La batalla por las pensiones no ha terminado: los escollos por sortear del Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo desató el miércoles una madeja en la que llevaba enredado desde marzo: se acordó volver a revalorizar cada año las pensiones con el IPC. Seis meses empleados para redactar las 301 palabras que sellan el preacuerdo evidencian que no ha sido fácil llegar a un punto de encuentro en el que quepa desde el PP a Podemos. Pero esto solo es un punto, una recomendación de la veintena larga que debe redactar esta comisión para trazar unas líneas básicas que sirvan de guía al Gobierno en la negociación con los agentes sociales y, de nuevo, en el Congreso para una futura reforma de pensiones, porque el Pacto de Toledo no es una comisión que legisle.

Algunas ya están avanzadas, pero no cerradas definitivamente; otras, ni eso. Cerrar el resto de consejos, aunque no todos tengan el mismo calado, tampoco será fácil. De todos los portavoces del Pacto de Toledo, solo Iñigo Barandiaran, del PNV, se muestra optimista: “Comparto que hay diferencias y que son abundantes, pero creo que el trabajo que hemos hecho con la recomendación segunda [la del poder adquisitivo] nos ha venido bien. Esto empieza a pintar mejor”. Desde el PSOE, Mercè Perea, por su parte, aboga por “plantearse otra forma de trabajar”.

Los asuntos de calado que quedan por cerrar en el Pacto de Toledo son los siguientes:

Financiación. “El gran tema es cuál tiene que ser la estructura financiera”, vaticina Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT y diputado con más antigüedad en el Pacto de Toledo. “Es la madre del cordero”, certifica Jordi Salvador, de ERC. Los déficits crecientes, hasta los casi 19.000 millones de 2016 y 2017, dan la razón a estos diputados catalanes.

La recomendación que habla de cómo se pagan las pensiones es la primera. Sobre ella ya se había avanzado, pero Gerardo Camps, del PP, vaticina que habrá que volver a discutir de ella. También lo prevé Aina Vidal, su homóloga de Podemos. Desde el PSOE, lo ratifican: “No se ha cerrado”.

¿Por qué? Todos comparten que hace falta más dinero para las pensiones. El acuerdo se diluye cuando se baja al detalle. Unos, Podemos, abogan por recaudar más con las cuotas sociales aumentando las bases máximas de cotización, algo que no se ve con buenos ojos desde el Gobierno. Tampoco el resto pone buena cara a la propuesta, especialmente si no suben en paralelo las pensiones máximas nuevas. No hacerlo rompería la contributividad del sistema: se cobra en función de lo que se ha cotizado.

Sí que hay consenso en que se debe aumentar la aportación procedente de los impuestos: a través de préstamos de Hacienda o de transferencias directas. El acuerdo se esfuma cuando se plantea cómo pagar esa mayor aportación: subiendo impuestos, con uno nuevo o simplemente con emisiones de deuda.

Pensiones suficientes. Definir qué es una prestación suficiente y, en consecuencia, mínima —la recomendación 15— es el siguiente tema en la agenda. Es difícil que esto pase por fijar una cantidad. No obstante, hay grupos que pretender objetivar de alguna forma este concepto. Camps habla de vincularlo a la evolución del salario medio y la pensión media, quitando al Gobierno de turno la posibilidad de intervenir en su evolución como hasta ahora. Vidal, por su parte, mira a la Carta Social Europea como referente. Esta es la que sirve a los sindicatos para pedir un salario mínimo en España que sea el 60% del salario medio, unos 1.000 euros.

Igualdad. La mujer es la protagonista de la recomendación 17 del texto que se aprobó en 2011. Ahora Mercè Perea del PSOE aboga por que este asunto no se quede solo en una “recomendación específica” y que sea transversal.

Contributividad. Este es un principio básico de la Seguridad Social. Ahondar en él es uno de los elementos que defienden PDeCAT o Ciudadanos. ¿Cómo? Sergio del Campo, portavoz naranja, defiende que “se amplíe el periodo de cálculo de la prestación a toda la vida laboral”. Traducción: ahora, cuando un trabajador se jubila, para calcular su pensión se toma como referencia lo cotizado en los últimos 21 años (este periodo crecerá hasta llegar a 25 años en 2022); con esta propuesta, el cálculo se haría con todo lo cotizado desde el primer día de trabajo hasta el último.

Esta ha sido una de las medidas habituales en las reformas de pensiones —en 1985 solo se tomaban dos años— para ajustar el gasto. Como norma general, esta iniciativa supone pensiones más bajas para los nuevos jubilados, excepto para los que son despedidos al final de su vida laboral. A pesar de esto, la pensión media ha subido durante toda la democracia.

Viudedad y orfandad. Estas prestaciones se crearon en 1963 y el concepto actual no ha cambiado en estos 55 años. Varios partidos, con PDeCAT a la cabeza, reclaman una redefinición. En 2011, se pedía una “reformulación integral” sin cambiar el “carácter contributivo”. En los últimos años, ha habido varias propuestas para que estas prestaciones (21.000 millones al año) se paguen con impuestos y no con cotizaciones. Pero los grupos de izquierda temen que esto, ya casi descartado por todos, abra la puerta a convertirlas en ayudas asistenciales.

Edad de jubilación. Hace siete años este aspecto no contó con consenso. IU y ERC se descolgaron porque rechazaban retrasar la edad de retiro a los 67 años. Podemos mantiene esta posición.

Factor de sostenibilidad. El debate sobre la revalorización con el IPC ha oscurecido la otra pata de la reforma de 2013: La que iba a vincular la cuantía de la pensión inicial a la esperanza de vida en el momento de jubilarse a partir de 2019. Los presupuestos de este año aplazaron su entrada en vigor a 2023. Son varios los grupos que en el pasado —PDeCAT, PSOE, PNV— se pronunciaron porque la esperanza de vida no solo afectara a la pensión inicial, sino que cuando entrara en funcionamiento (la reforma de 2011 lo había previsto para 2029) afectara también a la edad de jubilación o el periodo de cálculo.