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Argentina dice que no pagará a los acreedores que la han demandado

El caso podría provocar la segunda suspensión de pagos del país sudamericano en 12 años

Bodou (corbata azul), saliendo este miércoles del tribunal de Nueva York.
Bodou (corbata azul), saliendo este miércoles del tribunal de Nueva York.

Argentina, los acreedores que litigan contra ella y otras partes afectadas por el conflicto entre ambos expusieron este miércoles sus argumentos en una audiencia clave en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En un caso que puede provocar la segunda suspensión de pagos del país sudamericano en 12 años y también puede sentar un precedente para las reestructuraciones de deuda de otros países, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó en claro que no planea aceptar una ratificación del fallo del juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, que bloquearía el pago de la deuda reestructurada en 2005 y 2010 hasta que no se pagase el 100% a un grupo de los bonistas que rechazaron en esos años canjear los títulos públicos que permanecen impagos desde 2001 por otros con quitas de entre la mitad y tres cuartos de su valor.

En una sesión que duró dos horas, tres magistrados del tribunal escucharon los argumentos de Argentina, los acreedores litigantes, aquellos que aceptaron las reestructuraciones con fuertes quitas (los canjes gozaron de una aceptación del 92%) y el banco que actúa como vehículo para los pagos a estos, Bank of New York Mellon. En una sala abarrotada por periodistas y partes en conflicto, incluido el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, y su ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que viajaron especialmente para la audiencia, el abogado estadounidense del país sudamericano, Johnathan Blackman, ratificó que Buenos Aires no pagará el 100% de lo demandado y podría terminar ignorando una nueva disposición judicial que así lo dispusiera. “No obedeceríamos voluntariamente una orden así", dijo Blackman. Es decir, los demandantes deberían seguir buscando activos para embargar, algo que ha resultado imposible en los últimos 12 años porque los bienes de Argentina en el exterior, como embajadas o buques militares, suelen estar resguardados por la inmunidad soberana.

Blackman argumentó que obligar a Argentina a pagar el 100% de lo demandado afectaría su soberanía, su economía y futuros procesos de canjes de deudas de otros países, dado que incentivaría los rechazos de las propuestas de quitas y fomentaría la opción de litigar. Este argumento ha llevado a que el Gobierno de EE UU interviniera en el juicio para dar su opinión contra el bloqueo del pago de los bonos argentinos reestructurados, dado que una decisión así perjudicaría a Nueva York como plaza de emisión de deuda soberana de otros países y hasta podría incidir en eventuales canjes en la Europa actualmente atribulada.

Argentina, en cambio, propone que los acreedores acepten un tercer canje de deuda, aquello que han rechazado hasta ahora. "La fórmula (de pago) que planteamos, que creemos que es la única que verdaderamente ofrece un trato igualitario, es que se tomen como referencia los bonos reestructurados", propuso Blackman.

Trato igualitario es lo que exigen los demandantes a partir de una cláusula de los títulos impagos desde 2001. Sostienen que si se les pagan a los que canjearon esos bonos también ellos deben ser resarcidos, aunque sin la quita, dado que la rechazaron. La demanda está encabezada por dos fondos norteamericanos apodados buitres, Elliot Management y Aurelius Capital, porque se dedican a comprar deuda de países y empresas cuando caen en suspensión de pagos y su precio está por los suelos para después reclamar el 100% de su valor original en los tribunales. Elliot, Aurelius y unos 13 pequeños inversores argentinos que, a diferencia de los buitres, compraron los títulos antes de la suspensión de pagos exigen el pago de 1.400 millones de dólares (1.066 millones de euros).

Si se confirma el fallo de Griesa a favor de los litigantes, Argentina, al rechazar la orden de pagarles, caería en lo que se considera una suspensión de pagos técnicos por 24.000 millones de dólares (18.271 millones de euros), que es la cantidad de títulos reestructurados bajo legislación extranjera, ya sea de Nueva York, Londres o Japón. Se llama técnica porque no sería Argentina la que declararía voluntariamente una suspensión de pagos, sobre todo cuando su deuda pública neta (descontado lo que le debe a su Banco Central, la Seguridad Social y otros organismos públicos) es de apenas el 19% del PIB.

