Hacienda informa a la Generalitat de la intervención oficial de las cuentas

El Ministerio de Hacienda ha notificado a la Generalitat de Cataluña que ha procedido a la intervención oficial de sus cuentas públicas. El departamento que dirige Cristóbal Montoro concedió al Govern un plazo de 48 horas para que decretara un cierre presupuestario de sus gastos con el fin de garantizar que no se destine ningún euro público a organizar el referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo central publicó los detalles de la intervención en una orden ministerial publicada el sábado pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ante la negativa del vicepresidente catalán y consejero de Finanzas, Oriol Junqueras, Hacienda ha decidido tomar las riendas de las cuentas públicas catalanas.

Al mismo tiempo, el ministerio ha aprobado otra orden ministerial en el que explica que "declara la no disponibilidad de créditos" presupuestarios de la comunidad autónoma de Cataluña. De esta forma, evita que se puedan realizar más gastos que los ya comprometidos. Con esta medida espera asegurarse que no llega dinero público para organizar la consulta ilegal. Con este cierre presupuestario de los gastos, Hacienda asume los pagos de los servicios esenciales (sanidad, educación y prestaciones sociales) así como la nómina de los funcionarios. El ministerio cargará estos gastos a cuenta de las entregas mensuales del sistema de financiación, cuantificadas en unos 1.400 millones.

"El acuerdo de no disponibilidad", señala la orden ministerial aprobada este miércoles por Hacienda y que se publicará mañana jueves en el BOE, "alcanzará los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Administración General de la comunidad autónoma o de otras entidades del sector público administrativo, y que tengan por destino otras entidades integrantes del sector público administrativo, por el importe de los créditos declarados no disponibles".

Es decir, que impide nuevos gastos de todo el sector público empresarial. En paralelo, Hacienda ha establecido un férreo control de las operaciones financieras de la Generalitat, obligando a los interventores a que certifiquen que ningún pago de esta administración autónoma está vinculado al procés y en última instancia obligando a los responsables de las entidades bancarias que comprueben que no haya ninguna transferencia de dinero público destinado a la organización del referéndum.

Este polémico armazón legal ha suscitado múltiples dudas legales y técnicas entre los responsables de las entidades financieras. Hacienda rechaza que esta intervención sea una aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución [Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general]. Desde el ministerio explica que la gran diferencia entre las medidas que han adoptado y este artículo de la Carta Magna es que Hacienda permite a la Generalitat decidir en qué gastos puede incurrir, qué pagos puede realizar mientras que con el art. 155 perdería toda la autonomía financiera. Una diferencia muy sutil.