Sumergida en demasía

Antes de que estallara la crisis económica, la economía española era una de las que mantenían una proporción más elevada de su actividad fuera del control fiscal. Con independencia de la valoración exacta (las autoridades europeas sitúan la economía sumergida española por encima del 20% del PIB), constituye una denuncia de la incompleta transición a una economía propiamente moderna. También es un exponente de la desigual carga tributaria que soportan quienes trabajan por cuenta ajena respecto a los que se valen de todo tipo de artificios más o menos sofisticados para eludir el pago de impuestos y las contribuciones a la Seguridad Social. Avanzar en la desaparición de las zonas negras de la economía española, en la necesaria emergencia de actividades económicas de todo tipo que no cumplen con sus obligaciones fiscales, debería ser un objetivo prioritario de la política económica de cualquier Gobierno. Con más razón en una época en la que vuelven a ser los ciudadanos y los agentes económicos menos favorecidos los que soportan las peores consecuencias de esta larga crisis y siguen siendo los principales contribuyentes.

Aunque los ingresos recientes en concepto de lucha contra el fraude hayan aumentado recientemente, los propios inspectores destacan que no hay lugar para el triunfalismo. La falta de medios para actuar contra los defraudadores más poderosos sigue dejando en inferioridad de condiciones a los defensores de los ingresos públicos. Es con más personal, en primer lugar, pero también con medios técnicos y conocimientos económico-financieros suficientes, como se hace frente a las más sofisticadas técnicas de distracción de las obligaciones tributarias. Fortalecer la dotación de funcionarios públicos sería una de las decisiones más rentables para la Hacienda pública, en la medida en que se traduciría en aumentos de recaudación más elevados que los registrados hasta ahora. Aumentar los ingresos es una de las condiciones para poner fin a los ajustes excesivos que están soportando la mayoría de los ciudadanos.

Esa debería ser una de las premisas en el plan de control del fraude fiscal que acaba de presentar la Agencia Tributaria. La propia eficiencia de las actuaciones, además de la estricta justicia, debería situar como principales destinatarios de las inspecciones a las grandes empresas y a los titulares de grandes patrimonios. Un tercio de lo recaudado por Hacienda por las inspecciones tributarias procede de las grandes empresas y grandes patrimonios, unos 3.000 millones de euros.

Más allá de las actuaciones directamente orientadas a la persecución del fraude, el Gobierno ha de actuar en relación con la facilidad con que las grandes empresas, “las que conforman el Ibex”, según el presidente Rajoy, consiguen contribuir menos que la amplia mayoría de las empresas españolas. En el Congreso, el presidente afirmó que había algunas empresas del Ibex que no pagaban impuestos de sociedades. Y es que es un hecho que la panoplia de deducciones y las herramientas de que disponen las grandes empresas pueden permitirles minimizar su contribución a las arcas públicas año tras año. Que todos paguen y que no existan asimetrías por razón de los medios disponibles para “gestionar” esas obligaciones tributarias es hoy una prioridad absoluta.