, el 31 de diciembre de 2019. Aunque se trata de una iniciativa del actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuenta con el consenso político de todos los partidos, y el apoyo incondicional de los gobiernos autonómicos afectados.

No obstante, los técnicos advierten de que para que no se retrase ese cambio, el actual equipo del Ministerio de Fomento debe redactar sin dilación el pliego de condiciones de los contratos de conservación de los 373,8 kilómetros del tramo liberado de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, y de los 93 kilómetros entre Sevilla y Cádiz.

Líneas ferroviarias y carreteras

Las líneas ferroviarias y el mantenimiento de las carreteras sí sufrirán el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado. En el caso del ferrocarril, las vías más afectadas son, paradójicamente, las más necesitadas, las de la red convencional de Cercanías y Media Distancia, que han provocado manifestaciones en zonas como Extremadura, Aragón o Galicia.

Los presupuestos de este año aumentaron la inversión del Adif, la sociedad encargada de las infraestructuras ferroviarias, hasta 4.904 millones de euros, muy superior a los de 2018, de los que 2.244 se iban a destinar a la mejora y renovación de la red convencional, un 160% más. Esas mayores aportaciones quedan ahora anuladas y cualquier partida de proyectos futuros, aquellos simplemente enunciados o en fase de estudio para los que se hubiese consignado algún capítulo  presupuestario concreto se aparcarán hasta que los nuevos gestores tengan su propio presupuesto, informaron en las mismas fuentes.

En el caso de la Alta Velocidad, el caso es diferente ya que se da la circunstancia de que para la filial Adif AV que se encarga de esta red el límite de endeudamiento aprobado en las cuentas de 2018 era de 1.890 millones, mientras que las necesidades solicitadas para este 2019 y que contemplaban las cuentas eran inferiores, de 1.545 millones, por lo que cuenta con margen de sobra para financiar obras que fuesen a financiarse de esa manera porque al prorrogarse el presupuesto de 2018, la cifra que vuelve a estar autorizada es la de esos 1.890 millones.

En carreteras, el departamento que dirige el ministro Ábalos hizo un esfuerzo en la partida para conservación, con un aumento del 32%, hasta 998 millones, debido a los grandes déficits de inversión en los años de la crisis. Pero los baches pueden seguir inundando las autovías y carreteras convencionales porque la ejecución de esos proyectos se antoja casi imposible en este año. Tampoco se sabe nada del destino de las nuevas autopistas de peaje rescatadas por el Estado, cuya reprivatización paró el actual Gobierno.

Otro macroproyecto que despegará al menos con retraso serán los desarrollos inmobiliarios en los suelos de los aledaños de los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, que iban a movilizar 3.000 millones de euros. Es cierto que ambos planes están incluidos en el plan estratégico de Aena pero está pendiente la búsqueda de otros socios privados que aporten la financiación y los proyectos concretos con actividad hotelera, comercial, de oficinas y negocios.

También queda en el aire la futura financiación y los planes de expansión de Correos, que pretende convertir las sucursales en oficinas de servicios bancarios, telefónicos y para realizar trámites con Hacienda y con Tráfico, según anunció recientemente el presidente de la sociedad postal y amigo personal del presidente Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano.

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