La grieta que el sistema fiscal mexicano no consigue suturar

En 1960, el Gobierno de Adolfo López Mateos contrató al economista húngaro-británico Nicholas Kaldor, uno de los más destacados de su tiempo, para que emitiera un veredicto sobre el sistema fiscal mexicano. Sus conclusiones podrían reducirse a cuatro: el sistema tributario era ineficiente, generaba una recaudación baja —lo que limitaba el gasto social—, mantenía muchos subsidios y, en suma, era injusto. Casi seis décadas después, pese a los avances, todos estos problemas —y muy especialmente el último— siguen tan vivos como entonces.

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México tiene el segundo sistema fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos corrige la desigualdad. Cabría pensar que, al medirse con las mayores potencias económicas del mundo, su posición natural debería ser esa. Pero si se compara con otros pares latinoamericanos, su posición también deja mucho que desear: iguala menos que Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, todos ellos países equiparables por renta per cápita. La razón principal es el tamaño del Estado, “de los más pequeños de la región”, destaca Hugo Beteta, jefe de la CEPAL (el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina) en México. El gasto social argentino o brasileño, sin ir más lejos, es prácticamente el doble que el mexicano.

Cuatro multimillonarios mexicanos tienen tanto como el 50% de la población más pobre del país; el 10% controla más de las dos terceras partes de la riqueza nacional y el 1% acumula un tercio del total. Solo en la última década, en la que la economía ha crecido a un ritmo ligeramente superior al 2% anual, la riqueza privada mexicana se ha expandido a un ritmo del 8%. “México es un país con muchos recursos; tiene riqueza de sobra para evitar situaciones de pobreza que hoy se ven. No es presentable”, resume el economista Carlos Tello, ex secretario de Programación y Presupuesto en el Gobierno del priísta José López Portillo.

El origen de los problemas está tanto en la situación de partida –una sociedad históricamente acostumbrada a la inequidad– como un gasto público “desenfocado”, que no promueve la equidad. “Se orienta, en buena medida, a las zonas más desarrolladas del país: educación, salud, infraestructuras… Es muy vieja la tradición de que las áreas de muy alto desarrollo sean también las que más influencia tienen sobre el presupuesto”, critica. “No hay ninguna política de solidaridad regional, como en la Unión Europea o en Estados Unidos”.

A eso hay que sumar una de las presiones fiscales más bajas de América –”los impuestos son reducidos y la capacidad de evadirlos, elevada”, agrega Tello–, lo que lastra la tan necesaria recaudación fiscal. “El rezago es enorme y no queda otra que subir los tributos”, sentencia. La raíz del problema, según Moramay López-Alonso, profesora de Historia Económica de la Universidad de Rice (Houston, Texas), está en la ausencia de una cultura de pago de impuestos. “Es una cuestión de educación. Se ven como una obligación y no como un deber ciudadano. Las clases acomodadas han estado históricamente acostumbradas a las exenciones y mientras no haya ejemplaridad de los más ricos, las clases medias y bajas no van a querer pagar más”. “Se ha estigmatizado lo público y el papel del Estado”, complementa Tello, también profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La distorsión fiscal –medida como el desincentivo al trabajo si se suben los impuestos por empleado– es la segunda más baja de toda las economías desarrolladas, lo que sugiere que hay mucho margen para aumentar la carga tributaria. Pero ni siquiera la izquierda, a quien le correspondería elevar la voz sobre la justicia social y la necesidad de generar más recursos fiscales, subrayan López-Alonso y Tello, se ha posicionado nítidamente a favor. La profesora de Rice, no obstante, sí se muestra optimista sobre las generaciones más jóvenes, que “sí están desarrollando una idea de responsabilidad, también en el ámbito fiscal”.

Impuestos relativamente progresivos; gasto social sesgado

¿Es un problema de ingresos o de gastos? “De ambos, pero sobre todo de lo segundo”, responde Rodolfo de la Torre director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. “En su mayoría, los impuestos sí son progresivos, pero demasiado escasos para financiar el gasto social que sería necesario. Y en el gasto es donde está el mayor problema: está sesgado en contra de la población con menos recursos y beneficia al 20% de la población más acaudalada, la que menos lo necesita”.

Por capítulos, este especialista en desigualdad y desarrollo ve una progresividad “aceptable” en la educación, sobre todo en la primaria y secundaria. En salud, ésta empieza a difuminarse —”el 35% de los trabajadores [los estrictamente formales], reciben el 55% de los subsidios públicos; y un grupo selecto de empleados (CFE, Pemex o el Ejército) que solo representa el 1% del total, se lleva el 5% de los subsidios”—. Pero la palma de la regresividad se la llevan las transferencias fiscales. “Salvo en el caso de Prospera [el programa de inclusión social por excelencia en México], tienen la distribución más sesgadas de todas”. Dos casos destacan por encima del resto: los subsidios al campo, que en buena medida “van a parar a los propietarios con más terreno” y los subsidios a la energía eléctrica, que “favorecen a quienes más consumen”.

Aun así, De la Torre y Beteta valoran las correcciones introducidas en el esquema de gasto social, sobre todo en los últimos años. “Por ejemplo, el subsidio a la gasolina –retirado en 2015– tenía efectos muy perniciosos”, remarca el primero. “Se ha mejorado en las dos últimas décadas”, añade el segundo. La tendencia es claramente hacia el aumento de la progresividad. “Pero todavía hay mucho margen; queda mucho camino por recorrer”, coinciden.