Hacienda ofrece una subida salarial a los funcionarios de hasta el 7,25% en tres años

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se ha reunido este martes con los representantes de los principales sindicatos de empleados públicos (UGT, CC OO y CSI-F) para tratar de cerrar un acuerdo salarial que abarque el periodo 2018-2020. La propuesta pasa por establecer unos incrementos crecientes que irían desde el 1,5% en 2018, el 1,75% en 2019 y alcanzarían un 2% en 2020. A estas subidas anuales habría que añadir una parte variable que se calcularía en función del crecimiento económico, según han confirmado este martes fuentes oficiales del Gobierno.  

La parte variable consistiría en un 0,25% adicional en 2018 y un 0,5% en 2019 y en 2020 solo si se cumplen las previsiones de crecimiento económico del Gobierno para los próximos tres años. Si además el PIB crece medio punto más de lo pronosticado por el Gobierno, esta parte variable podría subir un 0,25% más hasta el 0,5% en 2018 y el 0,75% en 2019 y en 2020. La subida salarial total podría alcanzar el 7,25% en el periodo, siempre que la economía mantenga el ritmo de crecimiento actual. Esto supondría un coste adicional de unos 8.000 millones para las arcas del conjunto de administraciones.

Los sindicatos han rechazado la propuesta sobre todo por el componente variable. La consideran insuficiente y amenazan con movilizaciones para este otoño. Además, advierten de que presionarán al resto de grupos parlamentarios para que no respalden en el Congreso las cuentas públicas del próximo año. Recuerdan que han perdido un 14% de poder adquisitivo en la crisis y que fueron uno de los sectores más castigados con los recortes.

Las centrales han reclamado la supresión de la tasa de reposición —las sustituciones de bajas en la plantilla— y la reducción del número de interinos. Hacienda se ha mostrado favorable a aumentar las plantillas en los sectores más mermados y se ha comprometido a reducir la temporalidad en todos los sectores de la Administración. Ahora hay un acuerdo para reducirlo solo en sectores como la sanidad, la educación y la justicia.

Otra de las reclamaciones es que se abra la posibilidad de implantar la jornada laboral de 35 horas semanales. Defienden que Hacienda permita, al menos, establecerla a aquellas administraciones que así lo decidan. Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid han tratado de reducir la jornada laboral y algunas se han topado con los recursos del Ejecutivo central oponiéndose. La secretaria de Estado de Función Pública se ha mostrado reacia a aprobar la medida con carácter general porque cifra su coste en unos 1.200 millones.

Por último, también se ha negociado la mejora de las condiciones en las bajas por incapacidad temporal. Los sindicatos han exigido la supresión de la reducción del 50% de las prestaciones durante los tres primeros días de la baja. Hacienda ofrece ampliar el catálogo de enfermedades en las que no se aplica esta reducción.

Los sindicatos han advertido a Hacienda de las consecuencias de no lograr un acuerdo. Se ha convocado una nueva reunión para este miércoles a las 16 horas, pero se antoja difícil que haya cambios de última hora. De haberlos se dejarían para negociarlos en la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, llamadas a ser las últimas de la actual legislatura.

El reprensentante de UGT, Frederic Monell, ha explicado al termino de la reunión que "no hay cerrado nada definitivo". Se ha mostrado decepcionado porque hoy "no se ha avanzado lo que pensábamos". Reconoce que Hacienda ha mejorado su propuesta respecto a la que presentó la semana pasada pero esta sigue siendo insuficiente, según ha insistido Monell. "Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis. La pérdida ha sido muy significativa", ha remachado al tiempo que ha admitido que podían admitir la subida salarial que afecta a la parte fija que propone Hacienda pero el porcentaje variable resulta insuficiente.

Por su parte, Pepe Fernández, de CC OO, ha indicado que aspiran a recuperar la capacidad de la negociación colectiva pero las condiciones ofrecidas, hasta el momento, por Hacienda no permiten ese escenario. "La oferta económica que nos presentan es una propuesta rácana porque entendemos que el Gobierno tiene margen presupuestario para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos", ha señalado.

Abundando en el tema, el representante de CSIF, Francisco Iglesias, ha emplazado al Gobierno para que este miércoles mejoren las condiciones laborales ofrecidas hasta ahora. Iglesias no descarta convocar movilizaciones durante este otoño si no se logra un pacto salarial. "Aunque hay que seguir dialogando", ha afirmado. Al tiempo que ha recordado que hay otros temas sobre la mesa sobre los que también hay que avanzar como la jornada de las 35 horas, mejorar las tasas de reposición o reducir la temporalidad.