El trabajo precarizado sube 40% desde enero en Argentina

La escalada de los precios y el aumento de las tarifas de servicios públicos no sólo afectan las economías familiares en Argentina sino también a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que completan el 95% de la industria total. Así lo indica un informe de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA), realizado sobre un muestreo de 816 firmas de las principales regiones del país. Según la investigación, existe una suba del trabajo informal o en negro que llega al 40%, en comparación con el mismo semestre del año anterior.

El dato lo anuncio el propio presidente de FECIBA, Raúl Zylberzstein, quien atribuyó la subida de la precariedad contractual a la caída de las ventas, a la presión tributaria e impositiva, al tarifazo y a los costos financieros. El sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) arrojó un aumento del trabajo informal de más de un 40%, siendo que el 29,3% de las Pymes pasó a no registrar el total o parcial de las horas trabajadas, y que el 13,3% trasladó a varios trabajadores a contratos de prestación de servicios bajo el régimen del monotributo, el programa de aportes para profesionales independientes y trabajadores cuentapropistas. Estos últimos fueron alcanzados por el programa de Asignación Universal por Hijo (AUH), por decisión del gobierno de Mauricio Macri.

El escrito también reconoce una falta total o parcial del pago de contribuciones jubilatorias y de Obra Social (plan de salud), y que tienen la esperanza de poder regularizarse en una eventual moratoria, como se denomina a los planes de pago para morosos. La mayoría afirmó que los principales motivos para no hacer frente al compromiso impositivo tienen que ver con evitar suspensiones y despidos, o el fin de tratar de mantener la actividad hasta poder superar la crisis.

Zylberzstein dijo que “todos estos datos no hacen más que poner de manifiesto la dimensión del problema y las pésimas regulaciones estatales” porque, explicó, “ni los empresarios ni los trabajadores son culpables de esta situación, que es originada por un sistema perverso que resta competitividad y que obliga a buscar rentabilidad a través de esos mecanismos para poder subsistir”.

Explicó además que “el sistema aplasta a las pymes desde hace décadas”. "No se manifestó durante los años anteriores con esta misma vehemencia porque existía una restricción externa de importaciones que ocultaba bajo la alfombra esta falta de competitividad”, dijo. Pero “esas políticas traían alta inflación, baja inversión y nula capacidad de exportación industrial”. Sin embargo, señaló que, “sacar subvenciones, quitando poder adquisitivo a la gente, y abrir las importaciones sin modificar la estructura productiva, es un atentado que causa precarización y mortalidad de las pymes”. Zylberzstein aseguró que “es casi imposible para las pequeñas empresas sobrevivir al sistema actual, siendo que abarca los salarios y los impuestos más altos de la región, una costosa y conflictiva Ley de Riesgos del Trabajo, un ausentismo del 15 % promedio, aumentos desmedidos de las tasas y comisiones de los bancos y las tarjetas de crédito; y la energía más cara del mundo”.

Hace algunos días, y en contraposición con esta idea, el presidente de la Cámara de Importadores, Rubén García, contó a EL PAÍS que “los primeros 5 meses de este año son casi idénticos a los del año anterior, 31.000 millones de dólares en importaciones contra 28.600 millones este año”.

Si bien el informe de INDECOM había arrojado que “el 91, 6 % de los trabajadores dijo que aceptó las nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que le genera la posibilidad de perder el empleo”, el titular de FECIBA explicó que “el crecimiento del trabajo en negro no depende sólo de los empresarios porque hay empleados que proponen no estar en blanco o registrar menos horas de trabajo para que no se le apliquen los descuentos (jubilatorios y de obra social, ni los impositivos, como el impuesto a las ganancias) o para poder acceder a algún tipo de asistencia económica por parte del Gobierno”. También agregó que “hay muchos trabajadores que prefieren hacer “changas” cerca de sus casas, aún ganando menos dinero, para evitar los elevados gastos de transporte y comida que actualmente les quitan gran parte de sus ingresos”.