Berlín y Roma maniobran para frenar las reglas de emisiones de vehículos
Alemania no ha contestado en tiempo al procedimiento sancionador abierto por el caso VW y reclama más tiempo a Bruselas para estudiar la nueva normativa
Con el estallido de la Gran Recesión se sucedieron las promesas de refundación del capitalismo, que se han quedado en agua de borrajas. El caso Volkswagen (el fraude en la medición de las emisiones contaminantes de coches) levantó en 2015 una polvareda parecida en el sector del automóvil, de nuevo con magros resultados: Bruselas denuncia que Alemania e Italia maniobran para obstaculizar la nueva normativa antiemisiones que propone la Comisión, aprobada ya en la Eurocámara. Berlín se ha saltado incluso el plazo para responder a un procedimiento de infracción abierto por el brazo ejecutivo de la UE.
Volkswagen (VW) trucó durante años sus vehículos para rebajar de forma ficticia las emisiones contaminantes. Bruselas subraya que hay informes oficiales de varios países que confirman que otras marcas usaron argucias parecidas en connivencia con las autoridades, que miraban hacia otro lado. EE UU, que destapó ese escándalo y denunció también a Fiat, ha logrado que Volkswagen pague miles de millones. Pero Europa va a remolque: Bruselas pretende acelerar, pero se topa con la actitud defensiva varios países.
La Comisión Europea, visiblemente hastiada por las maquinaciones de varias capitales en favor de la industria, abrió procedimientos de infracción contra siete países a finales de año por no imponer sanciones pese a que había sobradas pruebas. Y propuso una nueva regulación que le da más competencias para evitar casos similares: Bruselas quiere un sistema más independiente, poder investigar por sí misma e incluso imponer directamente sanciones —hasta 30.000 euros por coche— a los fabricantes, además de evaluar los coches no solo en laboratorio, sino cuando estén en circulación. Un grupo de países, capitaneados por Alemania e Italia, maniobran para obstruir esa normativa.
La Comisión parece resignarse últimamente a una Europa menguante ante el nulo apetito en las capitales por dar más poder a Bruselas. El caso Volkswagen es una excepción. El brazo ejecutivo de la UE quiere arrogarse competencias nacionales en el control de emisiones, ante las relaciones incestuosas de algunos Estados con su industria. Algo parecido ha sucedido ya con el sector financiero. Pero el lobby del motor tiene grandes aliados: Alemania e Italia se oponen, junto con países como Suecia y la mayoría de los del Este; Francia y España están a favor, según los documentos de la Comisión, a los que ha tenido acceso este diario.
El caso alemán es el más peliagudo. Bruselas abrió en su día expediente a Alemania, y la comisaria Elzbieta Bienkowska acusa a Berlín —y a otros socios— de una actitud que se traduce en "retraso tras retraso". El Gobierno de Angela Merkel no ha contestado en tiempo y forma al procedimiento abierto; hasta en ese extremo solicita ampliar el plazo para enviar su respuesta. No es la única estrategia dilatoria: también reclama a Bruselas más tiempo para estudiar la normativa; no ve la necesidad de aprobar esas reglas con prisas, pese a que cada vez está más claro que Volkswagen no es un caso aislado. Berlín justifica, además, que las marcas germanas dispongan de un dispositivo para reducir las emisiones que funciona estupendamente en los tests de laboratorio, pero ya en carretera se desactiva por debajo de 17 grados para proteger el motor alegando que la ley europea avala esa excepción. "La Comisión está perdiendo la paciencia", cierran las fuentes consultadas.
Nuevo procedimiento de infracción a España
Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción a España por la falta de sanciones a Volkswagen y pidió un estudio técnico acerca de las emisiones de varias marcas. El ministro Luis de Guindos envió el informe hace unos días y respondió alegando que el procedimiento de infracción español está suspendido: el caso está en los juzgados y el Gobierno no puede hacer más por ahora. Guindos, eso sí, admite que las sanciones a VW son "muy, muy reducidas". España es firme candidata a un segundo procedimiento de infracción, esta vez por no colaborar lo suficiente en las investigaciones: la Comisión "no considera completo" el informe técnico español.
Madrid se comprometió a examinar 30 modelos, pero se limitó a 17 alegando razones presupuestarias. Economía alega que esos ensayos "tienen un coste elevado" y "muestran las mismas conclusiones que los del resto de países", que han detectado problemas en otras marcas, por lo que España admite tácitamente que hay violaciones en otros fabricantes más allá de VW. El Gobierno se niega a hacer público el informe, a diferencia de países como Alemania o Reino Unido.
Bruselas no está satisfecha con la labor de España y del resto de capitales y abre la puerta a nuevos expedientes ante las sospechas de que los Gobiernos no colaboran en la investigación. En el caso español, los recelos son lógicos: cuando estalló el escándalo, el Gobierno impuso medidas cautelares para suspender la venta de VW con motores trucados, pero dio marcha atrás por la presión del fabricante alemán, con miles de empleos en España.
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