"Argentina puede pagar, no hay dudas sobre eso", afirmó Ted Olson, abogado de Elliott, en la audiencia de este miércoles. También recordó palabras de Fernández del año pasado: “A los fondos buitres, ni un dólar”. Claro que fuentes oficiales de Buenos Aires explican que si los litigantes aceptasen que se les abonase con quita dejarían de ser tachados de buitres.

Un grupo de acreedores de bonos reestructurados pidió a su vez que no se afectaran sus derechos de propiedad y que, por tanto, no se les bloquearan los pagos que debe hacerle Argentina cada año en concepto de renta. También el Bank of New York Mellon reclamó que ningún intermediario de los desembolsos de deuda canjeada fueran considerados cómplices en caso de seguir cumpliendo con sus funciones, en contraposición a lo que había sentenciado el juez Griesa en octubre pasado.

Una de las magistradas, Reena Raggi, dijo este miércoles que el papel de su tribunal radicaba en hacer cumplir los contratos y "no volver a escribirlos", en una declaración negativa hacia la postura argentina. También consideró que "difícilmente parece apropiado" que se incumpliera una orden judicial para que Argentina pagase a los litigantes si se sospechara que esto llevaría al país a suspender pagos con terceros.

El fallo del Tribunal de Apelaciones quizá se conozca entre finales de marzo y principios de abril. En caso de resultar favorable a los demandantes, el ministro Lorenzino anunció que pedirá su revisión por un plenario de los 13 magistrados del tribunal.

Preguntas y respuestas

¿Qué se dirime en la causa judicial en EE UU sobre la deuda argentina?

En su crisis de 2001, Argentina suspendió pagos de una deuda por 82.000 millones de dólares. En 2005 y 2010 celebró canjes de deuda en los que la mayoría de los acreedores aceptó cambiar sus títulos originales por otros con una quita de entre el 50% y el 75%. Se reestructuró el 92% de lo adeudado. Pero otros inversores que tienen el 8% de las acreencias impagas rechazaron los canjes y están litigando para recuperar el 100% del valor original de los bonos. Casi dos tercios de los demandantes tienen títulos emitidos con legislación del estado de Nueva York, y la mitad de ellos, a su vez, se encuentra en manos de los fondos buitres.

¿Qué son los fondos buitres?

Son los dueños de aproximadamente el 27% de los bonos impagos desde 2001, que en total suman demandas por más de 11.000 millones de dólares. Se trata de fondos de inversión con residencia en paraísos fiscales pero pertenecientes a inversores norteamericanos, como el asesor republicano Paul Singer, que compran deuda de países y empresas en quiebra, cuando su precio se encuentra por los suelos, para después litigar por el 100% del valor original. Nunca aceptan canjes de deuda que supongan quitas sino que esperan que los tribunales les den la razón. Como modo de presión, suelen pedir embargos de los bienes del endeudado cuando y donde puedan. Elliot Management, de Singer, y Aurelius son los que encabezan la demanda que está definiéndose en la actualidad en Nueva York. Elliot fue el que logró el año pasado el embargo del buque escuela de Argentina, la fragata Libertad, en Ghana, aunque la medida judicial duró dos meses hasta que el Tribunal Internacional del Mar le recordó al pais africano que los bienes militares de los países gozan de inmunidad soberana.

¿Qué reclaman los fondos buitres a Argentina?

Elliot, Aurelius y 13 pequeños inversores de Argentina reclaman en el juicio actual que se les paguen 1.400 millones de dólares.

¿Existen otras demandas de acreedores contra Buenos Aires?

Sí. Los buitres demandan en total 3.000 millones de dólares. Además, el 36% de la deuda impaga está en manos de tenedores de bonos en euros, muchos de los cuales son ahorradores italianos que fracasaron en sus demandas en la justicia de su país y ahora intentan recuperar lo invertido con un juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, el mismo al que ha recurrido Repsol por la nacionalización del 51% de YPF. El 33% se encuentra en poder de tenedores de títulos en dólares que no son buitres sino inversiones institucionales de EE UU, como universidades o fondos de pensiones, y ahorradores argentinos que los compraron sin la intención de recurrir a los tribunales sino como supuesta inversión rentable. Este grupo litiga en Nueva York e incluye a los 13 demandantes que acompañan a Elliot y Aurelius. Por último, un 2% de lo debido son bonos en pesos, cuyos dueños, ahorradores argentinos, litigan sin suerte en los tribunales de su país.

