Hacienda sospecha que el independentismo se financia a través de los ayuntamientos

El ministerio investiga si el movimiento soberanista recibe fondos de 200 consistorios independentistas

Hacienda sigue la pista del dinero con el que se están financiando las actividades vinculadas con el desafío secesionista. Aunque tiene intervenidas las finanzas de la Generalitat y controla todos los pagos desde octubre, apenas ha hallado gastos sospechosos. Cree que parte de esta financiación procede de los 200 Ayuntamientos gobernados por alcaldes independentistas. Por eso, está tirando del hilo que proporcionan las pesquisas sobre la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium para investigar a estos consistorios.

Cortes estación AVE Girona en la huelga general del pasado día 8 en Cataluña.
Cortes estación AVE Girona en la huelga general del pasado día 8 en Cataluña. Joan Sánchez (EL PAÍS)

El viaje en avión de 200 alcaldes independentistas a un acto en Bruselas el pasado martes fue un indicio más. Los regidores aseguraron que se habían pagado de su bolsillo el desplazamiento y que la organización había sido costeada por la Asociación de Municipios Independentistas (AMI). Sin embargo, Hacienda sospecha que parte del dinero procedía del erario público de estos municipios.

El departamento de Cristóbal Montoro, quien aseguró durante meses que no se destinaría ni un euro público al referéndum, investiga ahora cómo se pudo financiar la consulta y el resto de actos vinculados al movimiento independentista. Tras rastrear en la contabilidad de la Generalitat, apenas ha encontrado un par de partidas que ya ha denunciado a la fiscalía. Una de ellas son los 3,43 millones empleados por el Govern en “publicidad, difusión y campañas electorales”.

Pero la financiación del soberanismo va más allá. Por eso, Hacienda presentó el pasado 20 de octubre una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas en la que reclamaba que identificase los recursos públicos que las organizaciones secesionistas ANC y Òmnium habían invertido en el procés. “Debe destacarse el papel principal llevado a cabo en la organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal del denominado referéndum del 1 de octubre por parte de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, que puede implicar el empleo de fondos públicos, de los cuales se nutren sus presupuestos, para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales”, señalaba Hacienda.

Con este requerimiento, la idea de Hacienda es que el Tribunal de Cuentas podrá seguir la pista del dinero público que supuestamente ANC y Òmnium destinaron al secesionismo. Una financiación que, según las sospechas del ministerio, proviene de los 200 Ayuntamientos independentistas que cuentan con un complejo entramado público empresarial. Al escapar de los controles públicos habituales, estas empresas podrían representar la vía por la que se escapa el dinero. En el ministerio creen que tirando de esas pesquisas iniciadas por la fiscalía se podría destapar la supuesta financiación municipal al independentismo: los fondos que sufragaron movilizaciones, urnas, la promoción del referéndum o las fianzas de los políticos encausados.

Factura por factura

El ministerio recuerda que los interventores municipales desempeñan un papel importante a la hora de vigilar los gastos que pudieran estar vinculados al secesionismo. Y apunta a la ley de estabilidad presupuestaria como un instrumento para controlar que las entidades locales no desvíen fondos a estos fines. Sin embargo, estas herramientas tienen difícil impedir que los alcaldes puedan aprobar subvenciones para ese fin. También resulta complicado escrutar todos los desembolsos factura por factura, ya que la tarea de ir municipio a municipio se antoja muy ardua. De ahí que Hacienda haya decidido tirar de uno de los canales por los que el soberanismo centraliza muchos gastos: ANC y Ómnium.

Conoce en profundidad todas las caras de la moneda.
Suscríbete

Problemas para Artur Mas por la consulta del 9-N

Las pesquisas se amplían a la consulta ilegal del 9 de noviembre, organizada en 2014 por el Govern dirigido entonces por Artur Mas. El Tribunal de Cuentas ha solicitado a Hacienda información sobre la partida de “Gastos en procesos electorales y consultas populares”, cuyo importe se duplicó respecto al inicialmente previsto, hasta alcanzar casi los 10 millones de euros. De confirmarse esa liquidación todavía en fase de alegaciones, Artur Mas podría tener que responder por casi 10 millones en lugar de los 5,1 que le reclaman más intereses.

Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, se trata de una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas que presentaron las organizaciones Sociedad Civil Catalana y Abogados catalanes por la Constitución. En la liquidación provisional de los presupuestos de 2014 de la Generalitat de Cataluña, se detecta que el crédito inicial de esta partida eran 5,075 millones de euros. Y que este concepto presupuestario se modifica más tarde para subirlo en 5,517 millones de euros. Al final, el gasto efectivamente registrado ascendió a los 9,989 millones de euros. Por eso, la fiscalía pide a Hacienda que indague sobre estos datos "que podrían dar lugar a responsabilidades contables". A su vez, el Ministerio ha solicitado a la interventora de la Generalitat que lo investigue.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS