¿Quién controla ahora las cuentas de Cataluña?

El mismo día que Pedro Sánchez tomaba posesión como presidente del Gobierno decaía la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención financiera de la Generalitat. La vuelta a la normalidad institucional no implica que el Govern recupere el control total de sus cuentas.

La interventora general de Catalula deberá enviar al próximo ministro de Hacienda un certificado con carácter mensual de todos los gastos certificando que no se destina dinero público a actividades vinculadas con el secesionismo. Se trata de volver a la supervisión mensual que se aplicó en noviembre de 2015. Así lo acordaron la semana pasada los anteriores responsables ministeriales. Los socialistas también han avanzado que mantendrán ese mismo control. De esta forma, el Ejecutivo mantiene esa control, que es más exigente que el que aplica a otras comunidades. Al tratarse de una medida que nace en un acuerdo de la comisión delegada de asuntos económicos (CDAE), será el nuevo Ejecutivo el que decida hasta cuándo mantiene esa vigilancia.

Lo que si recupera Cataluña es el control sobre sus cobros y pagos. La llave de sus arcas. Desde mediados de septiembre de 2017 y ante la escalada independentista por el 1-0, Hacienda intervino las cuentas de la Generalitat. Asumió todos los pagos a proveedores para asegurarse de que no se destinaba ni un euro a actos relacionados con el independentismo. En lugar de entregar al Govern los fondos que le correspondían del sistema de financiación, Hacienda utilizaba ese dinero para pagar los compromisos de la Generalitat, incluidas las nóminas de las funcionarios autonómicos. Además, obligó a todos los bancos que trabajan con el Govern a emitir un certificado para asegurarse de que no se pagaban facturas del independentismo.

Esa intervención férrea decayó este lunes. Pero se mantiene la estrecha supervisión. Así que la Generalitat recupera el control de sus pagos. “Volvemos a la normalidad, al buen funcionamiento de los servicios públicos. a reducir las cargas burocráticas derivadas del 155”, aseguró este lunes el vicepresidente catalán Pere Aragonés.

El Gobierno catalán admite que tendrá que seguir rindiendo cuentas mensualmente a Hacienda. El anterior Ejecutivo central aprovechó la norma que regula el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) —los créditos del Estado para que las comunidades con apuros de liquidez—, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para exigir un control reforzado sobre las cuentas catalanas.

El Gobierno de Rajoy comenzó a endurecer el control en noviembre de 2015 cuando comenzó a dispararse la tensión justo antes de la investidura de Puigdemont. Entonces, obligó a Cataluña a enviar un certificado mensual con todos los pagos de la Generalitat para evitar que se destinase dinero público a “veleidades independentisas”, como explicó el ministro de Hacienda en aquella época.

En julio de 2017, cuando la situación parecía abocado al enfrentamiento político entre los dos bloques, Hacienda endureció ese control y exigió que los certificados fueran semanales. En septiembre del mismo año, tras la polémica sesión en el Parlament catalán para convocar el referéndum ilegal, el Gobierno de Rajoy aprobó la intervención total de las finanzas catalanas. Y un mes más tarde tomó el control administrativo de la Generalitat con el 155.

Aragonés se ha mostrado esperanzado en que el control que sigue vigente también llegue a su fin. “Esperamos que, con un nuevo ministro de Hacienda en España, esta medida discriminatoria hacia Cataluña también pase a la historia”, explicó el máximo responsable de Economía en el Govern.