¿Por qué a los Ayuntamientos se les amontona el dinero en el banco?

Los Ayuntamientos atesoran una montaña de liquidez que no deja de crecer. Hace seis años, las corporaciones locales ya acumulaban más de 11.000 millones de euros en cuentas bancarias. Pero esta cifra se ha disparado hasta superar en el segundo trimestre de 2018 los 23.000 millones. Y la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que a finales de año rondará los 27.000. Es una cifra gigantesca de dinero inmovilizado —y, con los tipos de interés por los suelos, prácticamente improductivo— que los municipios querrían usar para reparar polideportivos o mejorar servicios básicos. Pero no pueden. Y reclaman medidas para cambiar esta situación.

“Nos han atado de pies y manos”, protesta Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Con estas “ataduras”, el también alcalde socialistas de Vigo se refiere a la Ley de Estabilidad, que obliga a los municipios a guardar como remanente el dinero no gastado en un ejercicio, en lugar de poder invertirlo al año siguiente; y que ata corto a las administraciones locales para que no sobrepasen ni el techo de gasto ni los objetivos de saneamiento fiscal.

La polémica no es nueva. Hace tiempo que la Airef resalta el sinsentido de que los Ayuntamientos acumulen miles de millones de euros en los cajones, mientras que otros organismos públicos, como la Seguridad Social, deben endeudarse para hacer frente a sus obligaciones de pago. Frente a los 23.200 millones de los municipios, el Gobierno central y las comunidades autónomas disponen de un colchón de liquidez de casi la mitad, en torno a 14.000 millones cada una de estas dos administraciones.

Para poner algo de cordura en esta anomalía, la Airef insiste en la necesidad de traspasar competencias —como asistencia social o la dependencia— a las corporaciones locales. Pretende con esta propuesta dar margen de gasto a los municipios, que el organismo que preside José Luis Escrivá considera “sobrefinanciados” con un exceso de 9.000 millones de euros. “¿Queremos que el superávit de los Ayuntamientos se utilice en construir fuentes? A veces tengo esa sensación. No creo que la prioridad de España sea mejorar la infraestructura local con inversiones”, lanzó Escrivá casi como una provocación el pasado febrero en el Congreso de los Diputados.

El diagnóstico en la Femp es diametralmente opuesto. Quieren más competencias, sí, pero solo si estas van acompañadas de nuevas fuentes de financiación. Y, al contrario de lo que opina Escrivá, el jefe de los alcaldes españoles sí considera necesario poder acometer nuevas inversiones.

Caballero reclama un cambio en la Ley de Estabilidad que proporcione a las corporaciones locales algo más de oxígeno para, por ejemplo, contratar funcionarios —abogados, ingenieros, técnicos…— que agilicen su actividad diaria. De momento, Caballero alaba el cambio de tono que ha encontrado en la nueva ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, respecto a su antecesor, el popular Cristóbal Montoro.

“Es un abuso que no se nos permita aumentar el techo de gasto cuando llevamos siete años consecutivos de superávits; y las cuentas de los Ayuntamientos han permitido que el Reino de España cumpla sus compromisos europeos de déficit. Hemos quedado con el Gobierno en estudiarlo a partir de septiembre”, concluye el alcalde de Vigo. Montero ya mencionó en junio la posibilidad de traspasar a la administración local la dependencia, unos servicios ahora en manos de las comunidades autónomas que cuestan en torno a 8.000 millones de euros al año. A cambio, anticipó la ministra, el Gobierno valora mejorar la financiación municipal.

De los datos que ofrece el Banco de España se desprende que el esfuerzo de los municipios por apretarse el cinturón no ha significado, en muchos casos, un ahorro que les revierta positivamente en nuevas posibilidades de inversión futuras. Así, casi la mitad de los 8.126 Ayuntamientos de España no tiene ni un solo euro de deuda. Pero gran parte de este superávit derivado de la aplicación de la regla de gasto se destina a engrosar más y más los depósitos bancarios.

Y llama la atención también que estos fondos en los bancos sean ligeramente superiores a la deuda agregada de todas las corporaciones locales, de 23.741 millones de euros a 31 de diciembre del año pasado. Así, los depósitos de los Ayuntamientos en las entidades financieras bastarían para cancelar su deuda global de un día para otro.