Sánchez aumenta el gasto de los ministerios pese a pactar un ajuste con Bruselas

La aprobación de los Presupuestos tiene una liturgia muy definida. Tres meses antes de presentar el proyecto de cuentas públicas se deben marcar las bases sobre las que se asentarán las promesas de gasto. Los objetivos de déficit, de deuda y el techo de gasto vienen a ser como las cuadernas de los barcos. Sobre estas se levantan los Presupuestos del año siguiente.

El Gobierno aprobó este viernes todo ese andamiaje para iniciar la cuenta atrás a las cuentas de 2019. Aprobó el techo de gasto, la cifra que marca el límite máximo que pueden gastar los ministerios. Sube un 4,4% hasta los 125.064 millones de euros. Se trata de un salto de 5.000 millones respecto a 2018 y el mayor salto en cuatro años. Este guarismo permite “mayor margen fiscal para asentar las bases de unos presupuestos expansivos que hagan que la recuperación sea más justo con unos Presupuestos más sociales”, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El anuncio se produce dos semanas después de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, compromitiese un ajuste de otros 5.000 millones de euros a Bruselas para 2019. “Esta previsión es coherente con el esfuerzo estructural de reducción del déficit del 0,4% del PIB que se ha comunicado a la Comisión Europea”, aseguró la ministra de Economía.

Por eso, el Gobierno dio este viernes luz verde, también, a los nuevos objetivos de déficit y deuda pública, ya avanzados la semana pasada por la titular de Economía. Las nuevas metas presupuestarias son más suaves para este año, permiten al Gobierno relajar el ajuste unos 6.000 millones este año, pero no el próximo. Las autoridades comunitarias y los partidos de la oposición esperaban con cierta expectación el techo de gasto porque condiciona la política fiscal del Gobierno.

El incremento aprobado, de poco más de 5.000 millones, es mucho menor del que había reclamado el socio preferente del nuevo Ejecutivo, Podemos, que pedía una salto de 15.000 millones más.

Soplar y sorber

Aunque la cifra final supone una mejora sobre las de años anteriores, el Gobierno espera que le permita mantener el ajuste de las cuentas y satisfacer las exigencias de Bruselas. Pero se trata de un ejercicio de equilibrismo porque tendrá que soplar y sorber al mismo tiempo si quiere gastar más y recortar el déficit.

Sánchez se ha comprometido a aumentar el gasto público, eliminando el copago farmacéutico a los jubilados, subir las pensiones en función del IPC, liberar las autopistas de peaje o extender la sanidad universal a todos los migrantes y subir el sueldo a los funcionarios. Al tiempo quiere reforzar la imagen de buen gestor. Ser un buen alumno y cumplir con los deberes de Bruselas. Para ello tendrá que seguir reduciendo el agujero presupuestario. Y lo hará, pero a un ritmo algo más lento de lo previsto hasta ahora. Ha fijado una nueva senda fiscal: un nuevo calendario para reducir los números rojos.

Su plan consiste en bajar el déficit del 3% del PIB este año. Esa es la línea roja que permite escapar del brazo correctivo de Bruselas y entrar en una fase de prevención. Es decir, las finanzas públicas de España salen de cuidados intensivos y pasan a observación.

Sin ajustes adicionales

“Hemos ensanchado los márgenes que nos permitían los ajustes fiscales y que nos pedían nuestros socios europeos y se hizo con el objetivo de no lastrar el crecimiento y la creación de empleo. Y para que sirvan para impulsar políticas públicas que recuperen derechos de los ciudadanos y den iumpulso a la compettiividad de nuestra economía”, dijo Montero. La mayor parte de este colchón irá para la Seguridad Social y las comunidades autónomas, que dispondrán de 2.500 millones más para gastar en Sanidad y Educación.

La clave de esa nueva situación estará en el déficit estructural, el que no tiene en cuenta los efectos del ciclo económico. Para reducirlo debe aprobar medidas permanentes. Y es ahí donde se entiende la subida de impuestos para las grandes empresas, la tasa a la banca y a las tecnológicas anunciada por el Gobierno, que aportará unos 4.000 millones adicionales. El resto, espera el Gobierno, llegará de los vientos favorables del crecimiento. El Ejecutivo espera que este viento hinche las velas de la recaudación con recursos extraordinarios. Además, cuenta con una inflación creciente que es gasolina para los ingresos. Por último, le quedará la indulgencia de Bruselas. España puede desviarse del ajuste estructural en 0,5% en dos años. Y el Gobierno jugará con ese margen. "Con la nueva senda, la inercia de la economía podría dar cumplimiento al objetivo de estabilidad sin tener que desarrollar ajustes adicionales", subrayó Montero.

