La justicia aumenta la presión contra los falsos autónomos

Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), explica que al tener falsos autónomos "las empresas se ahorran el 35% del sueldo" del empleado además de ser los trabajadores los que se hacen cargo de la tasa de autónomo "de entre 275 y 300 euros al mes". "Cuantos más falsos autónomos, menos dinero para la Seguridad Social. Es un sistema que empobrece a la administración", comenta. Además, se trata de un fenómeno creciente con los nuevos modelos de negocio "colaborativo". Así, la Inspección considera que los repartidores de empresas como Deliveroo son falsos autónomos y reclama cotizaciones no abonadas al considerar que las empresas "pretenden esconder una relación laboral". Con ese argumento UGT presentó en diciembre una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Deliveroo, Glovo, UberEats y Stuart.

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Este inspector asegura que el 80% de los casos que encuentran de falsos autónomos vienen por las denuncias de los propios trabajadores. "No hay una estrategia definida para adelantarse a las demandas e investigar los lugares y sectores donde sabemos que ocurre y al final son los empleados los que se tienen que jugar su medio de vida para poner estas irregularidades en conocimiento de las autoridades", lamenta. Yébenes cree que si se apunta hacia estos sectores habrá un efecto llamada y las empresas "se autoregularán". "Los falsos autónomos aumentan de manera significativa a partir de la crisis. La reforma laboral ha ayudado a que se genere esta figura, no la ampara, pero algunas empresas creen que con esta reforma está todo permitido y por eso habría que arreglarlo", comenta.

En la mayor parte de los casos las empresas se niegan a reconocer la relación jurídica con el trabajador, incluso con las actas de inspección, según explica Yébenes, que añade que muchas veces son las compañías las que llevan el acta a juicio y es ahí donde sale la sentencia, "normalmente favorable para los trabajadores y la Inspección". "Las actas están bien documentadas y los requisitos que tiene una relación laboral por cuenta ajena son muy claros", afirma.

En el caso de los trabajadores del RACE la Inspección descubrió que llevaban hasta 14 años ejerciendo de profesores de tenis como falsos autónomos en la escuela deportiva de la empresa, una infracción que el acta califica como "muy grave". Así, por cada mes sin pagar las cotizaciones de la Seguridad Social piden de entre 2.016 a más de 4.500 euros, más un recargo por superar los cuatro trabajadores en condición irregular. Sin embargo, solo se puede denunciar los últimos cuatro años, por lo que en su informe analizan desde enero de 2013 a enero de 2017, y a la empresa no se le exige devolver todo el importe no pagado a la Seguridad Social durante los años anteriores.

"Al empezar a trabajar nos prometieron que nos harían un contrato, pero al pasar unos meses y con el curso empezado, que es casi imposible encontrar otro empleo del estilo, nos informaron de que nos teníamos que dar de alta como autónomos", recuerda uno de los afectados. La sentencia, que no es firme y está recurrida por el RACE, recalca que los trabajadores realizaban las mismas funciones que los empleados por cuenta ajena y que impartían clases "que eran asignadas por el director de la escuela". "Teníamos la misma jornada laboral que los compañeros contratados, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 y los sábados y domingos de 9.30 a 18.00 horas", aclara y añade que todos cobraban por hora y que el importe dependía de la antigüedad y la formación de los monitores. Además, la sentencia recoge que las facturas las emitía el RACE y que los falsos autónomos contaban con un único pagador.

"Los demandados prestaron servicios para el RACE sin haber sido dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social", recoge el fallo de la sentencia. Esta notifica de resolución pagar la cantidad de 227.505,88 euros a la administración por los años no cotizados. Uno de los afectados, que asegura que para él lo importante es que esta sentencia "sea ejemplarizante" para otras compañías, cuenta que ahora se encuentran en el paro y trabajando de sustitutos, después de que la empresa externalizara el servicio el año pasado.

Primera investigación en 14 años

En el caso de RACE, los afectados aseguran que la de 2017 fue la primera investigación de ese tipo en ese tiempo. Es por ello por lo que desde los sindicatos y la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo denuncian que se necesita más inspecciones y que se aumente la plantilla dedicada a esta función. De media cada inspector y subinspector de empleo visitan unos 300 centros y según el informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 2016 había 1.791 funcionarios dedicados a esta labor.

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Por su parte, la empresa mantiene que no cometieron ninguna infracción y que no han tenido hasta este momento ninguna queja de los trabajadores ni de la administración al respecto. "La administración entiende que estos trabajadores no tenían la suficiente autonomía para ser considerados como autónomos, por lo que la Seguridad Social interpuso una demanda", comenta Gerardo Velasco, responsable de relaciones laborales deportivas del RACE. Sin embargo, los afectados aseguran en los balances anuales de la escuela se hacía referencia a su situación en "fraude de ley" y se recomendaba a la empresa que se les contratara.

La compañía, que contaba con 18 empleados por cuenta ajena y cinco falsos autónomos, explica que "no habría sido muy difícil modificar la relación laboral de sus empleados", ya que "la mayoría" tenía un contrato de trabajador por cuenta ajena. "Esos trabajadores hacían una gestión independiente en la adaptación de los alumnos. El RACE no daba los cursos formativos ni decía cómo tenían que ser las clases, lo único es que compartían las mismas instalaciones con los empleados con contrato, pero no es verdad que las funciones fueran las mismas", defiende Velasco, que recalca que quien ha cometido la infracción no es la empresa RACE sino el complejo deportivo de la misma, "un servicio adicional de la compañía", y que seguirán con el proceso legal.

Meses antes de estas sentencias fue el Supremo el tribunal que falló y amplió el concepto de lo que entendían como falso autónomo. Lo hizo sobre el caso de un traductor que recibía encargos habituales de una empresa que, a su vez, los recibía del Ministerio de Justicia. El Tribunal Supremo vio en el recurso de casación que el traductor debía ser asalariado y no un autónomo.

Los magistrados no consideraban suficiente justificación la libertad de horarios de la que gozaba el traductor o su “sustitución esporádica” por familiares. Señalaban además que “no desvirtúa la laboralidad de la relación la no prestación de servicios a tiempo completo, ni que no conste régimen de exclusividad”. “Tampoco impide la calificación de laboral de la relación que la empresa no facilitase medios materiales al actor ya que, dadas las características del trabajo que realizaba [...] descansa fundamentalmente en el elemento personal, careciendo de relevancia los medios materiales”, abundaba el fallo.