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Nuevas reglas del juego para Argentina y los ‘fondos buitre’

La cláusula que impedía pagos distintos para los bonos vence el 31 de diciembre

Cristina Fernández junto al ministro de Economía argentino, Axel Kicillof.
Cristina Fernández junto al ministro de Economía argentino, Axel Kicillof.

Las reglas con las que negocian Argentina y los fondos buitre por el pago de los bonos de 2001 están a punto de cambiar. El 31 de diciembre vence la cláusula que impedía al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner negociar con los dueños de estos bonos, que demandan cobrar la deuda impagada en la crisis de 2001 sin las quitas que aceptaron la mayoría de tenedores. A pesar de los cambios, no está claro si alguna de las dos partes moverá ficha. Una leve mejoría económica de Argentina durante las Navidades puede desalentar a Fernández de abordar el problema y es probable que opte por dejárselo como herencia a quien venza en las elecciones presidenciales de octubre próximo. Los fondos buitre, por su parte, quizá también prefieran esperar al próximo presidente, con la esperanza de que sea más dócil a sus reclamaciones.

Mientras unos y otros deciden sus estrategias, pende todavía la amenaza de demandas judiciales de la gran mayoría de acreedores de deuda reestructurada en 2005 y 2010, que siguen sin poder cobrar desde julio los intereses que les corresponden, por el bloqueo judicial que en EE UU forzaron los fondos buitre el pasado junio.

La cláusula que vence el 31 de diciembre es la conocida como RUFO, formada con las siglas en inglés de Derechos Sobre Futuras Ofertas. Fue un corsé que se impusieron los Kirchner en la oferta que en 2005 y 2010 hicieron a los acreedores afectados por la suspensión de pagos de 2001, la más grande de la historia de un país. La norma establecía que, si los que rechazaban la reestructuración —que finalmente fueron los acreedores de solo el 7,6% de la deuda— acababan negociando una mejor paga, los que habían aceptado las quitas (92,4%), podían reclamar un trato igual. La cláusula marcó la aceptación de la quita, que osciló entre 25% y el 65% del valor original de la deuda.

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo de EE UU confirmó el bloqueo judicial por el que Argentina no podía pagar sus intereses a los dueños de la mayoría de la deuda (los que aceptaron la quita), hasta que abonara primero los fondos buitre y otros inversores sus derechos, y sin las rebajas pactadas, puesto que las rechazaron. En aquel momento, el Gobierno de Fernández adujo dos motivos para negarse a cumplir el fallo: primero, porque consideraba injusto que una minoría cobrara más que la mayoría y, segundo, porque aducía que la cláusula RUFO obligaría al Estado automáticamente a igualar las condiciones para todos los acreedores, con lo que caería en saco roto toda la reestructuración. El 1 de enero la RUFO dejará de regir y el Gobierno argentino podrá pagarle a unos más que a otros.

"A finales de 2014, cuando desaparezcan los instrumentos que los fondos buitres han utilizado para la extorsión, habrá mejores posibilidades para dialogar", dijo a principios de noviembre el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof. Pero a finales de ese mes, aclaró: "Está gestándose una especie de escenario de que en enero va a pasar algo, cuando venza la cláusula RUFO, y eso va a depender más de los buitres que del Gobierno".

Los analistas consideran que, si la crisis de deuda hubiese agravado la recesión que sufría Argentina a principios de 2014, Fernández se apresuraría a cerrar el conflicto con los fondos, y así desbloquear el pago de la deuda reestructurada. Eso le permitiría volver a los mercados. Pero las previsiones indican que el PIB acabará contrayéndose entre 0,2% y 2,1%. Las ventas navideñas han crecido el 2,5%. Y la alianza financiera con China ha permitido a Argentina evitar otra depreciación. Quizá los buitres puedan esperar al próximo presidente.

El impago de deuda

- Argentina declaró en 2001 la suspensión de pagos de su deuda, con un valor de más de 100.000 millones de dólares.

- Entre 2005 y 2010 llevó a cabo una reestructuración de su deuda. El 92,4% de los propietarios de bonos aceptaron una quita, que osciló entre el 25% y el 65%.

- El 7,6% de los acreedores no aceptaron el descuento. Los 'fondos buitre' dueños de esos bonos exigen cobrar los pagos íntegros.

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