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UPA: “Dia miente. Vender el aceite de oliva a 2,19 euros es ilegal”

Un sindicato de agricultores critica a la cadena de supermercados por "vender aceite a pérdidas" y señala la insuficiencia de las sanciones

2,19 euros. Es el precio por el que Supermercados Dia vendió durante 28 días de verano una botella de un litro aceite de oliva, muy por debajo de su precio habitual, que es de 3,60. La cadena difundió a los pocos días un comunicado presumiendo de haber vendido ocho millones de botellas, ocho veces más que en el mismo período de 2015. Insiste en que logró vender el aceite tan barato porque preparó la campaña durante mucho tiempo y compró grandes volúmenes. Niega que haya vendido por debajo del precio de coste. Los agricultores, sin embargo, se revolvieron: ellos calculan que el precio de origen de referencia del aceite es de 3 euros, y según sus datos, Dia sí habría incurrido en una práctica abusiva denominada "venta a pérdidas". Fueron 17,52 millones de euros de volumen de venta, poco para lo que cuesta el aceite; mucho, a ojos de los agricultores de la asociación UPA, si se compara con las sanciones que castigan estas ofertas excesivas, que rondan los 3.000 euros. 

El preciazo, nombre con el que Dia denominó a la campaña, se extendió entre el 9 y el 22 de junio y entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre. El objetivo de esta oferta gancho es seducir a los consumidores rebajando el precio de un producto básico (leche, pollo, aceite...) y conseguir aumentar el margen de beneficio con el resto de productos que complementan la cesta: "Hemos hecho un esfuerzo enorme en comprimir nuestros márgenes. No hemos ganado prácticamente nada", afirmó a este diario Ricardo Currás, consejero delegado de Dia, quien además afirmaba conocer la ley en España y respetar escrupulosamente su cumplimiento.

Los agricultores insisten en que es "imposible" que Dia haya adquirido un litro de aceite de oliva por menos de 2,19, y recurren a los datos del sistema POOLred, que indica que el precio medio ronda los 3 euros: "Dia miente. Ya hay multas a otros supermercados por el mismo motivo. Saben que esto es ilegal", afirma tajante Cristóbal Cano, secretario general de la delegación de Jaén de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). La cadena de supermercados, por su parte, ya defendió que vendieron con márgenes mínimos, pero por encima del coste. Incluso aseguraron que gracias a sus compras masivas, los precios en origen incluso subieron.

Unas sanciones "ridículas"

Por una práctica similar, en septiembre, Extremadura multó a Carrefour con 42.120 euros y la Comunidad de Madrid con 3.005 euros a El Corte Inglés. "Que a estas organizaciones, que manejan millones, se les ponga una sanción de 3.000 euros, ¿qué les supone? Es irrisorio. Las administraciones tienen que involucrarse para que se cumpla la ley. Las sanciones son absurdas", lamenta Jesús Anchuelo, secretario general de UPA Madrid. Su compañero Cristóbal Cano puntualiza: "La multa de más de 40.000 euros de Extremadura a Carrefour es la excepción. Sigue siendo insuficiente, pero es el camino a seguir. Solo cuando estas multas les hagan daño a las grandes empresas de distribución serán conscientes de que no pueden seguir recurriendo a estas malas prácticas", advierte Cano, quien teme que las grandes superficies hayan tomado esta práctica abusiva como "forma habitual" de atraer al consumidor. Carrefour y El Corte Inglés han declinado hacer alguna declaración al respecto. El Corte Inglés, sin embargo, ya señaló que había recurrido la sanción.

La ley de la cadena alimentaria nació en 2013, con Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura, precisamente con el fin de evitar abusos por parte de cualquier integrante del proceso productivo (recolección, envasado, distribución...). La norma establece que los agricultores u organizaciones agrarias pueden denunciar ante Agricultura los casos en los que consideren que se infringe la ley. El ministerio se dedica a trasladar las acusaciones a las comunidades autónomas donde se produce el conflicto, ya que cada una cuenta con un organismo de control con capacidad de expedientar y sancionar a las empresas. Desde enero de 2014 ha habido 127 denuncias, de las cuales 40 tratan sobre la venta a pérdidas. El problema es que demostrar una venta a pérdidas no es fácil.

Una práctica que enfurece a agricultores

Los agricultores de la UPA califican la venta a pérdidas de "ruina" para el campo: "Las grandes cadenas de supermercados no están para favorecer al consumidor, sino para ganar dinero, y lo hacen a costa de lo que sea, en este caso de manchar el nombre de los productos agrícolas", critica Cano. Los productores lo rechazan porque una oferta tan agresiva podría contribuir a una caída del precio y a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrarias. También consideran que puede ser un riesgo para la reputación del aceite de oliva como producto que, al estar tan rebajado, puede ser considerado de peor calidad.

Jesús Anchuelo y Cristóbal Cano, secretarios generales de UPA Madrid y Jaén, respectivamente. ampliar foto
Jesús Anchuelo y Cristóbal Cano, secretarios generales de UPA Madrid y Jaén, respectivamente.

"Sería más rentable para nosotros tratar con pesticidas prohibidos, que son más baratos. Pero nosotros cumplimos la ley. Si alguien la infringe, la administración tiene que perseguirlo. Lo único que pedimos es eso: que se cumpla la ley", afirma Anchuelo. Aunque la ley prohíbe expresamente la venta a pérdidas, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha tolerado en algunos casos esta práctica.

El misterio de las sanciones secretas

Los organismos sancionadores de las comunidades autónomas también pueden actuar de oficio, sin necesidad de que alguien denuncie, al detectar irregularidades en el proceso productivo. Pero la ley no les obliga a publicar ningún dato sobre el proceso sancionador: ni qué empresa es multada, ni la cuantía, ni las razones. El sindicato UPA considera que el procedimiento es opaco y que hurta al consumidor información de las malas prácticas que llevan a cabo las compañías: “Tiene que haber transparencia. Las sanciones deben ser públicas y notorias para que las empresas sancionadas se piensen volver a hacerlo". Creen que si las sanciones son tan “desproporcionadamente bajas” y no hay daño a la reputación de las empresas que hacen malas prácticas, la ley, en este aspecto, "no tiene ningún sentido".

Las tres críticas de la ley

Los agricultores de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) creen que la Ley de la Cadena Alimentaria no ha conseguido mejorar su capacidad de negociación para conseguir precios justos y piden una revisión de la normativa en tres puntos:
  • Que los costes de producción aparezcan en los contratos, con el fin de que la administración pública sepa lo que los agricultores, el “eslabón débil de la cadena” (como se autodenominan), ganan con la venta de sus productos. Consideran que estos acuerdos entre productores y distribuidores han de ser más transparentes para evitar la “indefensión”.

  • La necesidad de un mediador que arbitre entre todos los operadores. Actualmente esta figura solo existe entre el productor y el primer comprador (no incluye, por ejemplo, a la distribución).

  • Suprimir las “bajas temerarias” en las subastas de precios, lo cual produciría la venta de productos por debajo de los costes de producción.

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