La industria del aceite vuelve a denunciar a Dia por vender a pérdidas

Los industriales envasadores de aceite de oliva han denunciado ante el Ministerio de Agricultura una nueva campaña del grupo de distribución Dia para vender aceite de oliva de su marca propia a 2,19 euros el litro, frente a unos precios de compra en origen de unos tres euros el kilo y con unos costes medios de refino, industrialización, IVA y comercialización medios de 0,50 euros el litro. Los empresarios del sector consideran que se trata de una campaña de venta a pérdidas y piden la actuación de la Administración. Hasta la fecha, las medidas acometidas contra este tipo de prácticas no han llevado a ningún resultado que se haya hecho público.

Representantes de la industria estiman que se trata de un pulso del grupo de distribución a Agricultura en el marco de su estrategia para ganar cuota de mercado, en esta ocasión con un producto básico y coincidiendo con el fin de las vacaciones de verano. Dia fue uno de los grupos de la distribución que firmó un pacto con Agricultura para no vender a pérdidas el aceite de oliva.

La política de los precios de oferta por debajo de los costes de producción no es nueva por parte de Dia. En junio, el grupo puso en marcha una campaña con el mismo precio de 2,19 euros que justificó como un error en el etiquetado en las tiendas de la cadena de supermercados El Árbol, que se habían incorporado al grupo.

Expediente abierto

El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria, abrió un expediente y puso en marcha una investigación que el propio Ministerio calificó como reservada. Hasta la fecha, no se han vuelto a tener noticias del proceso. Fuentes oficiales confirmaron que se trataba de un aceite de calidad, aunque simplemente cumplía los mínimos exigidos por la legislación vigente. Sin embargo, la Administración no ha dado ninguna información sobre el desarrollo de las investigaciones.

La normativa se basa en la Ley de la Cadena Alimentaria, pero las competencias en manos de Agricultura solo llegan a la exigencia de ventas bajo un contrato con un precio incluido y al control de los plazos de pago. La Ley de Comercio, por otro lado, establece las posibles sanciones sobre la venta a pérdidas, que se han aplicado en muy pocas ocasiones. Su ejecución corresponde a las comunidades autónomas.