Luz verde a la autoridad independiente que debe vigilar las cuentas públicas

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para crear la autoridad fiscal independiente, una de las condiciones que fijó la Comisión Europea en julio de 2012 para suavizar el ajuste del déficit y autorizar el rescate a la banca española. La nueva entidad pública tendrá por objetivo vigilar que la elaboración de las cuentas públicas se atiene al objetivo de estabilidad presupuestaria. También podrá analizar las previsiones económicas del Ejecutivo y analizar el impacto presupuestario de todas las leyes.

En la presentación del anteproyecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha recalcado que su función de control y asesoramiento se extiende a todas las Administraciones (Gobierno central, pero también comunidades y ayuntamientos). Montoro ha asegurado que la nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dependiente de Hacienda, tendrá un encaje institucional similar al Instituto Nacional de Estadística, "que garantiza su independencia".

El presidente de la autoridad fiscal será elegido por un plazo de tres años, renovable por otros tres años —no coincidirá con las legislaturas parlamentarias, incidió Montoro—, tras someterse al examen previo del Congreso y del Senado. El ministro se refirió a estos dos puntos como salvaguardas de la independencia de esta nueva entidad, y rechazó que el hecho de que sus miembros no sean elegidos por el Parlamento, sino por el propio Gobierno, comprometa esa independencia. "¿No son independientes el gobernador del Banco de España, el presidente del INE o la presidenta de la CNMV?", se preguntó, en referencia a otros cargos designados por el Ejecutivo.

Según Montoro, la principal misión de la autoridad independiente será "emitir informes públicos" sobre las principales decisiones presupuestarias de la Administración, como las estimaciones de deuda pública o los objetivos presupuestarios de cada nivel administrativo (Gobierno, comunidad o ayuntamientos). El Gobierno llega con mucho retraso a la exigencia de crear esta autoridad fiscal independiente, en la que Bruselas ha insistido ante los abultados desvíos del déficit público en España durante la crisis y la excesiva confianza en ingresos vinculados a la burbuja inmobiliaria. De hecho, la creación de este ente fue la única reforma que mencionó de forma expresa la Comisión Europea en el comunicado con el que dio fe en julio de la ampliación en un año de los plazos para ajustar el déficit público.

El Gobierno debía haber avanzado en este proyecto antes de septiembre de 2012. Tras incumplir este plazo, el Ejecutivo de Rajoy lo incluyó en un abultado plan de reformas, con 72 cambios estructurales previstos, que debían ver la luz antes de abril. Este plazo también se incumplirá, ya que el anteproyecto de ley aún le quedan varios trámites (primero deben pronunciarse varios organismos consultivos, luego aprobarse en el Congreso) antes de entrar en vigor.

Sobre los retrasos en el plan de reformas (41 no se han aprobado), la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que se deben al respeto de "los trámites legales que establece la Constitución". "Las leyes están redactadas", añadió. Cuando el Ejecutivo del PP se impuso en septiembre un plan de reformas mucho más exigente de lo que reclamaba Bruselas, estableció plazos máximos para la aprobación definitiva de esos cambios legales. Y, en muchos casos (entre ellos, varias de las exigencias iniciales de Bruselas), el Gobierno no redactó en el tiempo marcado los anteproyectos de ley (caso de la autoridad independiente), o ni siquiera los ha pasado aún por Consejo de Ministros (caso de la ley de servicios profesionales, la propuesta para garantizar la sostenibilidad de las pensiones o la nueva regulación del sector eléctrico).

Bruselas hizo referencia esta semana al cumplimiento "desigual" del plan de reformas español y, más concretamente, manifestó su temor a que el retraso en la creación de la autoridad independiente impida que pueda participar "desde el principio" en la elaboración de las cuentas de 2014, que empieza en junio con la aprobación del techo de gasto. Montoro intentó hacer de la necesidad virtud y proclamó que ese retraso permitirá a España contar con la "legislación más avanzada del mundo desarrollado y más próxima a lo que pretende la Comisión Europea".