Sostenibilidad de las pensiones

La llamada hucha de las pensiones fue pensada en el Pacto de Toledo en 1995 para afrontar el valle demográfico del final del baby boom y el desplome de nacimientos en los años ochenta. Tras pinchar la burbuja en 2007 y hasta 2011, el sistema público de pensiones perdió unos dos millones de empleos a tiempo completo, la mayoría del sector de la construcción o auxiliares. Aún así, en 2011 los ingresos de la Seguridad Social eran iguales a los gastos y la hucha permanecía intacta.

Más información

La oposición forzará a Rajoy a debatir el futuro de las pensiones en el Congreso

¿Pueden los pensionistas lograr que las pensiones suban más del 0,25%?

Miles de jubilados de toda España se manifiestan para reclamar “pensiones dignas”

En 2012 llegó el rescate a la banca, la restricción de crédito extrema y muchas empresas españolas, endeudadas para sobrevivir a tipos de interés próximos al 10%, tuvieron que destruir otro millón de empleos y bajar significativamente los salarios. La intervención in extremis de Mario Draghi en el BCE evitó que España saliera del euro y su programa de compra de deuda ha conseguido reducir la restricción de crédito y el coste del mismo.

Pero la reforma laboral del PP de 2012 rompió el cordón umbilical de la negociación colectiva y el peso de los salarios sobre PIB no ha parado de caer desde entonces. En 2017 el sistema público de pensiones tuvo unos ingresos similares a los de 2011, pero los gastos crecen por aumento del número de pensiones y de su pensión media, a pesar de que el Gobierno ha congelado las pensiones desde entonces. Esto es la causa del agujero de 19.000 millones y por eso se ha vaciado la hucha de las pensiones que tardamos diez años en llenar y que ya no estará disponible para afrontar el reto demográfico de la próxima década.

La sostenibilidad de un sistema de reparto depende de cuatro variables: número de años que cobramos pensión, salario medio, productividad media y pensión media. La reforma de 2010, el PP votó en contra, aprobó retrasar la edad de jubilación a 67 años para reducir el número de años que cobramos pensión. Tras la reforma del 2013 todo el ajuste para garantizar la sostenibilidad del sistema la soporta la pensión media. Además, con un impuesto perverso como es la inflación que afecta por igual a los 3 millones de pensionistas seiscientoseuristas que a las pensiones máximas.

Una solución a corto plazo es que los salarios corrijan la desviación con respecto a la productividad media, una anomalía histórica. La subida del salario mínimo que comenzó el pasado año ayuda, pero es necesario recomponer un sistema de negociación colectiva que reparta mejor el crecimiento del PIB entra el capital y el trabajo.

Pero la mayor amenaza para nuestro sistema de pensiones es que la productividad vuelve a estar estancada, algo que ha sucedido en los 14 años que ha gobernado las PP. En 2017 la inversión pública sobre PIB registró su menor nivel desde 1980. Y la brecha en inversión en I+D+i con Europa ha retrocedido a máximos no vistos desde 2003. O empezamos a crear empleos de calidad en la era de la tecnología global y apoyamos al ecosistema de innovación para que se expanda o los siete millones de pensionistas seguirán empobreciéndose lentamente.