Fomento confirma que la autopista AP-7 y la AP-4 también serán gratis a finales de este año
Los sindicatos piden que se recoloque a todos los trabajadores si el Gobierno aprueba los nuevos peajes para las autovías
![Tramo de la AP-7 cerca de Alicante.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/FM6QJWQVPSTBGLWZVI2DVF5VP4.jpg?auth=df241695b092e90b3a3625676340319c3963bccc72625bfd1ec8462620cf0346&width=414)
![Ramón Muñoz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fce2472ec-0e38-4909-a3c5-b313f445b055.png?auth=d1e5bab5ad6ebf2d7595f6e5b7a2e51d0f84040b7c966b603e3ce842faa5ca24&width=100&height=100&smart=true)
El Ministerio de Fomento ha confirmado que tanto la autopista AP-7 entre Alicante y Tarragona como la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, serán gratuitas cuando termine la actual concesión, el 31 de diciembre de 2019. El anuncio lo ha hecho el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, en una reunión mantenida con los responsables de UGT del sector de Transporte, Emilio Cardero, y de Infraestructuras, Daniel Sancha.
Los dirigentes sindicales han solicitado al Gobierno que se subroguen todos los contratos de los 1.000 empleados que trabajan en estas autopistas, que explota la concesionaria Aumar. La propuesta pasa por recolocar a los trabajadores encargados del peaje en futuros puestos similares en caso de que salga adelante la propuesta esbozada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de implementar peajes en las autovías.
Fomento ha trasladado a la subcomisión parlamentaria de infraestructuras la necesidad de buscar una fórmula para asegurar el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.
Precedente de la AP-1
El pasado 1 de diciembre, se levantó el peaje de la autopista AP-1 Armiñón (Vitoria)-Burgos, tras 44 años como vía de pago. A consecuencia de ello, 43 (muchos de ellos trabajaban en las cabina) de los 111 trabajadores que empleaba la concesionaria Europistas se vieron afectados por un expediente de regulación de empleo.
Pese al incierto calendario político, el Gobierno prepara ya el pliego de condiciones del contrato para la conservación de los 373,8 kilómetros de la autopista AP-7 entre Alicante y Tarragona que ascenderá a 16 millones de euros al año.
También prepara la asunción de la titularidad de la autopista entre Sevilla y Cádiz, de 93 kilómetros, que registra 18.343 usuarios diarios, y fue inaugurada en 1971. El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se comprometió durante la campaña electoral a adelantar la liberalización del peaje a principios de este año 2019, indemnizando a la concesionaria, pero por el momento el Gobierno regional no ha dado ningún paso para cumplir esa promesa electoral.
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