Sindicatos acusan a McDonald’s de evadir 1.000 millones en impuestos

Tres organizaciones sindicales europeas y americanas y una ONG británica denuncian que la cadena de comida rápida montó una estructura en Luxemburgo con filiales en suiza para evadir impuestos

Fachada del restaurante Mcdonald´s en la Gran Vía de Madrid.
Fachada del restaurante Mcdonald´s en la Gran Vía de Madrid.gorjka lejarcegi

Tres sindicatos, que representan a más de 15 millones de trabajadores en 40 países europeos y americanos, en coalición con una ONG británica (War on Want) ha presentado este miércoles en Bruselas un informe denunciando que la cadena de comida rápida McDonald´s ha defraudado en torno a 1.000 millones de euros a través del impuesto de sociedades durante el periodo 2009-2013.

"McDonald´s cumple con las leyes aplicables, incluyendo los pagos de los impuestos que se adeudan en cada país en el que operamos. Además de pagar impuestos sobre las ganancias, pagamos impuestos significativos para las contribuciones sociales de los empleados, impuestos a la propiedad sobre bienes inmuebles y otros impuestos como lo requiere la ley", argumentan desde la sección Internacional de McDonald´s. Esta es la respuesta que ha obtenido este diario tras contactar con la delegación de McDonald´s en España para recabar su versión. La cadena de comida rápida cuenta con 481 establecimientos en España que facturan 978 millones de euros, según revela el informe.

El informe describe en detalle la estrategia de evasión fiscal adoptada por McDonald y su impacto fiscal tanto en Europa como en los principales mercados como Francia, Italia, España y el Reino Unido. La práctica consistía básicamente en trasladar la sede europea de la sociedad a Suiza. Además, a través de operaciones dentro del grupo se canalizaban los beneficios a una pequeña filial con sede en Luxemburgo. El grueso de los beneficios de McDonald´s proceden de los royalties que cobra por los derechos de franquicia. El 73% de las tiendas de la cadena está en este régimen franquiciado.

El informe explica como a finales de 2008, la cadena trasladó a una filial en Luxemburgo los derechos de propiedad intelectual, con filiales en Suiza y Estados Unidos. Esta sociedad radicada en el Gran Ducado cuenta con tan solo 13 empleados a pesar de recibir 833 millones en royalties durante 2013, siempre según el informe elaborado por los tres sindicatos (EPSU, SEIU, EFFAT) y la ONG (War on Want). Al año siguiente, en 2009, la multinacional traslado su matriz desde Londres a Ginebra (Suiza) por motivos tributarios.

"Es vergonzoso ver que una empresa que factura miles de millones de euros, que paga salarios bajos a sus trabajadores, aún busca evitar su responsabilidad de pagar su parte justa de impuestos que son muy necesarios para financiar los servicios públicos de los que todos dependemos. En lugar de maximizar beneficios y minimizar los impuestos, McDonalds debe cambiar sus recetas para asegurarse de que la responsabilidad social corporativa se encuentra en el núcleo de su menú", aseguró Jan Willem Goudriaan, el secretario general de la organización sindical FSESP a través de un comunicado. "Hacemos un llamado a la Comisión Europea y las autoridades fiscales nacionales, así como la Comisión Especial recién creada del Parlamento Europeo para que analice las prácticas fiscales de McDonald y tome las medidas adecuadas", añadió.

McDonald es la mayor cadena de comida rápida en Europa, con 7.850 tiendas y unos ingresos de 20.300 millones de euros en todo el continente durante 2013. La división europea representa casi el 40% de la facturación total del grupo.

El informe analiza la estructura del grupo de comida rápida en los principales países europeos. Respecto a España señala: "Si los royalties generados en España están en realidad dirigidos a la filial de Luxemburgo (McD Europa Franquicias Sàrl) y si las autoridades fiscales en España encontraron estos pagos constitutivos de posible evasión fiscal bajo la regla general antiabuso incrustado en el código tributario, McDonald podría deber unos 68,5 millones de euros en impuestos no pagados durante los últimos cinco años". Y precisa: "España puede imponer sanciones por pago de hasta el 150%, lo que podría provocar unas multas de cerca de 102,8 millones de euros adicionales, si se demuestra que la empresa de Luxemburgo en realidad funciona como un establecimiento permanente en España con actividad oculta por la que debería tributar".

Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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