El préstamo para pagar pensiones crece hasta los 15.164 millones

La Seguridad Social seguirá teniendo un desfase abultado entre ingresos y gastos este año a pesar de que la recaudación por cotizaciones sobre el empleo crece incluso por encima de lo que se ha presupuestado. Pero el Gobierno tiene la firme voluntad de no agotar el Fondo de Reserva como puede deducirse del proyecto de presupuestos presentado para 2018. Para evitarlo -y eludir los titulares y el desgaste político que lleva aparejado- ha incrementado un casi 50% el crédito que ya extendió el año pasado para pagar pensiones.

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En 2017, el préstamo ascendió a 10.120 millones y se consumió en su totalidad. Para este año, el dinero que se pondrá a disposición de la Seguridad Social ascenderá a 15.164 millones. Como el año pasado, el crédito no será suficiente para cubrir el desfase y el Ministerio de Empleo recurrirá al Fondo de Reserva, pero en una cantidad mucho menor: 3.826 millones. Esto supone que la hucha de las pensiones no se consumirá si los presupuestos se cumplen.

Según los números que ha presentado el ministro de Hacienda este martes, la Seguridad Social ingresará este año 129.736 millones procedentes de fuentes de ingresos no financieras. De estos, la mayor parte llegarán de cotizaciones, en concreto, 114.916 millones, lo que supone un incremento del 5,4% sobre la liquidación provisional del año pasado.

En el capítulo de los gastos, el instituto previsor desembolsará 148.832 millones, un 4% respecto del año anterior. Esto supone que el desfase entre unos y otros es de casi 18.650 millones, una cantidad similar a las de los dos años anteriores (aunque menor si se mide respecto al producto interior bruto). Esta cantidad es algo inferior a la suma del crédito habilitado por los presupuestos más la extracción prevista del Fondo de Reserva (18.990 millones).

Todos estos números se refieren exclusivamente al sistema de pensiones de la Seguridad Social (contando también sus gastos de administración y la atención por accidentes de trabajo). Si se toman solo las pensiones, el desembolso es de 127.110 millones. No obstante, las pensiones contributivas no son las únicas que paga el estado español, que también se hace cargo de las de los funcionarios y de las no contributivas. La suma de todas ellas asciende a 144.834 millones, un 3,7% más que el año pasado o casi 5.200 millones si se mide en dinero.

En todas estas cifras está incluido el aumento de las pensiones mínimas y de viudedad se traducirá en un incremento medio anual de 250 euros y de 450 euros respectivamente. Es decir, si se dividen en 14 pagas (12 mensualidades y dos extraordinarias) los pensionistas que se beneficien de estos incrementos, verán como su nómina mensual crece en 17,8 euros y 32,1 euros, según perciban una prestación mínima o de viudedad. Esto supone un aumento mayor al fijado en enero para 5,75 millones de pensionistas, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Después de cuatro años subiendo un 0,25%, en 2018 las pensiones mínimas y aquellas que no pagan IRPF subirán más finalmente. Cuánto está en función de si la pensión es mínima o no. Si lo son, la subida será del 3%. Lo mismo que lo harán las no contributivas. Si la pensión no es mínima, pero es de 700 euros mensuales o menos, el incremento será del 1,5%. Y si se sitúa entre 700 y 860 euros, el incremento se quedará en el 1%.

Las pensiones que estén por encima de esta cantidad, cuyo límite se sitúa en el umbral en que se empieza a pagar el impuesto de la renta, seguirán con el incremento del 0,25%, que fija el índice de revalorización. Este índice sigue vigente aunque, evidentemente, este año la ley presupuestaria realiza una aplicación selectiva de esta norma. 

Para las de viudedad, la mejora llega principalmente por el incremento del porcentaje que se toma sobre la base reguladora (la referencia sobre la que se calcula la pensión definitiva). Esta sube del 52% al 54% para aquellas viudas, la mayoría son mujeres, que tengan más de 65 años y no perciban dos prestaciones. Esto, en realidad, es un desarrollo acelerado de una medida ya prevista en la reforma de pensiones de 2011, que contemplaba el incremento anual de ese porcentaje de la base reguladora del 52% al 60% hasta 2020. Esta subida ha estado paralizada hasta ahora.

Este incremento adicional, superior al previsto inicialmente por el Gobierno (el Ejecutivo subió en enero un 0,25% todas las pensiones), supondrán 1.097 millones de euros más para el presupuesto de la Seguridad Social.