En resumen, el Gobierno dedicará las subidas de impuestos a satisfacer a Bruselas y espera que el ciclo económico complete el ajuste y deje margen para las promesas de gasto. Pero este armazón está sobre unas bases inestables y está expuesto a cualquier contratiempo. Y el trámite parlamentario es uno de ellos. Aunque Sánchez solo tiene que informar a las cámaras del techo de gasto, si tiene que lograr la mayoría del Congreso y el Senado para aprobar los objetivos de déficit.

Más empleo

El Gobierno ha aprobado también las cifras macroeconómicas a partir de las que realiza sus cálculos. “Están basadas en hipótesis prudentes, con respecto a la evolución de la economía internacional”, precisó Calviño, quien mantiene prácticamente intactas las perspectivas económicas. Los cálculos sitúan el crecimiento del PIB en el 2,7% este año y el 2,4% el próximo. Y eso que la Comisión Europea, el FMI y otros organismos internacionales auguran un mayor crecimiento para este año. El Gobierno se ha mostrado “prudente” y rebaja la tasa de crecimiento de 2020 una décima, hasta el 2,2%. En 2021 estima que la actividad económiva avance un 2,1%, dos décimas menos que lo marcado hasta ahora.

“Nuestra política se orienta a una consolidación fiscal que no esté reñida con el mantenimiento del crecimiento económico y creación de empleo de los próximos año. Y es coherente con la agenda social de este Gobierno”, insistió Calviño.

En las estimaciones del Gobierno destaca una caída de la tasa de paro mayor a la esperada hasta ahora. Se proyecta que al final del ciclo, en 2021, el desempleo descienda al 10,7%, la tasa más baja en una década. No obstante, estima que durante 2020 se recupere la cifra de cotizantes de antes de la crisis y se alcance los 20 millones de trabajadores. El cálculo del Ejecutivo es que se creen 1,2 millones de puestos de trabajo en los próximos tres años, a razón de 400.000 empleos al año, según avanzó Calviño.

Problemas en el trámite

El Gobierno deberá extremar su actitud negociadora para aprobar los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria. Aunque el techo de gasto no se vota, el Congreso y el Senado deben validar los objetivos de déficit y deuda pública y su reparto entre las diferentes administraciones públicas. La primera votación se producirá el próximo 24 de julio en el Congreso y pasará al Senado, donde se votará, previsiblemente, una semana más tarde.

El Gobierno se puede encontrar con varios obstáculos durante la tramitación parlamentaria. En primer lugar, tendrá que lograr el apoyo de la mayoría del Congreso. Podemos puede oponerse en la Cámara Baja al ver que el Gobierno no le hace caso en su petición de elevar más el techo de gasto y suavizar aún más el calendario de reducción del déficit.

En el Senado, espera un PP que controla la cámara y que no dejará pasar ni una después de la moción de censura. Además, las comunidades gobernadas por el PP votaron el jueves en contra de los nuevos objetivos de déficit que les permitían gastar más. Esa postura ofrece una pista sobre la actitud del PP en el trámite parlamentario.

Bloqueo en el Senado

Fuentes del Gobierno aseguran que si no logran sacar adelante los nuevos objetivos de déficit elaborarán los Presupuestos con los objetivos actuales.  Así que el posible rechazo a las cuentas no impedirá que el Gobierno de Pedro Sánchez presente antes del 30 de septiembre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. 

"No hay posibilidad de plan B si el senado no le da el visto bueno a esta nueva senda. Sería algo increíble que el propio reino de España se autoimponga unos objetivos de déficit más exigentes que lo que permite Bruselas. Salvo que sea por una cuestión ideológica no tiene sentido que los partidos no le permitan transitar por una senda que permitan más bienestar a los ciudadanos", ha explicado Montero.

No obstante, el rechazo parlamentario a los nuevos objetivos presupuestarios sería visto con recelos desde la Comisión Europea, ya que obligaría a acometer ajustes más agudos el próximo año, cuando coinciden elecciones autonómicas, municipales y europeas. El Ejecutivo quedaría en evidencia por su debilidad política al contar con solo 84 diputados de los 350 escaños que tiene la cámara.