Coca y sobredosis: lo que las hectáreas no explican

Hay un tipo de argumento que reaparece en el debate sobre drogas. Funciona así: aumentan los cultivos de coca en Colombia y suben las muertes por sobredosis de cocaína en Estados Unidos. Alguien conecta los puntos, cuenta las hectáreas y concluye que el problema está en el origen.

Un estudio reciente del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, (firmado por Du, Hansen, Zhang y Zou) ha puesto cifras a esa intuición, analizando la relación entre las hectáreas sembradas en Colombia y las muertes por cocaína en Estados Unidos y explotando el boom de la producción posterior a 2015 como un experimento natural.

Su hallazgo central es que ese aumento causó entre 1.000 y 1.500 muertes adicionales al año, con un coste social calculado de unos 10.000 millones de dólares anuales. Para dimensionarlo: las muertes anuales relacionadas con cocaína en Estados Unidos rondan las 30.000. El efecto se concentra en los condados donde la cocaína ya tenía mercado y no aparece en muertes por otras drogas. Tampoco encuentran que las intervenciones del lado de la demanda —centros de tratamiento, zonas de vigilancia reforzada— hayan mitigado el impacto.

Son resultados que merecen tomarse en serio. Nada de lo que sigue implica que el aumento de los cultivos sea inocuo o que sus efectos no trasciendan fronteras. Pero el estudio ha comenzado a circular ampliamente en Colombia, donde ya alimenta la precampaña presidencial. Hay quienes lo invocan para argumentar que los beneficios de Plan Colombia —más de 10.000 millones de dólares en ayuda estadounidense entre 1999 y 2015— superaron con creces su coste y que habría que lanzar algo similar. Ese salto merece más cuidado del que se le está dando.

El diseño empírico es sofisticado y el efecto estimado resiste diversas pruebas de robustez. Pero los mercados ilícitos no funcionan en compartimentos estancos. La demanda estadounidense —sus patrones de policonsumo, la crisis de opioides, la proliferación de sustancias adulteradas— también configura el entorno en el que esa oferta se expande. Desde mediados de la última década, la cocaína que circula en Estados Unidos se mezcla cada vez más con fentanilo, un opioide sintético extraordinariamente letal. Los autores argumentan que su efecto persiste al restringir el análisis a muertes atribuidas exclusivamente a la cocaína, aunque reconocen que los certificados de defunción no siempre permiten esa distinción con precisión.

Tampoco incorpora los costes que la erradicación impone en Colombia —violencia, desplazamiento, erosión institucional—, ni examina lo que ocurre en el tramo intermedio de la cadena, donde las rutas hacia puertos europeos como Amberes, Rotterdam o Algeciras se han expandido en paralelo. Lo que ofrece es una pieza del rompecabezas. El problema surge cuando se lee esa pieza como si fuera la imagen completa.

Conviene no simplificar el contexto colombiano. En 2015 se suspendió la fumigación aérea con glifosato —clasificado como probable carcinógeno por la OMS— y en 2016 se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC. Pero las zonas cocaleras llevaban décadas sin presencia efectiva del Estado; esa guerrilla regulaba la producción. Su desmovilización no creó la economía ilegal en torno a la coca. Creó una transición con nuevos actores armados, nuevas disputas, expansión de cultivos. El propio estudio documenta que el programa de sustitución voluntaria generó incentivos perversos, ya que el anuncio de subsidios llevó a muchos agricultores a sembrar coca para acogerse a los pagos. La realidad es más desordenada que la narrativa lineal de causa y efecto.

Hay, sin embargo, algo que ha pasado llamativamente desapercibido. Quienes invocan este estudio para reclamar algo parecido a un nuevo Plan Colombia omiten que los propios autores advierten contra esa lectura. En su revisión de la literatura, encuentran rendimientos decrecientes de la erradicación, desplazamiento geográfico de cultivos —el célebre “efecto globo”— y daños documentados de la fumigación sobre comunidades rurales.

Estos hallazgos coinciden con los de una comisión bipartidista del Congreso estadounidense, que en 2020 advirtió que tales políticas pueden agravar el problema del narcotráfico en lugar de contenerlo. Los propios autores añaden una precisión que es clave: “Tampoco afirmamos que un retorno a intervenciones al estilo Plan Colombia sea necesariamente el enfoque más eficiente o el que maximice el bienestar”. Esa cautela no debería quedar fuera de la discusión pública.

Nadie niega que durante los años de Plan Colombia los cultivos descendieron de forma pronunciada —de 168.000 a 48.000 hectáreas— ni que el Estado fortaleció su capacidad frente a la insurgencia. Pero lo que hoy se reclama no es replicar los componentes institucionales de aquel periodo, sino volver a la fumigación y la erradicación forzada. Sobre ese punto, el estudio no prescribe una política concreta; cuantifica una externalidad sanitaria. Quien sí propone alternativas es la comisión bipartidista: desmantelar redes financieras, controlar precursores químicos y fortalecer la capacidad institucional de los países productores. Alternativas frecuentemente ignoradas por quienes invocan selectivamente las cifras para pedir más fumigación.

La pregunta no es si la cocaína producida en Colombia tiene efectos internacionales. Los tiene. La pregunta es qué instrumentos elegimos, en ausencia de políticas de regulación que hoy parecen políticamente inviables.

Porque la cadena tiene costes en ambas direcciones. Un estudio recién publicado de los economistas Daniele, Soliman y Vargas documenta que el mismo boom de coca elevó los homicidios un 26% en los municipios productores y un 41% en las zonas portuarias colombianas. El efecto se propagó a Ecuador —donde las tasas de homicidio se multiplicaron por cinco— y llegó a Europa a través de las mismas rutas del comercio legal. El daño se amplifica a lo largo de toda la cadena. Y sus autores concluyen que las intervenciones coordinadas en puertos y rutas comerciales pueden ser más eficaces que los esfuerzos amplios de interdicción en origen.

Y, sin embargo, la discusión pública sigue centrada en los cultivos de coca. Esa mirada deja en segundo plano las organizaciones transnacionales que controlan rutas y finanzas, las redes que lavan miles de millones en sistemas financieros internacionales, los precursores químicos que atraviesan continentes. Nada de eso cabe en un conteo de hectáreas, ni se resuelve con la fumigación. Quizá por eso el debate tiende a volver allí: las hectáreas ofrecen algo irresistible para la política —un problema que cabe en una foto aérea y una solución que encaja en un mensaje de X.