Rajoy y Sánchez acuerdan negociar pactos de Estado sobre financiación autonómica y política del agua
Los dos líderes establecen contactos para desbloquear asuntos claves de la legislatura
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez apuestan por que el PP y el PSOE negocien dos grandes pactos de Estado: financiación autonómica y política del agua. Ambos asuntos separan a las dos formaciones y también provocan división interna en cada una de ellas, según los intereses territoriales de sus representantes. Pero estos fueron los temas que trataron los dos líderes la semana pasada, según confirman fuentes de ambas partes, que reconocen el mutuo interés en avanzar en pactos imprescindibles para millones de ciudadanos. No hay posibilidad de acercamiento en los Presupuestos y están muy lejos acuerdos en educación y pensiones.
Casi 15 meses después de empezar la legislatura, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que continuar con la parálisis política supone un suicidio para su partido. Las restricciones en la acción legislativa fueron así desde el comienzo de su nuevo mandato, habida cuenta de que con 137 diputados como único apoyo seguro es imposible sacar adelante cualquier iniciativa. Cada paso tiene que ser asistido por Ciudadanos y por otros partidos si se trata de leyes orgánicas que requieren mayoría reforzada. El fracaso del PP en las elecciones de Cataluña del 21 de diciembre ha sido un aldabonazo en el partido, que mira a Rajoy para que, desde el Gobierno, recupere terreno. Por tanto, el presidente se va a volcar en tratar de persuadir a distintos grupos para llegar a acuerdos. Y el PSOE fue y es el objetivo más deseado.
La crisis por el secesionismo en Cataluña ha forjado una nueva relación entre Rajoy y Sánchez. Las conversaciones entre ellos son muy frecuentes e incluso también las reuniones en La Moncloa. La pasada semana mantuvieron una reunión que, según fuentes oficiosas, se produjo en la presidencia del Gobierno. Otras fuentes oficiales se quedan en que “conversaron” para eludir la confirmación de la reunión que hubo cara a cara.
El alcance de lo tratado es relevante ya que ambos políticos mostraron su disposición a trabajar muy en serio para alcanzar un acuerdo en financiación autonómica y en política del agua.
Estos dos grandes temas fueron señalados por Sánchez después de que el jefe del Gobierno le pidiera que manifestara con claridad sobre qué asuntos creía posible alcanzar acuerdos, según corroboran ambas partes.
Los dos principales partidos de España tienen en estos momentos intereses compartidos. Con sus expectativas electorales erosionadas por la competencia de Ciudadanos y de Podemos, tanto Rajoy como Sánchez quieren demostrar su capacidad para tomar decisiones que afecten a la vida de los españoles. Y con unas elecciones municipales y autonómicas el próximo año, tanto la financiación autonómica como el pacto del agua son asuntos de la máxima importancia para las dos formaciones, máxime cuando los líderes territoriales del PSOE y del PP empiezan a esgrimir que, además de Cataluña, existen otras comunidades autónomas cuyos problemas se deben afrontar. A modo de reproche se escuchan voces críticas con el exceso de atención a Cataluña. De hecho, el pacto para la financiación autonómica es exigido desde hace meses por el PSOE, los presidentes socialistas y algunos de los más relevantes gobernantes territoriales del PP.
“Yo ahora quiero pactar con el PSOE, porque lo dice el sentido común”, explicó el presidente del Gobierno durante el mitin que protagonizó el sábado en Sevilla. “Primero, porque es bueno para España, segundo, porque con 137 diputados no podemos sacar adelante el modelo, y tercero, porque el PSOE gobierna en muchas comunidades autónomas y no se puede aprobar un modelo contra muchos Gobiernos autonómicos”, añadió. Y subrayó: “Estoy dispuesto a sentarme con el PSOE, pero no con una parte, yo tengo que pactar con todo el PSOE porque es mi obligación (...) Si quieren modelo de financiación, aquí estoy, pero necesito sus votos”.
“Cuando Ximo Puig [presidente socialista de la Comunidad Valenciana] defiende la financiación autonómica tiene todo el apoyo de la Ejecutiva federal”, respondió ayer Pedro Sánchez en un mitin en Valencia. “Nosotros volvemos a tender la mano”, continuó el líder de los socialistas en referencia a Rajoy.
Oposición útil
El PSOE está dispuesto a llegar a acuerdos con el Gobierno sobre los elementos estructurales de país con el fin de llevar a cabo una oposición útil y de Estado.
Discrepancias sobre la reforma constitucional
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez abordan la posibilidad de una reforma constitucional de maneras diferentes.
El secretario general del PSOE pretende entrar en ella en el segundo semestre del año y a través de la comisión parlamentaria sobre el estado de las Autonomías. Por su parte, el líder del PP aguarda a que primero se desgranen las opiniones de los expertos convocados como comparecientes antes de llegar a la conclusión indefectible de que hay que reformarla. Los consejeros de Rajoy afirman que antes de plantear una reforma es necesario que el resto de partidos especifiquen qué es exáctamente lo que quieren reformar.
Tanto en esta cuestión como en la de la financiación autonómica o el pacto del agua, los dos partidos tienen que preocuparse de algo más que los contenidos.
Así, tanto Rajoy como Sánchez deberán explicar cualquier acuerdo para que sus respectivos electores asuman la necesidad de esos pactos.
En ese terreno, el PSOE tiene más dificultad, ya que Podemos no solo critica sino que denuncia cualquier acuerdo de Pedro Sánchez con Mariano Rajoy.
“Ante esta parálisis, nosotros estamos para echar una mano”, subrayan fuentes cercanas al secretario general.
