Las reticencias de España complican el acuerdo europeo sobre trabajadores desplazados

La Unión Europea se prepara para acabar con el uso perverso de la libre circulación de trabajadores por parte de determinadas empresas. Los ministros comunitarios del ramo se verán las caras hoy en Luxemburgo en busca de un pacto que acerque las condiciones de los trabajadores desplazados a las de los locales. O lo que es lo mismo, igualar al albañil llegado de Cracovia a Lyon para trabajar en una obra con su compañero que ya reside en la ciudad y realiza la misma labor por el doble de salario. Las discusiones tratarán únicamente la mejora de la situación de aquellos a los que su compañía envía a otro Estado miembro durante un período de tiempo limitado. El objetivo es acabar con el atractivo ahorro que supone para las empresas importar trabajadores con menos derechos sociales debido a su menor coste.

La directiva actual, que data de 1996, antes de la expansión de la Unión al este, obliga a que los desplazados cobren al menos el salario mínimo del país de acogida y se beneficien de los descansos, vacaciones y normas de seguridad e higiene que recoge su legislación. Pero esas ventajas, en ciertos casos, distan mucho de equipararlos con los trabajadores del país al que llegan: la Comisión Europea cifra en el 50% el ahorro por trabajador que pueden obtener algunas empresas al contratar un empleado procedente del este del continente en lugar de uno local. Eso ha generado un auge de la competencia desleal, con compañías estableciéndose en países como Polonia —el principal emisor— para enviar flotas de trabajadores desde allí con las que cubrir vacantes en Alemania, Francia o Bélgica —los países que más empleados de este tipo reciben— con mano de obra barata, sobre todo en la construcción. "El mercado interno no es una jungla", ha advertido a este diario la comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, partidaria de poner orden con la nueva regulación.

La posición de Bruselas tiene el apoyo de socios como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica o Austria. Pero el pacto tendrá que vencer la resistencia de una decena de países, principalmente del este (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía), pero también de España, Portugal o Irlanda. En el caso de España, busca obtener garantías de que el sector del transporte no se verá afectado. "No queremos que la nueva directiva nos expulse del mercado", señalan fuentes diplomáticas españolas, contrarias a la actual redacción del documento. El acuerdo requerirá por tanto de un complejo juego de equilibrios. "Sabía que no iba a ser un paseo por el parque", admite Thyssen, pese a todo optimista ante la posibilidad de que los ministros fijen este lunes una posición común.

España ha recogido la inquietud del sector del transporte, que exige que la directiva no se aplique a sus trabajadores. Les preocupa la elevada carga burocrática derivada de lidiar con las leyes de los países que atraviesan los camioneros. La española Asociación del Transporte Internacional por Carretera ha pactado con otras 13 organizaciones europeas su rechazo a la reforma. "Los transportistas europeos pueden llegar a atravesar, en una sola jornada, tres y cuatro fronteras de estados miembros, por lo tanto carece de lógica aplicar una normativa diseñada para trabajadores que realizan su actividad durante meses o años en un Estado distinto al de origen del trabajador", lamentan en un comunicado. Y añaden sobre sus consecuencias: "Las empresas de transporte internacional deberán lidiar con hasta 20 legislaciones nacionales diferentes y hasta 50 niveles de salario mínimo, lo que tendrá una repercusión especialmente negativa en las pymes".

Francia, que en 2015 recibió a más de 285.000 trabajadores desplazados, ha sido el gran impulsor del cambio legislativo. El año pasado el entonces primer ministro, Manuel Valls, amenazó con dejar de aplicar la directiva ante los numerosos casos de dumping social, y el tema ha estado presente durante la reciente campaña presidencial. Marine Le Pen prometió suprimir la ley por "dar prioridad a los extranjeros", y Macron ha abogado por su reforma para acabar con un marco que si bien favorece la contratación de foráneos, también —y eso lo omite el discurso de Le Pen— permite la explotación de los asalariados más frágiles, que a menudo comen en sus furgonetas de matrícula española o duermen en naves mientras remodelan una tras otra tiendas de ropa o colocan azulejos y sistemas de aire acondicionado en edificios renovados.

Macron, escudado tras el lema de una Europa que protege, parece haber dado el empujón definitivo a la ley. El presidente estima que la equiparación de los desplazados con los empleados locales hará más justo el mercado laboral y despojará de argumentos a la extrema derecha. "La competencia desleal hunde los salarios, y los populistas se aprovechan de la mala regulación europea", afirmó en la reunión de jefes de Gobierno del viernes en Bruselas. Allí dedico un encuentro bilateral al margen de la cumbre a convencer a Rajoy de la importancia de sellar el acuerdo, una muestra más de la enorme importancia que ha concedido a la reforma de la directiva, para la que ya estuvo buscando aliados en su gira por países del este del pasado agosto.

La lucha contra la competencia, en ocasiones ilegal, de estos trabajadores low cost frente a los empleados franceses ya ha generado miles de multas en Francia por contrataciones con salarios por debajo de lo que marca la actual ley. También situaciones colindantes con la xenofobia como la llamada cláusula Molière implantada en febrero en la región de Auvergne-Rhône Alpes, por la cual las empresas que trabajan con dicha administración deben contratar personal que hable francés bajo la amenaza de multas de hasta el 5% del montante de la licitación. El Gobierno francés reaccionó con rapidez para señalar el carácter ilegal de la norma.

En el menú de decisiónes a tomar, la reunión de ministros de hoy también buscará un consenso sobre el número máximo de meses trabajando fuera a partir de los cuales un empleado deja de ser considerado como desplazado —España es partidaria de 24 meses frente a los 12 de Francia—. También sobre el tiempo que tardarán en entrar en vigor las nuevas reglas, con una propuesta sobre la mesa que aboga por dar tres años para adaptar la directiva, aunque dicho plazo podría ampliarse ante la presión de los estados del este. Pese a las diferencias, nunca antes se ha estado tan cerca de cerrar el acuerdo, y aunque las negociaciones podrían alargarse hasta bien entrada la noche, la Comisión Europea espera un resultado positivo.