Dos exdirectivos de la CAM culpan al expresidente de subirles las dietas

La maquinaria judicial da otra vuelta de tuerca en el esclarecimiento y depuración de responsabilidades en el saqueo de las cajas de ahorros. La Audiencia Nacional comenzó ayer los interrogatorios de dos ex directivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de supuestas irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos por importe de 18,9 millones.

Los acusados, el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la comisión de control de la entidad Juan Ramón Avilés, negaron tener cualquier responsabilidad en la aprobación de esta remuneración extra. Culparon al anterior presidente de la entidad, Vicente Sala, de proponer el cobro de las dietas porque "las cantidades que cobraban los consejeros de la entidad eran muy distantes" de los de otras cajas "e infinitamente alejadas" de los límites legales, justificó el ex director general. La CAM tuvo que ser rescatada en 2011 con 5.000 millones de euros tras detectar el FROB, el fondo público estatal, un agujero millonario. La entidad fue vendida al Banco Sabadell por una cantidad simbólica de un euro.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 90.000 euros para López Abad, director general de la entidad desde 2001 hasta su nacionalización en 2011, por apropiación indebida o, alternativamente, tres años de prisión por un delito societario continuado. Para Avilés pide dos años y medio de prisión por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros, según recoge Europa Press.

López Abad declaró que fue el anterior presidente, ya fallecido, quien propuso la creación de una sociedad participada al 100% por la caja —Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP)— para controlar las participaciones empresariales de la entidad. A través de esta sociedad cobraron las cuantiosas dietas supuestamente irregulares.

El ministerio fiscal acusa, sin embargo, a López Abad de "buscar la fórmula para superar los límites retributivos fijados por la caja". La fiscalía considera que la creación de TIP fue "un mero y burdo instrumento" creado por el ex director general para que los consejeros "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho sin realizar ningún trabajo adicional que justificara dichas retribuciones".

Los ejecutivos alegan que percibían menos de lo que pagaban en otras cajas

López Abad argumentó que la creación de estructuras de este tipo no "debe ser una cosa tan rara porque la Sareb ha hecho lo mismo". Aseguró que no hubo intención de ocultar sus retribuciones: "Para el mundo mundial que se quería enterar de los sueldos, eran públicos y notorios". En otro punto del interrogatorio añadió: "A nadie se le paga por calentar la silla una vez al mes". Ambos acusados insistieron en que el acuerdo sobre las remuneraciones extra era conocido tanto por el consejo de administración, la asamblea general, por el Instituto Valenciano de Finanzas, KPMG, la CNMV y el Banco de España.

Por su parte, Juan Ramón Avilés estuvo desafiante durante su interrogatorio. La magistrada, Teresa Palacios, le llamó al orden en varias ocasiones. El expresidente de la comisión de control trató de justificar un préstamo de 18,9 millones que le concedió la CAM a una sociedad vinculada, Vereda de Sucina, para la construcción de 174 viviendas. "¿Quiere que me tape los oídos cuando se informaba sobre mis operaciones?", indicó para justificar por qué no se inhibió cuando se aprobaban los préstamos que le favorecían. Preguntado sobre la diferencia entre las dietas que cobraba en la comisión de control de la CAM —unos 24.000 euros entre 2007 y 2011— y lo que percibía por el mismo puesto en la participada —308.000 euros en el mismo periodo—, el exdirectivo manifestó: "Es como comparar churras con merinas". Y zanjó: "En TIP teníamos reuniones muy largas, de hasta dos horas".