El Gobierno negocia los últimos Presupuestos de la legislatura

El Gobierno tiene bastante camino ganado para aprobar las cuentas de 2018 tras el acuerdo del año pasado con Ciudadanos, PNV y los partidos canarios para aprobar los Presupuestos de 2017, según reconocen fuentes gubernamentales. Pero no descartan que las negociaciones se puedan complicar si el tema catalán se recrudece aún más y los nacionalistas vascos comienzan a desconfiar del Ejecutivo central. En cualquier caso, en Hacienda también trabajan con el escenario de que sean las últimas cuentas de la legislatura. Son conscientes de la dificultad de sacar adelante los Presupuestos de 2018 y creen que los de 2019, que se elaboran y aprueban el año que viene, serán aún más complicados. Los partidos de la oposición tendrán más reticencias a pactar y aparecer junto al PP cuando falten seis meses para las elecciones autonómicas y locales. Fuentes del PSOE y Ciudadanos también reconocen este escenario.

En cualquier caso, la primera toma de contacto del Ejecutivo para hilvanar los Presupuestos de 2018 ha sido con Ciudadanos, una formación con la que ya alcanzaron algunos compromisos a raíz de la aprobación del techo de gasto. La formación naranja arrancó al Gobierno de Mariano Rajoy una bajada del IRPF para que los que ganen menos de 14.000 euros no paguen impuestos. Actualmente los que tienen una renta inferior a 12.000 euros ya no tributan en el IRPF. El compromiso pactado con Ciudadanos está valorado en unos 2.000 millones. Ahora esa rebaja fiscal debe incorporarse a las cuentas del próximo año.

Pacto salarial a tres años

El Ejecutivo también incluirá otros guiños fiscales como la bajada del IVA al cine, filtrada durante la semana pasada. A pesar de estas bajadas fiscales el Gobierno espera que la recaudación de impuestos aporte los mayores ingresos de la historia por segundo año consecutivo gracias al empuje de la economía y supere con holgura los 200.000 millones.

El plato fuerte de los Presupuestos será para los funcionarios. El Gobierno ya ha comenzado a negociar con los sindicatos una mejora salarial que permita a los empleados públicos recuperar parte del poder adquisitivo durante los peores años de la crisis. De hecho, el ministro de Hacienda se reunió el pasado jueves con los líderes sindicales como primera toma de contacto de cara a los Presupuestos.

Las organizaciones sindicales abogan por un pacto a tres años que garantice un incremento salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Para ello, el alza salarial debe ser superior a la inflación. Desde el ministerio de Hacienda se resisten a vincular el incremento de los sueldos a los precios, pero buscan una fórmula que esté ligada al crecimiento de la economía.

Sobre la mesa también está la reducción de la jornada laboral a 35 horas para las comunidades y Ayuntamientos que así lo decidan. Desde Hacienda echan cuentas porque saben que aunque el Estado se puede permitir cierto margen presupuestario no pierden de vista que las decisiones que adopten en temas laborales se trasladan al resto de administraciones, lo que podría dificultar el ajuste de las cuentas públicas.

Los Presupuestos de 2018 recogerán también un ligero aumento de la inversión. No será algo sustancial, pero si incluirán partidas para el nuevo impulso a la Alta Velocidad, sobre todo del Corredor Mediterráneo que ha comprometido el presidente Rajoy. También se recogerá las partidas para acelerar la construcción de la Y vasca, la principal infraestructura ferroviaria del País Vasco, tras el acuerdo alcanzado con el PNV. En el capítulo de inversiones hay que contar con el coste del rescate de las autopistas de peaje que ascenderá a unos 3.500 millones, según figura en el programa de estabilidad remitido a Bruselas.

Todas estas promesas deben incluirse en unas cuentas que deben dejar margen para la negociación. El Ejecutivo tiene cierto margen de maniobra. "Hay que tener zanahorias para la negociación", dijo Montoro hace unos meses en referencia a los Presupuestos de 2018. Aunque el escenario presupuestario está muy pautado tras la aprobación del techo de gasto —sube un 1,3% en 2018 hasta los 119.834 millones— y el objetivo de déficit marcado por Bruselas en el 2,2% del PIB para el próximo año, la buena marcha de la economía y la posibilidad de que el ajuste presupuestario del año que viene sea menor que el exigido por Bruselas deja cierto margen.