La UE incluye tres países y saca otros tres de su ‘lista negra’ de paraísos fiscales

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE han aprobado este martes incluir en su lista negra de paraísos fiscales a Bahamas, las islas Vírgenes de los Estados Unidos y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves. A la vez, han acordado sacar de la misma a Baréin, Santa Lucía y las islas Marshall. La primera lista de este tipo de la UE fue aprobada en diciembre 2017 con un total de 17 países, pero en enero se redujo a nueve, cifra en la que permanecerá tras los cambios adoptados este lunes por la salida de ocho jurisdicciones el pasado enero.

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Para elaborar la la lista negra, la UE evaluó el nivel de cooperación en materia fiscal de 92 jurisdicciones e instó a aquellas en las que detectó prácticas que favorecen la evasión de impuestos u opacidad fiscal a presentar compromisos de cambio en sus regímenes para evitar entrar en la lista.

En el primer documento de la UE, en diciembre, aparecían apenas 17 jurisdicciones no cooperativas: no estaba Suiza, paraíso de todos los paraísos, o Bermudas, o las islas del Canal de la Mancha, una suerte de cloaca de la City de Londres. En enero quedó reducida a nueve nombres; ni siquiera estaba entonces ya el país de los tristemente famosos Papeles de Panamá, en los que figuran varias grandes fortunas españolas con pocas ganas de pagar al fisco. Una filtración masiva de documentos internos de la UE a la que tuvo acceso EL PAÍS reveló lo que ya era un secreto a voces. Además de insuficiente, esa lista se elaboró con la máxima opacidad, con criterios muy discutibles y con fuertes presiones de Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda e, incluso, Francia para suavizarla o sacar directamente del listado a algunos aliados naturales.

En diciembre, la UE concedió a Bahamas, las islas Vírgenes estadounidenses, San Cristóbal y Nieves, Anguila, Antigua y Barbuda, las islas Turcas y Caicos, Dominica y las islas Vírgenes británicas una prórroga para presentar estos compromisos por el impacto que sufrieron debido al huracán Irma que arrasó el Caribe. Tras finalizar la prórroga en febrero y analizar las propuestas presentadas, los expertos europeos han concluido que Bahamas, las islas Vírgenes estadounidenses y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves deben entrar en la lista negra.

Bahamas "facilita la creación de estructuras offshore [opacas] y acuerdos con el fin de atraer beneficios sin sustancia económica real" y San Cristóbal y Nieves tienen un régimen fiscal preferencial "perjudicial", según apunta el documento aprobado por los ministros. Las islas Vírgenes estadounidenses, por su parte, además de tener un régimen perjudicial, no han firmado los acuerdos internacionales de intercambio automático de información y no aplica los relativos al traslado de beneficios y erosión de la base imponible (BEPS).

Ninguno de estos territorios se ha comprometido a aplicar cambios, algo que sí han hecho Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica y las islas Vírgenes británicas, que pasarán a engrosar la denominada lista gris, en la que se encuentran ya otras 55 jurisdicciones que se comprometieron a hacer modificaciones.

Los ministros también han aprobado que salgan de la lista negra y entren en la gris Baréin, Santa Lucía y las islas Marshall tras haber firmado compromisos a "alto nivel político" para enmendar su legislación. El cumplimiento de los compromisos se revisará periódicamente y las listas se actualizarán en consecuencia. "Me alegra ver que más jurisdicciones de aquellas que introdujimos en la lista en diciembre se han comprometido a reformar sus políticas fiscales de modo que remedien nuestras preocupaciones", ha dicho en un comunicado el ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

El político búlgaro llamó a otras jurisdicciones a hacer lo propio y a las que han hecho compromisos a "implementarlos a tiempo". En enero la UE sacó de la lista a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez, una decisión que le generó críticas por su laxitud, si bien la UE siempre ha defendido que el objetivo no era penalizar a los países sino precisamente incitarles al cambio.