El Gobierno prepara un plan b por temor a que persista el bloqueo a los Presupuestos

Donde el Gobierno solo veía problemas por la prórroga presupuestaria —justificaba que no podía subir el sueldo a los empleados públicos, no podía revisar las pensiones más bajas, debía congelar la financiación de comunidades y aplazar inversiones— ahora vislumbra ventajas. Así lo han trasladado algunos ministros a empresarios en reuniones celebradas en los últimos días.

La economía no está perdiendo fuelle a principios de este año, como auguraba la mayor parte de casas de analistas. Cataluña se recupera de un trimestre convulso por el desafío secesionista y se ha vuelto a colocar en el pelotón de cabeza del crecimiento. Las corrientes que llegan de Europa, con los mejores datos en una década, son el nuevo viento de cola para la economía.

A pesar de este buen clima para los negocios, en el terreno político no se despejan los nubarrones. El Ejecutivo ve cada vez más complicado sacar adelante los Presupuestos de 2018. Se le acumulan los problemas, las secuelas del caso Gürtel, la encrucijada catalana, la pérdida de apoyo en las encuestas... El Gobierno constata como algunos partidos de la oposición demoran reuniones para pactar las cuentas de 2018.

Ciudadanos ha puesto un punto y seguido a las negociaciones. Aunque ya escenificó un acuerdo a finales del año pasado, va sumando nuevas exigencias conforme se siente más fuerte, protestan en el Ejecutivo. El partido de Albert Rivera ha advertido al Gobierno que no respaldará la ley de Presupuestos a menos que se aparte a la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica. "No seguiremos adelante si el PP no aparta a la imputada que tiene en el Senado. Es importante que el PP cumpla sus compromisos", avisa José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja. Desde el Ejecutivo creen que Ciudadanos quiere exprimir el buen momento que vive tras las elecciones catalanas. Creen que Rivera querrá apropiarse de las medidas más populares de los Presupuestos y escenificar su fuerza doblegando a Rajoy en algunos temas.

El PNV tampoco da su brazo a torcer. En los últimos meses, los nacionalistas han avisado de que no pactaran con el Ejecutivo mientras mantenga la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "El PNV no negociará hasta que Catalunya tenga instituciones legítimas y legitimadas", aseguró en diciembre Andoni Ortuzar, presidente del PNV. Y el horizonte en Cataluña no termina de despejarse tras las elecciones del 21-0.

En esa tesitura, el Gobierno ha señalado en rojo el 31 de marzo. El plan sigue siendo presentar las cuentas antes pero si el bloqueo persiste, considerará las negociaciones concluidas. A partir de ese día tendrá que iniciar los trámites para elaborar las cuentas de 2019: tendrá que elaborar el techo de gasto y definir los objetivos presupuestarios de deuda y déficit público, porque le obliga Bruselas. Y en septiembre debería presentar el nuevo proyecto económico para el próximo año.

Decreto para subir el sueldo a los funcionarios

Las cuentas de Moncloa son claras: la tramitación de los Presupuestos en el Congreso dura tres meses. Presentarlos más allá de abril supondría que tendrían una vigencia de solo cuatro o cinco meses con el verano de por medio. "El año pasado aprobamos los Presupuestos el 31 de marzo y en las Cortes se aprobó a finales de junio, lo ideal sería que esas fechas se pudieran adelantar", señaló el presidente Rajoy la semana pasada.

En estas circunstancias, el ministro Cristóbal Montoro se prepara para un año entero sin cuentas públicas. Es su plan b si el Gobierno no reúne los apoyos. Cree que la economía puede seguir creciendo con el piloto automático. Si el escenario se confirma, no descarta aprobar un decreto a mitad de año para sacar adelante algunos asuntos pendientes, como la subida del sueldo de los funcionarios más allá del 1%, aprobar una oferta pública de empleo, impulsar la dependencia, un plan contra la violencia de género y una rebaja fiscal ya pactada con Ciudadanos. Además, podría activar algún mecanismo para que la financiación de las autonomías no se viera perjudicada por la prórroga presupuestaria. Esta estrategia sería como dar una patada a la pelota y aplazar el problema un año. Para el próximo, donde coincidirán autonómicas, locales y europeas, y donde se abre el ciclo electoral, ya encontrarán otra solución. O no.