El primer repartidor de Deliveroo declarado falso autónomo: “Fui a juicio para defender mis ideas”

En otoño de 2016 hubo uno de esos temporales que azotan la costa mediterránea y asustan. “A raíz de aquellas lluvias tan fuertes hubo bastantes despidos a causa de que los repartidores no querían salir a trabajar”, empieza a narrar Víctor Sánchez, el exrepartidor de Deliveroo que el pasado miércoles un juzgado de Valencia vino a calificar como falso autónomo. “Ahí fue cuando empezamos a informarnos sobre los falsos autónomos, comprobamos que sin duda lo éramos, y empezamos a organizarnos con compañeros de Madrid y Barcelona”, dice Sánchez ante un batido de chocolate en un bar del centro de Valencia, donde nació hace 28 años.

La victoria judicial de Sánchez, la primera en España sobre este tipo de empresas, no es firme. Cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que Roofood Spain, la denominación social de la multinacional británica en España, podrá o no presentar.

Sánchez fue despedido el 30 de junio de 2016, el día que participó en la presentación en Valencia de la plataforma Riders por derechos, creada con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores y reivindicar su vinculación laboral con la empresa. El repartidor cree que fue una represalia, aunque la sentencia no lo menciona y la compañía lo niega. Deliveroo ha argumentado que Sánchez había rechazado aceptar encargos de forma reiterada. Sánchez muestra, por su parte, un correo electrónico que la empresa le envió el 29 de junio con sus estadísticas de las dos semanas anteriores en la que le indicaba que en ese periodo no había rechazado ningún pedido y había estado “disponible un 97% de las franjas (horarias) de reparto de alta demanda”.

Conforme se acercó la fecha del juicio, Sánchez rechazó llegar a un pacto con la empresa y decidió ir adelante. Sabía que, incluso si ganaba el caso, la indemnización que lograría en el juzgado sería muy inferior. Marco Llanera, de Intersindical Valenciana, la central que lo ha representado, cuenta que otros compañeros de Sánchez sí cerraron pactos con la empresa y han obtenido cerca de 10 veces más dinero. La juez Ana Belén Díez condenó a Deliveroo a pagar a Sánchez 705 euros. El repartidor relata que la compañía le ofreció una suma de “cinco cifras” si retiraba la demanda, y declina concretar el importe porque, dice, pondría en problemas a su abogado.

“Me metí en esto porque tengo unas ideas y quería defenderlas. Aparte de que hubiera sido dejar tirados a mis compañeros, también lo hice por mí mismo. Ese dinero ni me pertenece ni lo quiero. Ha sido ganado a costa del sudor de otros riders en la misma situación que yo, y es un soborno, no otra cosa”, continúa.

Hijo de dos trabajadores industriales que no solían hablar de política en casa y criado en los ambientes populares del barrio de Malilla y Albal, un municipio del área metropolitana de Valencia, Sánchez trabaja ahora en un establecimiento de comida rápida y ha vuelto a vivir a casa de sus padres porque asegura que no puede permitirse pagar un alquiler. Dejó los estudios al terminar la ESO, y de los 16 a los 20 años estuvo empleado en una empresa del sector del metal donde vivió dos huelgas generales. La fábrica cerró en 2011 a causa de la crisis y él, tras unos meses en paro, empezó a trabajar como bicimensajero. “Estoy afiliado a la CNT y participo en lo que puedo del sindicato, pero políticamente tampoco me identifico mucho”, agrega. En el proceso judicial estuvo asesorado, en cambio por Intersindical Valenciana.

Sánchez entró en Deliveroo después de que un conocido le hablara del modelo. “La verdad es que pagaban mejor que donde estaba y podía hacer más horas. Aunque en las empresas de mensajería en las que había estado antes sí tenía un contrato laboral”. El repartidor cobraba en Deliveroo entre 600 y 700 euros al mes, dependiendo de las horas que le fueran asignadas.

Fuentes de la compañía señalan que la evolución en el tipo de relación contractual es normal en un modelo de negocio nuevo “que se tiene que adaptar a las circunstancias de España y a su regulación”.