Una masacre, cuatro firmantes de paz asesinados y combates entre el ELN y las disidencias de las FARC: la guerra despierta en el Catatumbo

La región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, está de nuevo en el centro del escenario de la guerra: intensos combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de disidentes de las extintas FARC han dejado al menos cuatro firmantes del acuerdo con esa antigua guerrilla asesinados este jueves. Los enfrentamientos, que rompen la tregua en esa región de Norte de Santander entre ambas estructuras ilegales, ocurren tras la masacre del miércoles en el municipio de Tibú, en la que fueron asesinados una pareja y su bebé de pocos meses de nacido, tiroteados por hombres en moto.

Tras los hechos, el presidente Gustavo Petro reaccionó en sus redes sociales compartiendo una carta abierta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, en la que dicen: “Hoy nuestras casas están llenas de silencio, pero no es el silencio de la tranquilidad. Es el de un miedo profundo que obliga a las familias a resguardarse tras sus puertas, mientras los cadáveres permanecen en el monte, esperando que alguien les devuelva su dignidad”. En el texto, el colectivo pide la intervención del Gobierno nacional y le recuerda su responsabilidad de “proteger a las comunidades que han creído en la paz” y que ahora son víctimas de los enfrentamientos. También solicitan la asistencia de organismos internacionales y de defensores de derechos humanos.

Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, también reaccionó a la situación: “Expreso mi más firme condena por asesinato de cinco firmantes de paz y líderes en Catatumbo. Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz”. Varios videos grabados y difundidos por habitantes de la zona muestran que ha habido enfrentamientos tanto en áreas rurales como en las calles de pequeñas poblaciones.

La oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia también manifestó su preocupación y ha dicho que está monitoreando la situación en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Hacarí y Convención. “Recibimos información sobre alto riesgo de desplazamientos masivos hacia los centros urbanos, confinamientos, afectación a maestros y niñas y niños en edad escolar, homicidios, desapariciones de personas y heridos como consecuencia de acciones violentas de los actores”.

Según información de la ONG especializada Indepaz, los cuatro firmantes de paz asesinados este jueves fueron Pedro Rodríguez Mejía, Jhon Carlos Carvajalino, Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez Delgado. Los crímenes ocurrieron en veredas y corregimientos de los municipios de El Tarra, Convención y Teorama. De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), los cuatro firmantes presuntamente fueron sacados de sus viviendas y ejecutados por el ELN. Ante la escalada de la violencia, el alcalde del municipio de El Carmen, José Reinel Contreras, tuvo que salir de la población.

En una nota de audio, Andrey Avendaño, jefe del Frente 33 ―antes miembro de la sombrilla de disidencias conocida como Estado Mayor Central (EMC)―, asegura que el ELN hizo una declaratoria de guerra y decidió atacar todas las unidades de las disidencias en la región. “Han atacado civiles, gente desarmada, han querido sacar a la fuerza a los familiares de los guerrilleros, mujeres, niños, gente indefensa”, afirma. Dice también que el grupo armado a su cargo no ha respondido a los ataques de la guerrilla, que no ha emitido ningún comunicado tras las acciones de este jueves y tiene una empantanada mesa de negociaciones de paz con el Gobierno.

En un comunicado emitido en la tarde de este jueves, los miembros de la mesa de diálogos de paz del Gobierno con los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes ―disidentes de las extintas FARC― han rechazado las “acciones violentas y coordinadas del ELN contra la población civil, los firmantes de paz de la región del Catatumbo y los delegados del Estado Mayor del bloque Gentil Duarte en la Mesa de negociaciones de paz”. Por su parte, Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último jefe de las FARC, escribió: “Exijo a los grupos armados detener la confrontación. La historia no perdonará las atrocidades que cometan contra la población civil y los firmantes de paz”.

Las organizaciones sociales del Catatumbo también se pronunciaron ante el recrudecimiento de la violencia. En un comunicado conjunto, exigen el cese el fuego inmediato y el respeto a la población civil y a los líderes sociales. “La población no debe ser usada como herramienta de presión ni como blanco de los conflictos armados”, dice un apartado del texto. En él, también exigen el cese de los enfrentamientos en los territorios, rechazan los ataques y amenazas a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz, y piden al Gobierno y a entidades internacionales fortalecer la presencia institucional en la zona. “Hoy, más que nunca, es crucial avanzar en la concreción y firma del Pacto Territorial para la Transformación del Catatumbo”, añade.

El Catatumbo es una de las zonas más complejas en el contexto del conflicto armado en Colombia. Se trata de una región montañosa cercana a la frontera con Venezuela que, además de albergar petróleo en su subsuelo y de ser el mayor enclave de cultivos de coca del mundo, ha sido un espacio en el que a lo largo de las décadas han hecho presencia varios grupos armados. Hoy en día, actúan allí el ELN y grupos disidentes de las FARC. En los últimos 40 años, no obstante, el Catatumbo ha sido sobre todo un fortín del ELN, que disputa territorio con parte de las disidencias, aunque el año pasado habían pactado una tregua. Una parte del municipio de Tibú, un enorme enclave cocalero con unas 22.000 hectáreas y donde ocurrió la masacre del miércoles, era controlado por la guerrilla.

La ola de violencia coincide con un momento muy delicado de la mesa de negociaciones entre el Gobierno nacional y el ELN. Menos de 24 horas antes, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, señaló a la última guerrilla en armas del país de buscar el asesinato de su principal asesor, Álvaro Jiménez, a quien acusa, junto al propio Patiño, de haber alentado la secesión del frente Comuneros del Sur ―que opera en el departamento de Nariño― del resto del grupo insurgente. Esa ruptura derivó en el congelamiento de los diálogos desde mayo de 2024. El alto comisionado también exigió a la guerrilla que muestre con hechos su voluntad de paz, y lamentó que asumiera como debilidad la “paciencia” del Gobierno: “La paciencia no es eterna ni la generosidad infinita”.

Por otra parte, los diálogos con el EMC también cargan con sus propias dificultades. Pese a que siguen en pie, se han atomizado a raíz de que el Gobierno dejó de negociar con alias Iván Mordisco, máximo jefe de esa disidencia. A pesar de esa ruptura, el Ejecutivo decidió seguir en conversaciones con otros bloques disidentes antes miembros del EMC, como el del mencionado Avendaño en Catatumbo, pero también con grupos que operan en la región del Magdalena Medio o en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo.