Adiós a los peajes en la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón: esta noche queda liberada del pago

En la medianoche de hoy, del viernes 30 de noviembre al sábado 1 de diciembre, se levantará el peaje de la autopista AP-1 Armiñón (Vitoria)-Burgos, de forma que los casi 21.000 vehículos que transitan de media por esta infraestructura diariamente tendrán acceso gratuito a la misma, tras 44 años como vía de pago. Se trata de la primera autopista que se libera del peaje tras acabar su concesión aunque el actual Gobierno ya ha anunciado que abrirá otros dos tramos de la AP-7 y de la AP-4 que vencen su concesión en diciembre de 2019.

Los alaveses y vizcaínos que viajan a la Meseta, aunque también quienes se desplazan desde Madrid a las capitales del norte más cercanas a la conexión con Francia, van a disfrutar de un ahorro debido al final de la concesión de la explotación a la empresa Europistas. Los alaveses se ahorrarán 12,25 euros por trayecto y los vizcaínos 11,75 euros en cada recorrido.

Ese trayecto de 84,5 kilómetros lo cruzan a diario casi 21.000 conductores, 3.500 de ellos en vehículos pesados. La subdelegación del Gobierno en Burgos ha programado mensajes en varios idiomas advirtiendo de la gratuidad y la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial para evitar que los coches se paren en las cabinas de peaje.

La vieja ruta de la Nacional 1 que conecta Madrid con Burgos y Francia soporta un tráfico diario de unos 10.000 vehículos, que ahora elegirán circular por una vía mucho más segura, ya que la anterior se había convertido en un punto negro a su paso por la provincia de Burgos.

Afectados por la N-1

La Plataforma de Afectados por la N-1 convocó diversos actos para esta noche. Van a celebrar el final de los peajes con una caravana de coches, conciertos y hasta una paella popular el 1 de diciembre. A las ocho y media de la tarde de este viernes, harán una ofrenda floral en Briviesca en recuerdo de los fallecidos en el tramo entre Burgos y Miranda de Ebro. Después retirarán la pancarta que durante muchos meses ha reivindicado el final del peaje. Una caravana de coches recorrerá a partir de la medianoche la liberalizada AP-1.

La liberalización deja en el aire el futuro de varios trabajadores. El comité de empresa acordó un expediente de regulación de empleo para la plantilla de sus 111 trabajadores. 62 de ellos quedarían subrogados en el nuevo contrato de mantenimiento. Del resto, 44 (muchos de ellos trabajaban en las cabinas) se van a la calle esta misma noche.

La decena de trabajadores del último turno preparaban en el peaje de Armiñón su última cena como empleados de Europistas. Enfadados porque hasta ahora "nadie se ha acordado de nosotros", y en medio de un denso tráfico de vehículos. "Después de 35 años trabajando aquí me voy a la calle, nos vamos este y yo", ha dicho uno de los empleados a otro. Ambos lucían chaleco amarillo y se cobijaban del frío en el centro de control del peaje de Armiñón. No estaban para bromas. "Nos han ofrecido, a algunos otros destinos, pero cómo me voy a ir a 500 kilómetros si tengo mi vida y mis hijos aquí. Esto es una faena, de un día para otro"

Mientras él se lamentaba por la decisión de la empresa concesionaria, más que por la del Gobierno, un conductor que pasaba por una de las cabinas gritaba: "La vuelta, gratis". "Gratis no hay nada" le ha respondido uno de los operarios, lo vamos a pagar entre todos, con impuestos o con la gasolina o el gasoil, "pero gratis no hay nada, y ya verás la que se va a montar aquí cuando empiecen a entrar los camiones de la vieja N1", ha criticado.

