Hacienda sospecha que el independentismo se financia a través de los ayuntamientos

El viaje en avión de 200 alcaldes independentistas a un acto en Bruselas el pasado martes fue un indicio más. Los regidores aseguraron que se habían pagado de su bolsillo el desplazamiento y que la organización había sido costeada por la Asociación de Municipios Independentistas (AMI). Sin embargo, Hacienda sospecha que parte del dinero procedía del erario público de estos municipios.

El departamento de Cristóbal Montoro, quien aseguró durante meses que no se destinaría ni un euro público al referéndum, investiga ahora cómo se pudo financiar la consulta y el resto de actos vinculados al movimiento independentista. Tras rastrear en la contabilidad de la Generalitat, apenas ha encontrado un par de partidas que ya ha denunciado a la fiscalía. Una de ellas son los 3,43 millones empleados por el Govern en “publicidad, difusión y campañas electorales”.

Pero la financiación del soberanismo va más allá. Por eso, Hacienda presentó el pasado 20 de octubre una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas en la que reclamaba que identificase los recursos públicos que las organizaciones secesionistas ANC y Òmnium habían invertido en el procés. “Debe destacarse el papel principal llevado a cabo en la organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal del denominado referéndum del 1 de octubre por parte de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, que puede implicar el empleo de fondos públicos, de los cuales se nutren sus presupuestos, para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales”, señalaba Hacienda.

Con este requerimiento, la idea de Hacienda es que el Tribunal de Cuentas podrá seguir la pista del dinero público que supuestamente ANC y Òmnium destinaron al secesionismo. Una financiación que, según las sospechas del ministerio, proviene de los 200 Ayuntamientos independentistas que cuentan con un complejo entramado público empresarial. Al escapar de los controles públicos habituales, estas empresas podrían representar la vía por la que se escapa el dinero. En el ministerio creen que tirando de esas pesquisas iniciadas por la fiscalía se podría destapar la supuesta financiación municipal al independentismo: los fondos que sufragaron movilizaciones, urnas, la promoción del referéndum o las fianzas de los políticos encausados.

Factura por factura

El ministerio recuerda que los interventores municipales desempeñan un papel importante a la hora de vigilar los gastos que pudieran estar vinculados al secesionismo. Y apunta a la ley de estabilidad presupuestaria como un instrumento para controlar que las entidades locales no desvíen fondos a estos fines. Sin embargo, estas herramientas tienen difícil impedir que los alcaldes puedan aprobar subvenciones para ese fin. También resulta complicado escrutar todos los desembolsos factura por factura, ya que la tarea de ir municipio a municipio se antoja muy ardua. De ahí que Hacienda haya decidido tirar de uno de los canales por los que el soberanismo centraliza muchos gastos: ANC y Ómnium.