Hacienda reclama a la Generalitat que detalle los pagos a empresas vinculadas al ‘procés’

Hacienda sospecha que el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre, los actos de propaganda y promoción de la secesión, así como parte de la manutención de Carles Puigdemont en Bélgica, están financiados por empresas y empresarios ligados al independentismo. Aunque tiene intervenida las finanzas de la Generalitat desde septiembre de 2017, no descarta que antes de esa fecha se haya podido destinar dinero público a través de sociedades interpuestas que han contratado con la Administración catalana.

El ministerio busca indicios de malversación de fondos públicos. Cada semana reclama información a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, al objeto de cerrar el círculo que conduzca a la fuente de dinero que ayudó a comprar las urnas de plástico y las papeletas... El último requerimiento consta de 13 páginas y fue remitido el pasado lunes. En él, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, reclama información "completa y certera" de los pagos realizados desde 2015 por cualquier organismo de la Generalitat a medio centenar de empresarios, personalidades del mundo de la comunicación en Cataluña y empresas ligadas al procés.

Entre las entidades y personalidades sobre las que el ministerio ha reclamado información destacan varias empresas vinculadas a Mediapro, la productora audiovisual que dirige Jaume Roures, según adelantó La Vanguardia. La investigación que la Guardia Civil remitió al Tribunal Supremo le atribuye un papel protagonista en el desafío secesionista. Roures insiste en que no es independentista, pero Hacienda ha pedido los pagos de la Generalitat a ocho de las empresas de ese grupo.

Identificar cada caso

El requerimiento insta, además, a la interventora de Cataluña a que identifique cada partida presupuestaria y el concepto de cada pago. El nivel de detalle de las exigencias de Hacienda alcanza a cualquier contrato menor, de servicios, de obra o suministro. "Deberán remitir copia completa de los expedientes, incluyendo cualquier información, documentación, notas, comunicaciones, informes, borradores, facturas, así como cualquier pago efectuado desde cualquier organismo o entidad del sector público de la Generalitat". El ministerio exige, también, conocer la identidad de los funcionarios o autoridades responsables de la adjudicación de esos contratos.

A Roures le une una larga amistad con Oriol Soler, uno de los supuestos cerebros del procés. Soler, apostado tras los focos, es una de las figuras que más ha influido en la organización del pulso al Estado y ha sido clave en el desafío independentista. De hecho, ha sido jefe de campaña de imagen del 1-O y miembro del consejo paralelo al Govern. Soler es conocido por ser un influyente empresario del mundo cultural catalán. Ha participado en la creación de varias empresas o entidades culturales como Grup Cultura 03, que posteriormente fue bautizada como SOM. Ara y Sàpiens Publicacions, entre otras, están participadas por SOM. Además, Soler es responsable de la productora Batabat y del diario gratuito Contrapunt. Hacienda ha pedido los pagos del Govern a todas estas empresas.

El Ejecutivo también pregunta por los pagos de la Generalitat a un ramillete de empresas supuestamente vinculadas a la fundación de ERC, como Origen Televisió, Dilema Comunicació, y Ràdio Fusté. Asimismo, ha pedido los movimientos de efectivo con Agrolimen, el holding de la familia Carulla, propietario de Gallina Blanca. Hacienda también solicita el detalle de los pagos a varios periodistas de Ara. Los Carulla también fueron accionistas de este periódico catalán.

En la lista también figura Pere Soler, el exdirector de los Mossos. Este político está bajo el foco de la Fiscalía que ha pedido su imputación por el papel de la policía autonómica en el 1-O.

El secretario de Estado conmina a la interventora a que le detalle todos los pagos de la Generalitat o del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA) en forma de becas, o pagos por artículos o capítulos de libros, conferencias, seminarios y otros actos de promoción del procés. Entre ellos, destacan una docena de proyectos y publicaciones por los que se abonaron 167.674 euros. Así, por ejemplo, pide información sobre el proyecto Expectativas y efectos de la independencia: Una comparación de Cataluña y Escocia, por el que se pagaron 36.000 euros. En este capítulo, el ministerio demanda información sobre los pagos por los artículos del número 54 de la Revista Catalana de Derecho Público dedicado al proceso soberanista.

El requerimiento alcanza a los pagos a cuatro empresas que contrataron con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información de Cataluña (CTTI) o CESICAT, el centro de inteligencia y de control de información desde el que se impulsaron varias áreas para consolidar el independentismo, como la agencia tributaria catalana. Así la interventora de Cataluña tendrá que informar sobre los pagos realizados por el CTTI a IBM Global Services España, IBM Machines, DXC Technology Spain, y T Systems ITC Iberia.