El Gobierno Petro infla la cifra de las hectáreas de coca sustituidas por otros cultivos

El presidente Gustavo Petro ha repetido varias veces durante los últimos meses y en distintas tarimas una cifra que presenta como una victoria: que su administración ha logrado sustituir 25.000 hectáreas de coca por otros cultivos en todo el país. Es un número que empezó a agitar con más fuerza cuando a mediados de septiembre el Gobierno de Donald Trump le quitó a Colombia la certificación como país que lucha contra el narcotráfico. El pasado 26 de noviembre, en un acto de condecoración a militares, lo aseguró sin matiz: “Ya van 25.000 hectáreas sustituidas”. También la mostró como un logro en medio de las conmemoraciones por los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Pero es una cifra inflada, según demuestran los datos de la propia Dirección de Sustitución en las regiones en las que se ha implementado el programa y los campesinos cocaleros que están participando en él.

El dato no es un tema menor, pues la sustitución voluntaria es la estrategia que en teoría priorizó Petro para combatir los cultivos de coca, que superan ya las 260.000 hectáreas en Colombia. A diferencia de Gobiernos anteriores, el actual redujo a mínimos históricos las erradicaciones forzadas que hace la Fuerza Pública y ha rechazado la aspersión aérea con glifosato, que en todo caso la Corte Constitucional mantiene prohibida hasta cumplir ciertos requisitos. Junto con las incautaciones de droga, los resultados en la sustitución son una de las pocas banderas que Petro tendría para mostrar un giro en la política de drogas en su cuatrienio.

Pero el programa RenHacemos, como se llama la apuesta de esta Administración para sustituir la coca, vino a nacer apenas en febrero pasado, en el tercer año del Gobierno. Durante los dos primeros, con Felipe Tascón como director de sustitución, no se arrancó una mata de coca en todo el país. En esa primera mitad del cuatrienio, la prioridad fue ponerse al día —sin éxito— con los campesinos que habían ingresado al programa de sustitución de cultivos (PNIS) que se creó en el Acuerdo de Paz con las FARC, que arrancaron sus matas y no recibieron los pagos prometidos. Tascón salió del Gobierno acusado por el presidente de enfocarse en cumplir “el programa del expresidente Juan Manuel Santos” y no el suyo.

Desde entonces, al frente de la sustitución ha estado la joven historiadora Gloria Miranda, quien venía de manejar la dirección de política de drogas en el Ministerio de Justicia y ha contado con la estima de Petro, lo que la ha blindado de críticas dentro del Gobierno. De hecho, aunque su dirección pertenece a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que dirige Raúl Delgado, ella tiene cuerda propia y solo le responde al presidente.

El dato de las 25.000 hectáreas se debe a que el Gobierno está metiendo en la misma bolsa las hectáreas que ya están en proceso de sustitución, en las que sus dueños están recibiendo pagos y herramientas; las de quienes acaban de apuntarse al programa; y las que tienen proyectadas para incluir en ciertas regiones priorizadas. Además, el 37% de esas hectáreas estaban ya inscritas al PNIS.

Después de reiteradas solicitudes de parte de EL PAÍS, la Dirección de Sustitución ha suministrado una tabla con las hectáreas en proceso de sustitución por municipio, con corte al 10 de diciembre. Según esos datos, son 26.600 hectáreas en proceso en 63 municipios de 13 departamentos. Ante la pregunta de cuántas de esas hectáreas inscritas se han erradicado, Miranda reconoce que esa cifra no existe, porque la entidad autorizada para darla es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y no ha emitido ningún informe. La Dirección firmó con esa agencia de la ONU un convenio para la verificación hace apenas dos semanas, según dice la directora, por lo cual los resultados se conocerán hasta el año entrante. “Yo no puedo ser juez y parte y darte un reporte de levantamiento [de hectáreas] porque hay un organismo oficial que es la ONU y nos va a dar un reporte”, explica. Sin embargo, que 26.600 hectáreas —que significan un número similar de familias— estén inscritas al programa no equivale a que se hayan erradicado. En el caso del PNIS, de hecho, aunque se inscribieron formalmente 99.000 familias, se erradicaron 45.000 hectáreas, la mitad.