¿Cuanto dinero ganarían los litigantes en caso de vencer en la justicia?

Elliot, Aurelius y los 13 ahorradores habían desembolsado nada más que 70 millones de dólares para comprar la deuda, sobre todo, poco antes de la suspensión de pagos de diciembre de 2001. Ahora exigen 1.330 millones más. Es decir, 20 veces más.

¿Cómo les ha ido hasta ahora a los demandantes?

Cuando era presidente de Argentina, Néstor Kirchner (2003-2007) planteó un canje de deuda con fuerte quita con el argumento de que su país debía ajustarla para adecuarla a sus posibilidades reales de pago y para posibilitar la recuperación de una economía entonces deprimida y sin opciones de volver a cumplir con sus obligaciones. Desde entonces, Buenos Aires siempre rechazó los fallos en el extranjero, sobre todo en EE UU, que le exigían pagar lo adeudado. Por normas internacionales, los demandantes no pueden embargar activos diplomáticos y militares resguardados por la inmunidad soberana. Además, Argentina adoptó medidas para proteger otros bienes, como las reservas de su Banco Central, que fueron depositadas en un lugar intocable, el Banco Internacional de Pagos (banco central de los bancos centrales), con sede en Basilea (Suiza), y sus presidentes, primero Kirchner y después, su esposa, Cristina Fernández, dejaron de volar al exterior en el avión oficial. La fragata Libertad esquivaba los puertos de países donde se hubiesen radicado litigios contra Argentina hasta que fue sorprendida en 2012 por Ghana. Ante el fracaso de la estrategia de embargos, los litigantes esgrimieron el argumento de que los bonos impagos de 2001 contenían una cláusula de trato igualitario a los acreedores y sostuvieron que pagarles a los que aceptaron los canjes y no a ellos resultaba injusto. El juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, les dio la razón en febrero de 2012. El Tribunal de Apelaciones lo ratificó en octubre y le pidió a Griesa que propusiera una fórmula de ejecución del tratamiento igualitario. Griesa entonces determinó el bloqueo a los inversores en títulos reestructurados hasta que se les abonara a los demandantes, posición que ahora está revisando el tribunal superior a él.

¿Qué pide Argentina en el juicio?

Primero, que los 13 magistrados del tribunal revisen la decisión de tres de ellos de octubre pasado que confirmaba el uso de la cláusula de tratamiento igualitario a favor de los litigantes. Argentina se rehúsa a aceptar esa norma porque sostiene que solo debe pagarles a los que aceptaron los canjes porque si no, resultaría injusto para estos últimos. Además, argumenta que no se la puede obligar a pagar de determinada manera porque es un estado soberano que no puede someterse a un tribunal de EE UU. Argentina, que por voluntad propia emitió en los 90 y principios de los 2000 deuda bajo la legislación de Nueva York, ahora alega que acepta la ley de este estado dentro de los parámetros del Acta de Inmunidad de Soberanía Extranjera de EE UU, es decir, solo para sus activos comerciales en territorio norteamericano. Pero este miércoles el Tribunal de Apelaciones rechazó la revisión plenaria de su decisión de octubre. Además, Argentina pide al Tribunal de Apelaciones que rechace la fórmula de pago establecida por Griesa y le ofrece la reapertura del canje de deuda, es decir, abonarles con quita a los litigantes. Argumenta que el fallo de Griesa vulneraría su soberanía, su economía y futuros procesos de reestructuraciones de deuda de otros países, dado que incentivaría el litigio en lugar de su aceptación.

¿Qué argumentan los fondos buitres?

Sostienen que Argentina debe cumplir con su compromiso de pagar su deuda contraída antes de la suspensión de pagos de 2011 y que un fallo judicial que no fuese en ese sentido dañaría la cadena de pagos de la economía mundial. Argumentan que Argentina tiene suficientes reservas en el Banco Central para pagarles, pero no quiere hacerlo. También le echan la culpa a Buenos Aires por un eventual impago a los acreedores de deuda reestructurada porque aseguran que puede abonarles a ambos. Quieren que el tribunal ratifique que el Gobierno de Fernández debe pagarles de una sola vez y en efectivo, y no en cuotas o en bonos.

