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La presión de los ‘lobbies’ reduce el impuesto al refresco en México

El Congreso mexicano recorta a la mitad la carga fiscal para las bebidas azucaradas, a pesar de los resultados a su favor

Sonia Corona
Botellas vacías de Coca-Cola, en una exposición en México.
Botellas vacías de Coca-Cola, en una exposición en México.Sáshenka Gutiérrez (EFE)

El entusiasmo por el impuesto al refresco en México duró dos años. El Congreso mexicano ha reducido a la mitad la carga fiscal para las bebidas azucaradas que buscaba combatir la obesidad. En 2013, los legisladores aprobaron el polémico Impuesto Especial sobre Producto y Servicio (IEPS) de un peso mexicano (0,06 dólares) para los líquidos con azúcar añadida y ahora la Cámara de Diputados, ante la presión de la industria refresquera, ha rebajado a 50 centavos de peso (0,03 dólares) el gravamen para las bebidas con cinco gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

La creación del impuesto en México en 2013 fue celebrada internacionalmente por tratarse de una medida que atacaba directamente un importante problema de salud pública. En el primer año, el Gobierno mexicano consiguió recaudar 1.900 millones de dólares (31.540 millones de pesos) a través de esta estrategia y, según los primeros datos de la Secretaría de Salud, también logró la reducción del consumo de bebidas endulzadas.

¿Por qué los legisladores mexicanos han decidido retroceder? Desde la aprobación de la carga fiscal, las empresas refresqueras apuntaron a que éste no contribuiría a combatir la obesidad y la diabetes, sino que los consumidores optarían por gastar más en este tipo de bebidas. Además, señalaron que la medida dañaría a la industria y haría retroceder sus inversiones. Un debate que se prolongó durante los últimos dos años y en el que las autoridades de Salud y los empresarios de la industria del refresco han actuado por separado.

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En junio, un estudio de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública aseguraba que las ventas de refresco cayeron un 12% durante 2014 y que durante ese periodo la demanda de agua embotellada se había incrementado un 4%. La ministra mexicana de Salud, Mercedes Juan López, ha mostrado su confianza en los resultados a pesar de la decisión de los diputados. "Esta es una decisión del Congreso, pero desde el punto de vista de salud ha sido importante esta medida. Hay datos de que ha disminuido el consumo en este año de las bebidas azucaradas y ha aumentado el consumo de agua".

Por su parte, la industria refresquera —agrupada en la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC)— presentó en julio un reporte en el que fijaban las pérdidas del sector en un 2,5% y la pérdida de 1.700 empleos en el primer año en el que se impuso el gravamen. En una confrontación directa con el gobierno de Enrique Peña Nieto, los empresarios negaron que la carga fiscal estuviera cumpliendo su propósito.

La producción de refrescos supone el 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Un mexicano consume, en promedio, 163 litros de este tipo de bebida al año, un récord mundial. Consumir 355 mililitros de refresco aumenta el 60% la posibilidad de padecer obesidad y beber un litro diario aumenta en un 25% el riesgo de presentar diabetes, según los últimos estudios. México es el segundo país con más personas obesas, después de Estados Unidos.

El lunes, cuando los diputados mexicanos analizaron la propuesta de reducir el impuesto, el periódico estadounidense The New York Times publicó un editorial en el que aplaudía la implementación de la carga fiscal. “El ejemplo mexicano debería persuadir a los legisladores en Estados Unidos para considerar un impuesto similar”, se leía en el artículo. Unas horas más tarde, los legisladores echaban abajo el controvertido impuesto. La última palabra la tendrá el Senado mexicano que deberá confirmar en las próximas semanas el paquete fiscal para el 2016.

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Sobre la firma

Sonia Corona
Es la jefa de la redacción de EL PAÍS en México. Cubre temas de Política, Economía, Tecnología y Medio Ambiente. Fue enviada especial para las elecciones presidenciales de 2020 en EE UU. Trabajó en Reforma y El Huffington Post. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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