Según las cifras remitidas por esa dirección, el 20% de todas las hectáreas en sustitución, alrededor de 5.400, están en la región del Catatumbo (Norte de Santander), uno de los enclaves más productivos de coca, donde hay más de 50.000 hectáreas sembradas con esa planta. Los funcionarios encargados del programa en la región aseguran que el programa tiene a la fecha 3.443 familias, que están en la fase de implementación hacia proyectos con café y cacao, y no reportan cuánta coca tienen, porque “es un dato que le corresponde darlo a Naciones Unidas”. De acuerdo con esos funcionarios, el promedio de hectáreas por familia es de 1.25, lo que equivaldría a unas 4.300 hectáreas en el proceso en el Catatumbo, un 20% menos que lo registrado en la tabla de la dirección nacional.

Incluso habría vacíos con las que ya están inscritas, según reportan varias fuentes locales. Miranda lanzó el programa para el Catatumbo en un consejo de ministros televisado el pasado 3 de marzo. Ese día aseguró que 3.000 hectáreas iban a entrar al programa, que había tenido “una gran acogida” en la región. Eso contrasta con una profunda desconfianza de los campesinos cocaleros del Catatumbo hacia el Estado, que les incumplió con el PNIS. Para esas fechas solo se había dado la habilitación de una pre-inscripción masiva a través de un link en una plataforma digital, a la que ingresaron cientos de campesinos que acababan de ser afectados por una ofensiva de la guerrilla del ELN que acababa de dejar más de 50.000 desplazados. “Sí hubo inscripciones, pero, ¿sí arrancaron los cultivos? Porque se aprovecharon de un desplazamiento masivo. La gente por obtener algo lo que hizo fue ingresar al programa, pero no tenía cómo ir a las fincas”, sostiene un líder campesino de la región que prefiere no ser identificado.

Algo similar ocurre en una de las localidades en las que más se ha publicitado el programa de sustitución. Se trata del municipio de Argelia, en la región del Cañón del Micay (Cauca), en el suroccidente del país y otro de los enclaves cocaleros. Según han confirmado a EL PAÍS las funcionarias encargadas del programa en la zona, a hoy están avanzando con 489 familias, que representan 490 hectáreas de coca que serían reemplazadas por café. La Dirección de Sustitución no tiene certeza de cuántas matas se han arrancado ya, porque la verificación está a cargo de la UNODC, que no ha emitido ningún informe. Sin embargo, en la tabla de la Dirección se dan como sustituidas 688 hectáreas de coca en Argelia, un 40% más del dato de los funcionarios locales.

Encima, en el territorio argumentan que no todas las familias que están inscritas han levantado sus matas. Diego Rodríguez, dirigente de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), que recoge a buena parte del movimiento cocalero del municipio, afirma “si en Argelia han sustituido 200 hectáreas, es mucho”. Él alcanzó a formar parte de un proyecto de sustitución de coca por ganadería al que se metieron 42 familias, pero con el cambio entre Tascón y Miranda ese proyecto se abandonó. Carlos Buitrón, otro líder campesino del municipio y actualmente concejal, calcula en 100 las hectáreas que efectivamente habrían sido ya sustituidas. “La gente ya no se deja engañar: hasta que no empiecen a llegar las semillas de café la gente no está arrancando las matas de coca”, asegura.

Petro ha insistido en las últimas semanas en que el presidente Trump está desinformado sobre la realidad de la lucha de Colombia contra las drogas y que por eso lo acusa a él de ser “un líder del narcotráfico”. En medio de la campaña para mostrar sus logros, publicó un extenso pronunciamiento en X el pasado 10 de diciembre, en el que ya llegó a elevar la cifra de las hectáreas inscritas para la sustitución a 30.000 y dijo que con el apoyo de empresas privadas de Estados Unidos “se impulsaría un gran movimiento campesino hacia los cultivos lícitos”.