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El gran fraude de las pensiones de los muertos: casi seis millones de euros cobrados por familiares o amigos

La Policía Nacional detiene a nueve de las 46 personas identificadas por ocultar la muerte de allegados para quedarse con sus prestaciones

La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi seis millones de euros entre personas que ocultaban la muerte de familiares, amigos o conocidos para quedarse con sus pensiones. Llegaban a falsificar documentos y partidas de defunción para que nadie notara que el pensionista había muerto, y así seguir recibiendo su paga cada mes. Los agentes han arrestado a nueve de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas como responsables de un total de 53 delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Según la Policía, uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años llegando a hacerse pasar por un nonagenario aprovechando que se parecía físicamente, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.

Un jubilado, en el parque de la Ciudadela de Barcelona.
Un jubilado, en el parque de la Ciudadela de Barcelona.Archivo EL PAÍS

Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado este fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas. Los agentes han arrestado a nueve de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas como presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

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"Para hacerse con el dinero ocultaban el fallecimiento del pensionista a la Administración llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto, con el objeto de realizar reintegros en efectivo", explica en un comunicado la Policía. La investigación comenzó tras recibir varias denuncias, en diferentes puntos  del país, en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. "Con las primeras pesquisas se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos quienes seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos", explican las autoridades.

Casos en 17 provincias

Avanzada la investigación, los agentes, según cuenta la Policía, localizaron casos similares en 17 provincias españolas —A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya— y cuantificaron casi seis millones de euros como cantidad defraudada a la Seguridad Social. Además han identificado a 46 personas como responsables de un total de 53 delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

"Entre los motivos más comunes en los que se escudaban las personas que cobraban las prestaciones indebidamente para cometer el fraude están el desconocimiento de su abono (pese a que hacían uso de ese dinero), necesidades económicas para la subsistencia personal o familiar, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado en los años anteriores", explica.

Compañeros de piso o familiares disfrazados

La Policía cuenta algunos casos muy sonados en su comunicado de hoy. Por ejemplo, explica que en la provincia de Albacete se averiguó que un empleado de una entidad  bancaria, donde se ubicaba la cuenta del fallecido, habría cobrado de forma ilícita casi 10.000 euros. Para hacerse con el botín aprovechó su posición, realizando reintegros en efectivo en provecho propio desde la muerte del pensionista en 2003 hasta 2017.

Otro caso significativo se dio tras una denuncia realizada en la provincia de Madrid sobre una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,50 euros durante aproximadamente seis años. Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios se observaron 209 compras, abonadas a través de una entidad financiera digital, con posterioridad al fallecimiento de la pensionista. Se llegó a la conclusión de que la tarjeta bancaria de la pensionista había sido robada por un compatriota compañero de piso, quien a su vez compartía el número de la tarjeta con varios amigos suyos.

Disfrazado de anciano para ir al banco

En la provincia de Málaga, fue investigado el cobro de más de 129.200 euros  por prestaciones indebidas de un pensionista perecido en 1999, y que fueron abonadas hasta el año 2017. Gracias al análisis de la información bancaria se observaron varios traspasos posteriores al fallecimiento, pudiendo identificar a varios familiares del mismo como responsables de estos hechos.

Los investigados como argucia para poder seguir cobrando la ilícita pensión, aprovechaban el parecido de uno de ellos, que contaba con características físicas parecidas al pensionista, para hacerse pasar por el fallecido. Además, para la extracción de las prestaciones, se caracterizaba vistiendo ropa de persona mayor y portando como complemento un andador que le ayudaba a pasarse por el nonagenario pensionista.

La informática, un arma más eficaz

La Policía asegura que el desarrollo de aplicaciones tecnológicas ha sido clave para mejorar los controles. En la actualidad los distintos organismos de la Secretaría de Estado de la  Seguridad Social cuentan con nuevas tecnologías que permiten la interconexión telemática entre administraciones. De forma que realizan de forma periódica controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones periódicas. "Estos avances hacen que muchas de las comprobaciones se realicen en tiempo real, lo cual hace cada vez más difícil a los defraudadores conseguir el cobro indebido de prestaciones".

Hace dos años, el Tribunal de Cuentas aseguró que había detectado que casi 30.000 personas que figuran como fallecidos seguían cobrando una pensión en 2014 por un importe total de 25 millones mensuales. Esto es, unos 300 millones de euros al año. En un informe de fiscalización correspondiente al 2014, el organismo encontraba una serie de “lagunas y deficiencias” en el control que ejerce la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas y, en consecuencia, recomendaba mejoras para impedir que se paguen prestaciones a personas ya muertas. La Seguridad Social consideró que los resultados que había obtenido el Tribunal respecto al control de los fallecidos no eran fiables, y que en su opinión no se correspondían con la realidad.

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