El sector del taxi se subleva a cuatro meses de las elecciones autonómicas y locales

Los taxistas de Madrid se han sumado este lunes a los de Barcelona, que llevan desde el viernes parados, en las protestas para que las Administraciones limiten la actividad de los vehículos de transporte con conductor (las licencias VTC que usan Uber y Cabify) antes de las próximas elecciones de mayo. Enfundados en chalecos amarillos, un símbolo de las protestas sociales en Francia, los taxistas mantienen paros indefinidos y amenazan con bloquear las ciudades. Los responsables autonómicos evitan enfrentarse a un sector en pie de guerra y pasan la patata caliente a los Ayuntamientos.

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En Madrid el paro que comenzó este lunes pone en riesgo el éxito de la feria de turismo Fitur, que se celebrará desde este miércoles al domingo en el recinto ferial de Ifema, cerca del aeropuerto. En Barcelona, las protestas se prolongan durante una semana más y también amenazan con colapsar el Mobile World Congress. Se trata de los dos mayores acontecimientos de negocios en ambas capitales. El conflicto del taxi toma cuerpo de nuevo, a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas, tras lanzar su primer gran pulso el pasado julio, cuando miles de taxistas bloquearon durante una semana las principales arterias de ambas capitales.

El sector, que durante años ha vivido amparado por un sistema regulado, se revuelve ahora contra la aparición de las nuevas plataformas digitales de transporte, cuyo uso se extienden por todo el mundo. Las protestas de los taxistas en Madrid y Barcelona son solo un ejemplo más de la transformación digital de la economía.

Los taxistas recurrieron al último símbolo que ha prendido en Europa contra la globalización para tratar de internacionalizar el conflicto: los chalecos amarillos de Francia. Estos nacieron en París para protestar contra la subida de los combustibles aprobadas por Macron.

Para los taxistas madrileños, el paro durante Fitur supone unas pérdidas considerables en una de las semanas con más actividad del año (según fuentes del sector ingresan al menos un 20% más de los 171 euros al día habituales en un día laboral), pero muchos calculan que saldrán ganando al sacrificar los ingresos de una semana para conseguir una victoria legal que limite los derechos del VTC.

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido (PP) no les convenció este lunes con su propuesta de ley que cedería competencias clave a los Ayuntamientos de la región. “Es una tomadura de pelo”, decía Santiago Simón, el secretario de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, una de las cinco asociaciones que se reunieron con el presidente regional.

Ningún gobernante quiere enfrentarse al sector a cuatro meses de las elecciones. En septiembre, Fomento ya traspasó la patata caliente a comunidades y Ayuntamientos. Ahora son las autonomías las que pasan la pelota a los alcaldes. Y los taxistas presionan ahora antes de que haya cambios políticos que dificulten cumplir con sus demandas.

Garrido dijo este lunes que su propuesta podría solucionar el conflicto en cuestión de semanas. Pidió a los taxistas que cedieran para desactivar un conflicto con daños mayores: “(El paro) perjudica a la imagen de Madrid, perjudica a la imagen de España pero sobre todo les perjudica a ellos que son trabajadores”. El presidente regional se reunirá este martes con los representantes del sector del VTC.

Los taxistas quieren que la Comunidad obligue por ley a contratar un VTC con un tiempo de antelación de al menos seis horas, para diferenciar el servicio que prestan los taxis de las plataformas rivales Uber o Cabify. Aunque los taxistas también usan plataformas digitales similares a estas, como Mytaxi. Los taxistas no tienen certeza de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afín a las demandas de los taxistas, pueda llegar a tiempo a regular esa cuestión antes de la elección de mayo. El Ayuntamiento ya inició en diciembre la elaboración de una ordenanza que regula ciertos aspectos de la VTC sobre los que es competente, como estacionamiento, horarios o protección del medio ambiente.

La precontratación, clave

El motivo de todo el descontento es la propuesta de decreto que presentó el Govern el pasado viernes, y que desató la huelga de los taxistas. Con el conflicto enquistado, y con los conductores de VTC concentrados en la Avenida Diagonal en protesta por el mismo decreto, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, admitió este lunes que “habrá que escuchar más a todas las partes” y que el calendario de aprobación de la norma catalana se tendrá que retrasar.

Cataluña es la primera comunidad que ha empezado a preparar un decreto para regular las licencias VTC

Cataluña es la primera comunidad que ha empezado a preparar un decreto para regular las licencias VTC después de que el Gobierno, mediante un Real Decreto aprobado en septiembre, traspasara las competencias a las comunidades. Aquella norma dio un plazo de cuatro años a las empresas para poder seguir operando en las ciudades, al término del cual las actuales licencias —válidas para todo el ámbito nacional— perderán su derecho a realizar trayectos urbanos si así lo deciden los municipios.

La propuesta del decreto catalán incluye la obligación de que, para contratar los servicios de un coche VTC, sea necesario hacerlo con 15 minutos de antelación. Este margen, con el que se prentende poner freno a Uber o Cabify, es según los taxistas “una tomadura de pelo”, y reclaman que sean “horas” de antelación.

Calvet explicó que este martes trasladará su propuesta de decreto al Govern. En esta propuesta incluirá un matiz que ya expuso a los taxistas el sábado, aunque no sirvió para desconvocar la huelga. Este consiste en habilitar a los Ayuntamientos y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para que pueda ampliar el periodo de antelación según criterios ambientales, territoriales y de duración del trayecto. Esto ha desatado un choque entre la entidad metropolitana y la Generalitat.