Montoro presenta los Presupuestos de 2018 con guiños electorales a jubilados y funcionarios

Sorber y soplar a la vez. Repartir guiños electorales a los grupos con más capacidad de presión y cumplir con los objetivos que exige Bruselas, bajando el déficit público desde el 3,7% del PIB hasta el 2,2%. En eso consisten los Presupuestos de 2018, presentados en el Congreso por el Gobierno este martes con seis meses de retraso y cuya aprobación aún no está asegurada.

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Para poder cumplir con las metas de austeridad, hay que conseguir un margen de unos 10.000 millones de euros facilitados por el incremento de los ingresos que trae el crecimiento económico. En euros, la recaudación acabará en cifras récord, incluso por encima del pico de la burbuja. Sin embargo, al mismo tiempo el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha propuesto una ristra de medidas que contemplan desde subidas de salarios a los funcionarios hasta incrementos de las pensiones bajas y de viudedad. Estas iniciativas pondrán presión sobre el cumplimiento de las metas de austeridad mientras el Gobierno intenta mantener la recaudación en el entorno del 38% del PIB, uno de los niveles más bajos de la zona euro.

Aun así, pese a todos estos caramelos presupuestarios, el gasto crecerá menos que el PIB más la inflación y, por tanto, caerá a mínimos de una década: el 40,5% del PIB. El Estado del Bienestar seguirá disminuyendo en proporción a la riqueza nacional pese al crecimiento del gasto en pensiones, que cada vez absorbe más recursos y que acentúa el sesgo del gasto público hacia los grupos de mayor edad. 

Durante la rueda de prensa, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha declarado que la deuda pública bajó el año pasado hasta el 98,3% del PIB frente al 100% que llegó a tocar. "Esa es la política que se debe seguir haciendo en los próximos años", ha dicho. Sin embargo, la Comisión Europea ha alertado de que el endeudamiento apenas se recortará en los próximos años, y probablemente no vea con buenos ojos una batería de medidas que no ayudará en ese sentido: una subida de sueldos de funcionarios y una ampliación del empleo público cuyos costes están por determinar pero que beneficiarán a 3,1 millones de trabajadores de todas las Administraciones. Se bajará impuestos en unos 2.000 millones al disminuir el IRPF para rentas entre 12.000 y 18.000 euros; entregar ayudas para guarderías y para discapacitados a cargo, y recortar el IVA del cine del 21% al 10%. El incremento de las pensiones bajas y de viudedad se llevará otros 1.000 millones. El inicio de la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad supondrá unos 600 millones. El complemento salarial para jóvenes costará unos 500. Y 60 se destinarán a ampliar una semana el permiso de paternidad hasta las cinco.

Por políticas de gasto, la principal partida son las pensiones, que suben un 3,7%, unos 5.188 millones de euros más hasta los 144.834 millones, frente a un incremento de las cotizaciones del 5,4% para tocar los 129.736 millones. Esta relación entre ingresos y desembolsos debería permitir una leve reducción del déficit del sistema, pero incluso así hará falta tomar prestado del Estado 15.164 millones. "La Seguridad Social es una parte más del Estado, está asegurada por el Estado y no está quebrada. Ahora que mejora el empleo, están más aseguradas que cuando se ponía en duda la financiación de España", ha afirmado Montoro. El titular de las finanzas públicas incluso ha garantizado que los menores de 40 años tendrán una pensión. Eso sí: no especificó cuál sería la cantidad respecto al salario medio o que el problema reside entre los años 2020 y 2040, cuando aproximadamente se jubila el baby boom. 

La partida de infraestructuras crece un 16,5%, unos 800 millones más que sitúan este capítulo en los 5.768 millones. De los casi 16.000 millones que se dedicarán a inversiones entre todos los Ministerios, unos 4.000 no serán regionalizables, y la partida de Cataluña crecerá un 16,8%, dentro de la media nacional, según ha aclarado Hacienda. La rúbrica de Defensa experimenta un alza del 6,9%, alcanzando los 8.087 millones para poder hacer frente a compras de armamento. Seguridad ciudadana obtiene un aumento del 6,4% con el fin de abonar el primer tramo de la equiparación salarial.

Aunque luego en realidad no se ejecuta todo el gasto previsto, las políticas de I+D se elevan un 8,3% y contemplan un total de 7.044 millones. Y otro tanto ocurre con Sanidad, que recibirá 46 millones más para la dependencia pese a que dejó sin desembolsar 44 millones el año pasado. Educación consigue una mejora de 50 millones de euros para becas. Además, las Administraciones territoriales dispondrán de 4.248 millones más para sus arcas.

Pero no todo son aumentos. El presupuesto también recoge caídas en partidas de tamaño considerable y que en parte descienden por la recuperación económica: del 3,4% en el desempleo hasta 17.702 millones; del 1,9% en intereses de la deuda a 31.557 millones, y del 15,4% en la gestión de la Seguridad Social, que queda en 3.467 millones.

Respecto a la pregunta sobre si son procíclicos y por tanto no ayudan a corregir los excesos de deuda, Montoro ha contestado que la intención es que sea neutral. Sin embargo, a juicio de los expertos, este es el momento de aprovechar la bonanza económica para bajar el déficit y la deuda del sector público.

Para que cuadren las cuentas, por una parte los ingresos consolidados del Estado incluyendo la Seguridad Social subirán un 4,6%, situándose en los 293.200 millones. Los ingresos exclusivamente tributarios se elevan un 6% hasta los 210.015 millones, un aumento que los analistas consideran levemente inflado al rebajar impuestos y no subir mucho los salarios del conjunto de la economía, tal y como explica María Jesús Fernández de Funcas. También está por ver en qué ejercicio se contabilizan finalmente los 4.000 millones que se ingresaron mediante el Sistema Inmediato para recaudar el IVA y que podrían tener que sustraerse de los ingresos de este año.

Y todo ello con el objetivo de mantener en el 38% del PIB los ingresos totales, como ha reconocido durante la rueda de prensa Montoro. Era el nivel medio que se registró en la anterior época en la que gobernó el PP, ha destacado. Y ha añadido que eso está permitiendo la salida crisis y la creación de empleo.

Por el lado de los desembolsos, el gasto consolidado, que incluye pensiones, subirá un 3%, ligeramente por debajo de lo que crecerá el PIB nominal, esto es: un 4,3% incluyendo la inflación. De modo que alcanzará los 327.955 millones. Esta cifra no contempla los gastos de Comunidades y entidades locales. Es decir, pretende aumentar gastos y bajar deuda sin tocar los impuestos. Muchos expertos cuestionan que se pueda preservar un Estado del Bienestar con estándares europeos sin subir la presión fiscal más allá del 38%.

"Los grupos políticos tienen que asumir su responsabilidad y apoyar unos presupuestos que afectan a 13 millones de personas", ha pedido el ministro Montoro, consciente de la minoría del PP para aprobar estas cuentas en el Congreso, solo con el respaldo de Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Según los datos que ha brindado el Gobierno, tres de cada cuatro pensionistas se beneficiarán de estas medidas presupuestarias, 3,5 millones de trabajadores y pensionistas que cobran entre 12.000 y 18.000 euros tendrán una rebaja media de 440 euros en el IRPF y 3,1 millones de empleados públicos obtendrán un alza salarial del 1,75%. El ministro de Hacienda ha esgrimido estas cifras para intentar presionar a PNV y PSOE.