¿Cuándo se conocerá el fallo?

Entre marzo y abril.

¿Qué hará Argentina si se ratifica la sentencia desfavorable?

Pedirá que los 13 magistrados del tribunal revisen los fallos de Griesa y de tres de ellos a favor de bloquear los pagos de la deuda reestructurada hasta que se salde el pasivo impago. Si esa apelación no prospera, entonces recurrirá al Tribunal Supremo de EE UU, aunque no está claro si éste aceptara intervenir en el caso.

¿Por qué Argentina puede entrar en suspensión de pagos?

Argentina tiene una deuda pública neta (la bruta menos la que está en manos de su Banco Central, su Seguridad Social y otros organismos públicos propios) del 19% del PIB. Resulta muy baja comparada con países europeos, con otros latinoamericanos y con los niveles históricos de Argentina. Pero si se ratifica la sentencia de Griesa y como Argentina se niega a pagar a los demandantes el 100% de lo que exigen, se bloquearían los desembolsos del país sudamericano hacia tenedores de bonos de legislación extranjera por 24.000 millones de dólares. Buenos Aires argumenta que en ese caso, a la demanda actual del grupo de acreedores que pide 1.400 millones, se sumarían juicios por otros 43.000 millones tanto de otros tenedores de títulos impagos como de los propietarios de bonos reestructurados que estarían impedidos de cobrar lo suyo. Se trataría de una suma superior a la de las reservas internacionales del Banco Central de Argentina.

¿Cómo puede afectar a Argentina un fallo desfavorable?

Puede elevar aún más la prima de riesgo de Argentina. Este país no recurre a los mercados de deuda para financiarse, pero sí lo hacen sus provincias y empresas públicas, como YPF, y privadas, por lo que la subida de la prima encarecería el crédito y, por tanto, afectaría la actividad económica y la inversión después de un 2012 de fuerte desaceleración del alto crecimiento de los años anteriores.

¿Qué otras partes están afectadas por el juicio?

Por un lado, los acreedores de deuda reestructurada, que aseguran que se vulneraría su derecho de propiedad en caso de bloquearse los pagos de Argentina. Un colectivo llamado Grupo de Acreedores del Canje ha presentado sus argumentos en el juicio como parte afectada. Otro que también ha tenido la oportunidad de defenderse es el Bank of New York Mellon, agente fiduciario del pago a esos acreedores, al que el juez Griesa consideró que sería cómplice de Argentina en caso de abonarles lo adeudado antes de que los litigantes recibiesen lo suyo. Hay una lista de otras entidades intermediarias de la transferencia y liquidación del dinero a los dueños del pasivo en situación regular que también se sienten amenazados por la sentencia de Griesa.

¿Quiénes son los magistrados que definirán el pleito?

Dos republicanos, Daniels Barrington Parker y Reena Raggi, y una demócrata, Rosemary Pooler

¿Qué otros participantes actuaron en el proceso judicial?

Entre diciembre y febrero, los magistrados escucharon a los llamados amigos del tribunal para que opinaran sobre la cuestión. En contra del fallo de Griesa, y en la práctica a favor de Argentina, se presentaron el Gobierno del demócrata Barack Obama, que alegó que debe respetarse el derecho de un país a reestructurar su deuda; la Reserva Federal de Nueva York; una exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, otrora crítica de los Kirchner pero que ahora argumenta que una sentencia en contra de Buenos Aires también perjudicaría canjes de deuda de otros países y además que la imposibilidad de las reestructuraciones exitosas fomentaría el estancamiento económico; un economista y diputado de la oposición argentina, Alfonso Prat-Gay, que sostiene que ni la quita de la deuda argentina fue tan grande como reivindican el kirchnerismo y numerosos analistas ni el Banco Central de su país dispone de tantas reservas porque si no, no habría tantas restricciones cambiarias y comerciales para evitar la salida de divisas; y acreedores norteamericanos y argentinos de deuda en situación regular. A favor de los demandantes se expresaron abogados y profesores universitarios.

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