La autopista fue adjudicada en 1974 y se abrió al tráfico en 1984. La primera concesión fue por 20 años, pero luego vivió tres prórrogas hasta alcanzar los 44 años. Actualmente, está en manos de Europistas, del grupo Itínere de Sacyr. Una vez que esta medianoche venza la concesión, el Estado se hará cargo del mantenimiento, para lo que convocará un concurso público. Mientras lo licita, ha prorrogado el acuerdo con Itínere para que siga ocupándose de la conservación de la infraestructura durante seis meses.

Peligro de congestión

No todos celebran el fin del peaje en la AP-1. SEOPAN, la patronal de constructoras y concesionarias, ha advertido de que, tras el fin del peaje, la intensidad media diaria de paso por la AP-1 se elevará el 36%, hasta los 27.000 vehículos, de los que el 30% serán camiones, lo que dificultaría mantener la seguridad mientras siguen las obras de construcción del tercer carril.

La asociación estima que el coste directo para el Estado de quitar el peaje de la AP-1 será de 23 años por la pérdida del retorno fiscal, al que hay que sumar la asunción por parte de los contribuyentes de los costes de mantenimiento de seis millones de euros anuales. Además, la patronal considera que la autopista necesita una inversión de 327 millones de euros para su ampliación y mejora.

SEOPAN no ve lógico que se libere del peaje al 30% de vehículos extranjeros que transitan por la autopista, ya que la AP-1 es un eje estratégico para España que entronca con Portugal y Francia.

El plan de Ábalos

La eliminación del peaje de la AP-1 forma parte de un plan anunciado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista con EL PAÍS el pasado mes de junio. En ese proyecto se incluye también el levantamiento del pago, en caso de que se complete la legislatura, del tramo de la AP-7 entre Tarragona, Alicante y Valencia, y de la AP-4 Sevilla Cádiz. En ambos casos, en diciembre de 2019, cuando terminan sus concesiones con el grupo Abertis. Además, puede sentar un precedente para las dos que terminan su concesión en 2021, el tramo de la AP-7 que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Las asociaciones de transportistas como Fenadismer y la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), que representan a empresas con casi 50.000 camiones, han celebrado la decisión. Fenadismer cifra en 1.900 euros anuales los peajes que paga cada camión pesado en España, por lo que celebra todas las decisiones que vayan en la dirección de disminuir ese coste.

En el lado contrario, SEOPAN apuesta por un modelo en el que la mayor parte de las autovías de alta capacidad sean de pago, porque el Estado no tiene recursos financieros para asumir el mantenimiento de las mismas. Según la patronal, la liberación de peajes al terminar las concesiones y revertir las autopistas de pago a la red pública tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para el Estado, y eso solo en lo que se refiere a las concesiones de las vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago del país, de 2.550 kilómetros.

El coste que el Estado deberá afrontar al levantar las barreras de los peajes deriva de sumar el importe necesario para atender al mantenimiento y conservación de las vías, del que actualmente se encargan sus empresas concesionarias, y de lo que deja de ingresar por impuestos.

Autovías de pago

El debate sobre quién debe cargar con el mantenimiento de las autovías ha explotado en la actual legislatura. Y no solo SEOPAN, sino el propio ministro de Fomento ha sido el que lo ha puesto encima de la mesa José Luis Ábalos ha instado a buscar una fórmula, “sea la que sea”, para asegurar el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.

Sin pronunciarse por ningún modelo en concreto, Ábalos ha llamado a reflexionar sobre el mantenimiento de la red de carreteras, incluidas autovías y autopistas, “la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita”, cuando por el uso del resto —como puertos, aeropuertos y vías ferroviarias— se pagan distintas tasas o cánones. Para concretar el debate, se va a constituir una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados, en la que participarán el Gobierno, los responsables autonómicos, concesionarias y empresas del sector, expertos y todos los agentes implicados. Dicha subcomisión deberá elegir cuál será la fórmula de pago, desde peajes blandos, peajes en la sombra o peajes puros y duros.

La propuesta de SEOPAN es la de extender los peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas. La patronal también aboga por la implantación de sistemas de peaje inteligente para el acceso y salida a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona.