Los funcionarios empezarán a recuperar algo de poder adquisitivo a final de año

“Lo queremos negociar con los sindicatos”. Así evitó este lunes el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, concretar en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros cuál será la subida de sueldos para los funcionarios en 2018. “Confío en que podamos llegar a un acuerdo. Lo ideal es que podamos proyectar la subida [que se aplicará] hasta el final de la legislatura”, se limitó a señalar a preguntas de los periodistas.

De momento, este julio los trabajadores públicos cobrarán en una paga de compensación la subida salarial del 1% que no han podido recibir entre enero y junio, porque no se habían aprobado los Presupuestos de 2017 generales, en vigor desde la pasada semana. Desde agosto, su sueldo les llegará actualizado.

Para 2018, en el ministerio confirman que pretenden aumentar el sueldo de los empleados públicos unas décimas por encima del 1% que subió en 2016 (cuando la inflación acabó en el 1,5% y no se ganó poder de compra) y en 2017. La secretaria de Estado de Función Pública aseguró durante una reciente entrevista en EL PAÍS que tratan de que “la subida sea un poquito mayor que la de los otros años”. Y agregó: “El 1% es la antesala de los próximos acuerdos que queremos pactar con las organizaciones sindicales. No estamos manejando los términos del IPC”.

El petróleo, la clave

Montoro ya deslizó hace unos días que prevé que la inflación cerrará este año por debajo del 1%, una tasa mucho más modesta a la estimada inicialmente. Durante su participación en el Foro Cinco Días argumentó que esta moderación de los precios se debe a la caída del precio del petróleo de las últimas semanas, que se mantendrá durante el resto del año debido al fracaso del plan de los países de la OPEP de limitar su producción.

El precio del petróleo ronda esta semana los 47 dólares el barril, casi un 10% menos que hace un año. La caída a final del ejercicio será incluso mayor, según los analistas. Pese a esto, el Gobierno ha querido ser prudente en el cuadro macroeconómico publicado este lunes, en el que apuntó que el barril este año se colocará en 52,5 dólares y en 2018, en 53,2 dólares. Muy por debajo de los 100 dólares de 2013. Ese mismo cuadro incluye una previsión del deflactor de consumo privado del 1,5% para 2017. Pero fuentes del Ejecutivo señalan que según los cálculos que manejan, el IPC será inferior al 1%.

La diferencia entre la subida salarial de los funcionarios y el incremento de los precios será la ganancia de la capacidad de compra. Este diferencial será de unas pocas décimas, casi anecdótico. Pero un primer paso para que recuperen algo de lo perdido con la crisis, según admiten fuentes de Hacienda. Otras fuentes del Ministerio confirman que la subida salarial en 2018 también será superior al IPC, pero insisten en que están concentrados en conseguir un acuerdo para el resto de la legislatura con las organizaciones sindicales. “La baja inflación servirá para atender mejor a los funcionarios”, remachan las mismas fuentes.

El diálogo entre organizaciones sindicales de empleados públicos y el Gobierno ha mejorado en los últimos meses. Aunque no está claro que ahora que comienza a haber más margen presupuestario acepten una subida tan tímida como la que ofrece el Ejecutivo.

Más trabajo, menos sueldo

Los empleados públicos han sido uno de los sectores que más han cargado con la crisis. En 2010 el Ejecutivo socialista de Zapatero abrió la era de la austeridad y redujo el sueldo un 5% de media a los funcionarios —el recorte fue más agudo para los altos cargos—. En los años siguientes se les congeló el salario. Hasta el año pasado. En ese periodo los precios han crecido casi un 7%, lo que deja la pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos en algo más de un 10% de promedio.

Los trabajadores de las Administraciones Públicas también vieron cómo el Ejecutivo del PP les suprimió la paga extra de 2012, limitó los días de libre disposición, recortó otros derechos laborales y, sobre todo, restringió la tasa de reposición —las sustituciones por cada jubilación— que ha provocado una reducción de la plantilla pública. Poco a poco, desde 2015, han recuperado la paga extra, los moscosos y bastantes derechos perdidos. Y ahora los salarios empiezan a salir del congelador.