El líder del PSOE presentó hace días el documento Diez acuerdos de país —sobre pensiones, educación, industria, agua, ingreso mínimo vital, empleo, igualdad de género, financiación autonómica local y nuevo pacto constitucional— cuyo contenido quiere perfilar en este primer semestre del año en diálogo con los colectivos sociales y sindicatos y con numerosos actos públicos con los militantes. Sus propuestas las convertirá en iniciativas parlamentarias abiertas al consenso con el resto de grupos políticos del Congreso y el propio Gobierno.
Sobre la base de estas diez prioridades, la dirección de Sánchez ve viable un acuerdo de Estado con el Ejecutivo en materia de financiación autonómica y local y en política de agua, como le indicó la semana pasada a Rajoy. Ahora es el presidente del Gobierno quien tiene que concretar su oferta de financiación para las comunidades autónomas, que esperan desde 2014 a que se actualice el modelo. No va a ser fácil, porque los intereses a aunar son múltiples y exigen el concurso de los presidentes autonómicos.
La propuesta del PSOE en materia de financiación autonómica pasa por garantizar la autosuficiencia económica de las comunidades para blindar el Estado del Bienestar, y porque el modelo incorpore nuevos indicadores como la tasa de paro además de la dispersión, el envejecimiento de la población y la despoblación de los territorios.
Estos principios generales los conoce el Gobierno, que también tiene la información de las demandas de los presidentes autonómicos, que, a su vez, están organizándose entre ellos.
También están claras las discrepancias en materia de agua. De nuevo hay principios generales asumidos por los socialistas por las graves dificultades que sufren la España interior y el medio rural, como priorizar la gestión unitaria e integral del ciclo hidrológico. Pero la manera de llevarla a cabo marca la diferencia entre territorios y no tanto entre partidos.
Además, la dirección de Sánchez está abierta además a consensuar un pacto educativo con el Gobierno, que ahora se discute en una comisión parlamentaria. Al final, la decisión será política, una vez que el PSOE calibre si hay bases suficientes para explicar a sus potenciales electores que el pacto merecería la pena. La última vez que se intentó un gran acuerdo en la materia gobernaba el PSOE. Se avanzó mucho pero, al final, el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, decidió romper las conversaciones que dirigía el ministro de Educación socialista, Ángel Gabilondo. Actualmente, en el PSOE reina el escepticismo en las posibilidades del acuerdo, por mucho que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se resista a tirar la toalla.
En la cúpula socialista también descartan un acuerdo con el PP sobre las pensiones. Primero, porque el diálogo del Ejecutivo con los agentes sociales está “en punto muerto”, pero además porque su propósito es derogar la reforma de 2013 y que los bancos paguen parte del déficit de la Seguridad Social a través de un recargo del Impuesto de Sociedades de ocho puntos porcentuales. El Gobierno rechaza esa fórmula y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha empezado a esbozar su propio proyecto para la reforma del sistema.
¿Debe continuar el trasvase desde el Tajo?
Las direcciones de PP y PSOE tienen muy difícil conseguir una respuesta unitaria de sus líderes regionales a esta pregunta: ¿debe continuar el trasvase desde el Tajo al Segura? En Castilla-La Mancha, de donde sale el agua, piden el fin de ese trasvase; en Murcia, una de las comunidades que la reciben, lo ven irrenunciable. El trasvase está paralizado desde mayo, aunque en octubre se produjo una cesión puntual entre regantes. Está parado porque los embalses de la cabecera del Tajo tienen tan poca agua que la ley impide trasvasar. Cuando se recuperen volverá, si no cambia la normativa.
La ejecutiva de los socialistas aprobó en noviembre un documento en el que sacaba pecho sobre la decisión que tomaron en 2004 —con Cristina Narbona de ministra— de anular el proyecto del trasvase del Ebro ideado por el PP. El Tajo no se menciona. Solo se apuesta por la “revisión de operatividad a medio y largo plazo” de los trasvases. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ya ha dicho que si se quiere un pacto nacional se debe cerrar antes un consenso entre Valencia, Murcia (donde socialistas y populares defienden el trasvase) y su comunidad. En el seno del PP también hay división. El Ministerio de Medio Ambiente prevé iniciar en breve los contactos con los partidos. Quiere cerrar el pacto en verano. La negociación se hará en un contexto de sequía extrema, con los embalses con el nivel más bajo desde 1995.
¿Qué hacer con la deuda de las regiones con el Estado?
La letra pequeña del actual sistema de financiación autonómica dice que el modelo debía revisarse en 2014. Cuatro años después aún no hay fecha para el nuevo sistema, que debería garantizar a las comunidades los recursos suficientes para prestar los servicos públicos con, al menos, la misma calidad que en 2009, el punto álgido de la financiación regional.
El principal escollo está en definir la “suficiencia”, cuántos recursos tiene que aportar el sistema para garantizar la calidad en la prestación de servicios esenciales como la sanidad, educación, prestaciones sociales y la dependencia. Los expertos que han elaborado la propuesta de reforma del sistema calculan, con datos de 2015, que son necesarios hasta 16.000 millones adicionales. En la actualidad, con los fondos actuales, las necesidades se reducirían a la mitad. Pero, a diferencia de otras ocasiones, el Gobierno no está dispuesto a poner más dinero sobre la mesa.
El segundo gran debate consiste en qué hacer con la deuda que las autonomías mantienen con el Estado. Desde 2012, el Gobierno ha inyectado más de 170.000 millones a las comunidades a través del plan de pago a proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Algunos presidentes regionales como el de Valencia, Murcia, Baleares o Castilla-La Mancha defienden una quita de la deuda autonómica con el Estado. Algo que no comparten Canarias, Galicia o Madrid.
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