Luz verde del Congreso a la reforma que desvincula las pensiones del IPC

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, de forma definitiva, el proyecto de ley de la reforma de pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios. De esta forma, la norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014, ha concluido los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en ambas cámaras, donde los partidos de la oposición han llegado a defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas. En el transcurso de estos debates, el grupo socialista y CiU, respaldados por el resto de la oposición, han vaticinado, en más de una ocasión, que la reforma "no tendrá larga vida" y será derogada cuando haya cambio de Gobierno.

A partir de 2014 la revalorización de las cuantías de los jubilados no se vinculará a la inflación, sino que se introduce un nuevo factor de revalorización que tiene en cuenta tanto la evolución del IPC como los ingresos y gastos de la Seguridad Social durante un plazo de once años —cinco previos, el de ejecución y las proyecciones de cinco futuros—. El objetivo de crear este nuevo índice, según el Gobierno, es evitar caídas o incrementos bruscos en las prestaciones por los eventuales cambios en la coyuntura económica.

Además, el nuevo sistema incorpora un suelo de revalorización del 0,25% y un techo que, tras una enmienda de los 'populares' incorporada al proyecto de ley en la Cámara Alta, quedará en el IPC más el 0,5%. De este modo, el Gobierno asegura que se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en el medio plazo y se evitan futuras bajadas o congelaciones de las cuantías.

Por otra parte, la reforma de las pensiones incluye también la definición del factor de sostenibilidad, que ya estaba enunciado en la última revisión legislativa de este tema que hizo el Gobierno de Zapatero en 2011 y que entró en vigor el pasado 1 de enero. Así, a partir del año 2019 la cuantía inicial de la pensión se calculará teniendo en cuenta la esperanza de vida en ese momento, revisándose este dato estadístico una vez en cada lustro para ajustarla.

Las enmiendas incorporadas al texto en el Senado incluyen también la decisión de que sea la Autoridad Fiscal Independiente la que deba dar el visto bueno a los valores a partir de los cuales se harán los cálculos para fijar las revalorizaciones anuales de las pensiones y la aplicación del factor de sostenibilidad, y la obligación del Gobierno de presentar un informe quinquenal a las Cortes y a los agentes sociales para testar la suficiencia y adecuación de las pensiones tras la puesta en marcha de la reforma.

Durante el debate que se ha celebrado en el Pleno del Congreso antes de votar las enmiendas del Senado, la oposición en bloque ha criticado al Gobierno por elaborar el cambio legislativo de forma unilateral saltándose el Pacto de Toledo y por poner en marcha una reforma que condena a los mayores a la pobreza.

El PP ha insistido, de nuevo, en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de pensionistas, a los que ha asegurado que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a medio y largo plazo.

La esperanza de vida, clave en la pensión

Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad que añade un criterio más: la esperanza de vida. Con la reforma aprobada, la pensión inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años. Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas. No obstante, el Ministerio de Empleo asegura que la prestación total percibida será similar a la de pensionistas anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años.

Con sus medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022. Durante estas semanas de debate parlamentario, la oposición ha escenificado, más de una vez, en ambas cámaras, su rechazo unánime al proyecto y su convencimiento de que el Ejecutivo albergaba con estas medidas una "maniobra" para "consumar la muerte del sistema público de pensiones".

En este tiempo, el proyecto de ley solo incorporó cuatro enmiendas del PP. Una, la que elevaba al IPC más el 0,50 % la subida de las prestaciones en época de bonanza; otra, que nombraba una autoridad fiscal independiente para valorar el índice de revalorización y dos más referidas a sendos informes quinquenales sobre los efectos de la ley en la suficiencia de las pensiones. En esta polémica, los populares han insistido en que con esta reforma las pensiones nunca bajarán. "El barco se mantendrá siempre a flote", llegó a decir la ministra de Empleo en el primer debate en el Congreso.

Además, los populares han sostenido que las medidas recogidas en la reforma son "absolutamente necesarias" para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas, que serán 15 millones en el año 2050. Esta reforma no será la última ya que el Ejecutivo planea en un futuro sacar las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) de la Seguridad Social. De llevarse a cabo esta medida se generaría un ahorro anual al sistema de 22.300 millones de euros, es decir, el 20 % del gasto total de las pensiones contributivas