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Trabajadores desplazados, explotados sin fronteras

Valls se queja de la inmigración temporal, de la que se benefician empresarios franceses

Manuel Valls en una conferencia durante su reciente visita al departamento francés de Aude
Manuel Valls en una conferencia durante su reciente visita al departamento francés de Aude AFP

Manuel Valls afirma con razón que Francia es víctima del dumping socialy que, como no cambie la UE, su Gobierno dejará de aplicar la directiva de 1996 sobre trabajadores desplazados. Con un paro que aún supera el 10%, en Francia había el año pasado 286.000, procedentes sobre todo de Polonia (49.000), Portugal (44.000), España (35.000) o Rumanía (31.000). Más gasolina para los habituales incendios del xenófobo Frente Nacional, sobre todo si no se cuenta quién explota a quién, quién se aprovecha de quién.

Esa directiva permite que, “durante un periodo limitado”, empleados europeos de una empresa puedan desplazarse a otro país de la UE para trabajar. Requisitos: el salario, horario laboral o vacaciones son los del país de acogida; las cotizaciones sociales, las del país de origen. Hecha la ley, hecha la trampa. Constructores, sociedades agrícolas o industrias francesas obligan a trabajar a esos empleados temporales más de 50 horas a la semana, cuando el límite es 35.

Les pagan el salario mínimo —1.143 euros netos—, pero sin vacaciones y a veces sin descanso semanal. Empresas francesas se han radicado en Polonia para poder “despachar” trabajadores desde allí. Y el fenómeno aumenta. Ese dumping social que escandaliza a Valls y a muchos franceses es, en la mayoría de los casos, un dumping empresarial. Sin embargo, los paganos son esos trabajadores explotados, como esos que en París comen en sus furgonetas de matrícula y rótulos de A Coruña o Valencia mientras remodelan una tras otra tiendas de ropa o colocan azulejos y sistemas de aire acondicionado en edificios renovados.

El escándalo afecta a toda Europa y enfrenta a países ricos y países pobres. Hay dos millones de desplazados. Con Francia, Alemania (400.000) y Bélgica (160.000) son sus destinos preferidos. Estos países exigen cambios inmediatos en la directiva. Enfrente, 10 países del Este se oponen. Opinan, como muchos ciudadanos franceses, que es más fácil exigir cambiar la directiva que crujir a multas o meter en la cárcel a tus empresarios explotadores.

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